La sombra de Franco es alargada

Sus fieles seguidores le guardan y tributan veneraci¨®n y respeto. Esgrimen y ondean con orgullo sus s¨ªmbolos y sus banderas, compartiendo sin fisuras el rechazo permanente que el personaje tuvo hacia la democracia y los partidos pol¨ªticos. Dif¨ªcilmente toleran que se le coloque en el museo de los m¨¢s crueles y sanguinarios dictadores, al lado de Hitler o del reci¨¦n fallecido Pinochet.

Los dictadores no tienen amparo en la posible prescripci¨®n de sus cr¨ªmenes. Para ellos el tiempo no es el olvido. Un golpe de Estado contra la democracia es un hecho hist¨®rico pero nunca ser¨¢ un acto leg¨ªtimo.

Siguiendo los debates que se han abierto sobre la necesidad de cerrar una ¨¦poca negra y tr¨¢gica de Espa?a nos encontramos ante una realidad que, por encima de opiniones e interpretaciones de la historia, nos demuestra que Franco no ha muerto.

Est¨¢ presente en estatuas, avenidas, calles y fundaciones legalmente constituidas. Su nacional catolicismo, ¨²nica estrategia pol¨ªtica que h¨¢bilmente mantuvo hasta su muerte, se ha perpetuado en la c¨²pula del Episcopado.

Una de sus m¨¢ximas favoritas sosten¨ªa que los ciudadanos espa?oles, presos de sus demonios familiares, no estaban preparados para la democracia. Ahora que hemos superado nuestra "impericia" para vivir en democracia, ha llegado el momento de rescatar el valor superior de la justicia para los que murieron o vivieron sojuzgados durante la larga dictadura. De nuevo nos encontramos con los demonios familiares encarnados, esta vez, en algunos dem¨®cratas y, por supuesto, en los hijos espirituales y nost¨¢lgicos de aquellas gloriosas gestas que, seg¨²n el derecho internacional de las sociedades y pa¨ªses civilizados, no son otra cosa que cr¨ªmenes contra la humanidad.

Negarse a la anulaci¨®n de los Consejos de Guerra sumar¨ªsimos con el pretexto leguleyo de que afectar¨ªa a la seguridad jur¨ªdica o la manipulaci¨®n de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la retroactividad de los derechos fundamentales, llena de perplejidad a muchos juristas. Todav¨ªa no he conseguido hac¨¦rselo entender a muchos colegas latinoamericanos que admiran la decisi¨®n con la que Espa?a aplic¨® el principio de justicia universal, persiguiendo a dictadores con el benepl¨¢cito y la admiraci¨®n de la comunidad internacional.

No voy a perder el tiempo argumentando, una vez m¨¢s, sobre la raz¨®n legal que nos asiste a los que mantenemos la posibilidad de su anulaci¨®n. S¨®lo dir¨¦ que la vergonzante propuesta de ley cuya tramitaci¨®n se inicia, llega hasta el extremo ins¨®lito de vedar la publicaci¨®n de los nombres de las personas que han intervenido en la comisi¨®n de hechos que el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo han condenado como cr¨ªmenes contra la humanidad.

Los m¨¢s ilustrados de los grupos de opini¨®n que no comparten la revisi¨®n legal del franquismo han acu?ado una frase que aplican al presidente del Gobierno, al que acusan de "sectarismo revisionista". Seguramente no han le¨ªdo la ley que propone, ni les interesa.

Algunos clasifican las dictaduras como los vinos. Incuestionablemente nuestra dictadura pertenece, por su duraci¨®n, a la gran clase de la vinicultura y seguramente por ello piensan que no conviene mover la botella no vaya a ser que el preciado liquido se deteriore.

Las dictaduras chilena, uruguaya y argentina, al parecer, no alcanzan esta condici¨®n. Sus comportamientos fueron calcados de la ilustre marca que les ofrec¨ªa Espa?a. Suspensi¨®n de sindicatos, disoluci¨®n de partidos pol¨ªticos, del Congreso de los Diputados y de las Cortes Supremas de Justicia. La experiencia hist¨®rica y el buen consejo de Henry Kissinger les evit¨® caer en el enojoso tr¨¢mite de articular consejos de guerra o cortes marciales que, con m¨¦todos expeditivos, encadenasen sentencias de muerte para los subversivos. La soluci¨®n del exterminio la compartieron con los golpistas espa?oles, pero se olvidaron de trabas documentales y se dedicaron a chupar personas, torturarlas y hacerlas desaparecer de las m¨¢s distintas y crueles maneras. Sus cr¨ªmenes, iguales que los de la dictadura espa?ola, fueron juzgados. Pero la situaci¨®n de inestabilidad oblig¨® a dictar claudicantes leyes de obediencia debida o punto final.

La Corte Suprema argentina anul¨® ¨¦stas. Muchos asesinos tuvieron que sentarse en los tribunales y ser juzgados con el m¨¢ximo respeto y protecci¨®n de sus garant¨ªas democr¨¢ticas. Pinochet era un delincuente pol¨ªtico y econ¨®mico que vivi¨® envuelto en la ignominia de haber asesinado, y adem¨¢s robado el dinero p¨²blico. Bordaberry, el presidente uruguayo que se prest¨® a dar cobertura al golpe militar, acaba de ser detenido y va a ser juzgado.

En Espa?a, a setenta a?os del golpe militar que dio paso a casi cuarenta a?os de dictadura, muchos piensan que los asesinatos "legales y selectivos", las torturas que sufrieron infinidad de ciudadanos y el miedo de los supervivientes fueron incidencias del pasado que debemos olvidar.

Un pol¨ªtico uruguayo, cuya dictadura es la ¨²ltima de la lista, nos recuerda que la historia s¨®lo es historia cuando es completa, cuando no tiene espacios vac¨ªos y cuando las responsabilidades, los m¨¦ritos, las tendencias, los aciertos y los errores ocupan su sitio.

En esta Espa?a marcada por cuarenta a?os de fascismo, s¨®lo cabe descubrir a los muertos y enterrarlos de nuevo. Recuperar la dignidad que les llev¨® a oponerse a la barbarie de un golpe militar no merece el esfuerzo de aplicar las normas del derecho internacional de los derechos humanos. La conclusi¨®n es clara, los espa?oles durante los a?os de la dictadura no ten¨ªamos derechos humanos, s¨®lo ¨¦ramos s¨²bditos y adem¨¢s extraterrestres. Los redactores del texto de la ley, conocida simplificadamente como de la memoria hist¨®rica, no han le¨ªdo, con rigor jur¨ªdico, ni las leyes alemanas de desnazificaci¨®n, ni la doctrina que emana del Tribunal Supremo estadounidense cuando ha llegado a sus manos el primer caso de los zombies naranjas que deambulan por Guant¨¢namo.

Si no hay espacio pol¨ªtico para la raz¨®n es mejor que se aparque la ley y la nefasta idea de borrar el pasado con certificados de buena conducta, si es que los cinco hombres sabios deciden que concurren los requisitos legales.

Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn es magistrado em¨¦rito del Tribunal Supremo.