Una violaci¨®n de la moratoria

La noticia fue un jarro de agua fr¨ªa para Asieh Amini. "Me encontraba de viaje cuando un amigo me llam¨® preocupado desde Mashad para decirme que hab¨ªan lapidado a dos personas", recuerda. Era el pasado mes de mayo y esta activista de los derechos de la mujer pens¨® que no era posible, debido a la moratoria que Ir¨¢n adopt¨® en 2002.

Sin embargo, el relato proced¨ªa de un testigo. "Necesit¨¢bamos pruebas, as¨ª que me traslad¨¦ all¨ª, me entrevist¨¦ con ¨¦l, busqu¨¦ los expedientes, acud¨ª al cementerio, localic¨¦ a la familia...", evoca ahora en su oficina.

"Mi conclusi¨®n es que Mahbubeh M. y Abbas H. murieron lapidados, y que los funcionarios judiciales actuaron por su cuenta", resume. Amnist¨ªa Internacional se hizo eco del caso en un comunicado del pasado 28 de septiembre en el que recordaba que hab¨ªa nueve mujeres condenadas a morir lapidadas.

Sin embargo, Amini a¨²n no ha logrado que las autoridades tomen cartas en el asunto. Los implicados en la lapidaci¨®n de Mashad saben que han actuado al margen de lo permitido y un manto de silencio rodea el caso.

Mahbubeh M. y Abbas H. fueron acusados de mantener una relaci¨®n il¨ªcita y de haber asesinado al marido de ella. Ellos mismos admitieron el adulterio. "El abogado del caso me dijo que hab¨ªa tratado de defenderles, pero que el asesinato hab¨ªa sido muy violento", declara Amini.

El juez ha reconocido haber dictado sentencia de lapidaci¨®n, pero se ha desmarcado de su ejecuci¨®n que, seg¨²n la moratoria, no deber¨ªa haberse producido. "En los juzgados, todo el mundo hablaba muy tranquilo del asunto, pero cuando me entrevist¨¦ con los funcionarios, negaron la lapidaci¨®n", a?ade.

De hecho, los peri¨®dicos publicaron que ambos hab¨ªan sido ahorcados.

Amini regres¨® a Teher¨¢n con la sensaci¨®n de que mucha gente sab¨ªa lo sucedido, pero no quer¨ªa hablar del tema. S¨®lo un familiar le confirm¨® la lapidaci¨®n. "Estamos convencidos de que en Mashad no se ha respetado la moratoria y de que los funcionarios mintieron, a pesar de que un portavoz del poder judicial lo haya negado, por eso pedimos que se re¨²na una comisi¨®n para investigar lo sucedido", concluye la activista.