Cinco administradores de Afinsa y F¨®rum recibir¨¢n m¨¢s de seis millones en minutas

Los dos juzgados mercantiles que tramitan las quiebras de las filat¨¦licas Afinsa y F¨®rum, los n¨²mero 6 y 7 de Madrid, han fijado para los cinco administradores judiciales de ambas sociedades unos honorarios que en total suman m¨¢s de seis millones de euros (unos 1.100 millones de las antiguas pesetas). Mientras miles de afectados siguen esperando que les devuelvan sus ahorros, los jueces han dictaminado, de acuerdo con la ley, que los administradores perciban la mitad de ese dinero en cinco d¨ªas a partir de la fecha en que sea firme el auto que fija tales cantidades.

El otro 50% del dinero ser¨¢ entregado a los administradores al t¨¦rmino de la primera fase procesal del concurso, seg¨²n los autos de ambos jueces, fechados los pasados 1 y 9 de diciembre.

El dinero para pagar a los administradores sale de la masa patrimonial de las respectivas firmas que administran. "Hemos recurrido los autos", explica Jos¨¦ Miguel Ayll¨®n, presidente de la Asociaci¨®n Nacional de V¨ªctimas, que representa a m¨¢s de un centenar de afectados. "Las normas que regulan los honorarios en los procedimientos concursales no est¨¢n pensadas para asuntos de la envergadura de las macroestafas de Afinsa y F¨®rum. No digo que lo hecho por los jueces sea una ilegalidad, no; pero se trata de mucho dinero, y m¨¢s si se tiene en cuenta que ninguno de los estafados ha cobrado a¨²n ni un duro. Entendemos", a?ade Ayll¨®n, "que esto es una ofensa para las v¨ªctimas de la estafa: mientras ¨¦stas no podr¨¢n ni comprar turr¨®n, otros se van a hacer ricos administrando su desgracia", sostiene el letrado.

En total son cinco (tres en F¨®rum y tres en Afinsa, que en el caso de ¨¦sta ¨²ltima se quedan en dos ya que el juez ha decidido que el que representa a Hacienda no cobra) los administradores judiciales que cobrar¨¢n estos honorarios por gestionar ambas firmas, que han dejado a casi 400.000 personas estafadas. No ser¨¢ f¨¢cil que las v¨ªctimas puedan recuperar ¨ªntegro el dinero invertido en sellos en ambas sociedades, ya que Afinsa dej¨® un agujero de 1.700 millones, mientras que el de F¨®rum puede oscilar entre los 2.700 y 3.400 millones.

El papel de los administradores es, bajo supervisi¨®n judicial, administrar las empresas concursadas; es decir, mantener sus negocios e intentar reflotarlas. Los honorarios son pagados de la masa patrimonial. El dinero que se van a embolsar los administradores se ajusta a lo previsto en el art¨ªculo 34 de la Ley Concursal (22/2003), desarrollada por el Real Decreto 1860/2004. Esta normativa se?ala que los honorarios de los administradores ser¨¢n un porcentaje del activo y del pasivo de las sociedades concursadas. El 50% del dinero ha de entregarse al inicio de la gesti¨®n y el resto cuando se cierra la "fase com¨²n".

Recurso contra los autos

En el caso de F¨®rum, el auto establece el pago de 1.582.919,95 euros para el administrador Antonio Moreno y la misma cantidad para el tambi¨¦n gestor Miguel S¨¢nchez. Una parte de los abogados que defiende a los estafados discrepan de la decisi¨®n del juzgado de entregar igual cantidad a la Agencia Tributaria, puesto que ¨¦sta tambi¨¦n tiene un representante entre los administradores.

Jos¨¦ Manuel de Vicente Bobadilla, el juez de lo mercantil que lleva Afinsa, no ha considerado conveniente -a diferencia de su compa?ero del Juzgado 7- entregar dicha cantidad en concepto de emolumentos al representante de la Agencia Tributaria. Hacienda es acreedora de ambas firmas. En cambio, s¨ª ha ordenado la entrega de 1.016. 557 euros para los administradores de Afinsa Benito Aguera y Javier D¨ªaz-Galvez. Seg¨²n Ayll¨®n, el citado decreto obliga a los administradores a una exclusividad en el ejercicio profesional y excluye del cobro por gesti¨®n a los acreedores oficiales o p¨²blicos. "Sabemos que algunos de los administradores no tienen esa exclusividad y trabajan en despachos que llevan otros muchos concursos", lamenta el presidente de la Asociaci¨®n de V¨ªctimas. Opina que los administradores deber¨ªan "haberse contratado por concurso entre empresas, bufetes o consultor¨ªas de reconocido prestigio, pero no a dedo, como hacen los jueces". "En todo caso", concluye, "estas cantidades, en un caso excepcional como ¨¦ste, deber¨ªa de pagarlas el Estado".