La ca¨®tica tramitaci¨®n parlamentaria de la Ley del Menor obliga a revisar casos de j¨®venes presos

La tramitaci¨®n parlamentaria de la reforma de la Ley del Menor, cuyo proyecto aprob¨® el Gobierno socialista en enero de 2006, fue lenta y ca¨®tica, lo que al final ha provocado que durante el periodo comprendido entre el pr¨®ximo 1 de enero y el 4 de febrero haya que revisar algunos -muy pocos, seg¨²n el Ministerio de Justicia- de los 800 casos de internos preventivos en c¨¢rceles espa?olas de entre 18 y 21 a?os para aplicarles una legislaci¨®n m¨¢s beneficiosa para ellos aprobada a iniciativa del Gobierno del PP en 2000.

Esa legislaci¨®n ha quedado derogada, pero los efectos de esa derogaci¨®n no se producir¨¢n hasta el 4 de febrero, cuando entra en vigor la reforma. La legislaci¨®n de 2000 ampliaba el trato judicial que se daba a los condenados con edad inferior a los 18 a?os -que no pueden ingresar en la c¨¢rcel, sino en un centro de menores- a los j¨®venes de hasta 21 a?os.

El Gobierno socialista, en su proyecto de ley, establec¨ªa expresamente la derogaci¨®n de una disposici¨®n transitoria que se incluy¨® en la norma impulsada por el Ejecutivo de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar por la que a partir del 1 de enero de 2007 se extend¨ªa a los j¨®venes de entre 18 y 21 el tratamiento jur¨ªdico dado a los menores.

El PSOE, debido a los equilibrios que mantiene en el Congreso de los Diputados donde carece de mayor¨ªa absoluta, acept¨® eliminar del texto remitido por el Gobierno la derogaci¨®n de la disposici¨®n transitoria de la Ley de 2000 que impuls¨® el Ejecutivo del PP. Con esa decisi¨®n todo quedaba como antes, de manera que a partir del 1 de enero de 2007 los j¨®venes de 18 a 21 a?os pasaban a depender judicialmente de esa Ley del Menor aprobada en 2000.

Votaci¨®n en pleno

En el Senado, el PSOE estaba dispuesto a mantener el texto que hab¨ªa salido del Congreso de los Diputados con el acuerdo de los distintos grupos parlamentarios, pero la oposici¨®n de muchos Gobiernos aut¨®nomos que se encargan de los centros de menores, entre ellos tambi¨¦n los Ejecutivos del PP, hizo que a ¨²ltima hora los senadores populares y los de ERC de Catalu?a presentasen sendas enmiendas para recuperar el texto remitido por el Gobierno socialista en un primer momento al Congreso, donde se preve¨ªa la derogaci¨®n de la controvertida disposici¨®n transitoria de la Ley de 2000.

Esas enmiendas fueron votadas y aprobadas en comisi¨®n y en pleno -aunque el PP se opuso a votar a favor del dictamen completo del texto pese a que llevaba su propia enmienda-. Pero a los proponentes se les olvid¨® precisar en su enmienda que la derogaci¨®n de la Ley de 2000, en lo referido a los j¨®venes de entre 18 y 21 a?os, era de aplicaci¨®n al d¨ªa siguiente de su publicaci¨®n en el Bolet¨ªn Oficial del Estado y no dos meses despu¨¦s como suele ser habitual. A¨²n as¨ª, el Senado aprob¨® el texto el 18 de octubre. Si en los siguientes 15 d¨ªas el Congreso hubiera hecho lo mismo, la ley habr¨ªa entrado en vigor a primeros de enero y no hubiera existido ning¨²n problema.

Ese periodo de tramitaci¨®n parlamentaria coincidi¨® con las elecciones catalanas, con lo que se ralentiz¨® la actividad ordinaria en el Congreso de los Diputados y, despu¨¦s, la tramitaci¨®n de los Presupuestos Generales del Estado ocasionaron un nuevo retraso.

Con estos condicionantes, el Congreso no aprob¨® la ley hasta el 23 de noviembre y el texto se public¨® en el BOE el 4 de diciembre de 2006, con lo que su entrada en vigor se producir¨¢ el 4 de febrero. Desde el 1 de enero, y hasta esa fecha, la situaci¨®n penitenciaria de aquellos presos de 18 a 21 a?os puede variar.

El Gobierno aclara que en ning¨²n caso est¨¢ prevista la revisi¨®n de la situaci¨®n de 800 presos preventivos de esas edades, pues la mayor¨ªa no entra dentro de los supuestos en los que la ley hace posible el env¨ªo de su caso a la jurisdicci¨®n de menores. La Fiscal¨ªa General del Estado ha anunciado que impartir¨¢ instrucciones para que se considere inaplicable la ley a los j¨®venes adultos.