La fuerza de choque contra la corrupci¨®n

La mayor¨ªa son cuarentones y deportistas. Un yudoca, un alpinista, un pertinaz consumidor de kil¨®metros en bicicleta y practicantes de tenis, nataci¨®n o squash (casos Telde, Parques E¨®licos y Andratx). Hombres casados, excepto un divorciado recalcitrante que confiesa que las chicas figuran entre sus hobbies favoritos, junto a la lectura de novela negra. Hay un juez rodeado de jueces en su familia (caso Ciempozuelos). Y, otro, el m¨¢s joven por cierto, que ha conseguido ser inaccesible, un hombre de memoria de elefante, reci¨¦n casado y al que no le gusta dar pasos en falsos (caso Marbella). Son los jueces y fiscales que, en pocos meses, han levantado una inmensa polvareda al poner cerco a la corrupci¨®n en Espa?a. Todos ellos -unos conservadores, otros de perfil progresista- han demostrado cu¨¢l es el camino para acabar con esta lacra. Una senda dif¨ªcil y, a veces, sorprendente.

El juez Latorre tiene un perfil moderado y fama de ser competente

"Al juez Torres no le gusta dar un paso en falso. Es meticuloso y conoce cada sumario al detalle"

El fiscal Luis del R¨ªo se cuida ahora mucho de aceptar ciertas invitaciones

El juez del 'caso Ciempozuelos' es hijo, sobrino y hermano de magistrados

El juez Miguel ?ngel Parram¨®n se ha divorciado dos veces y es amante de la novela negra

Como aquella ma?ana del jueves 13 de octubre de 2005. Jorge Gonz¨¢lez, un funcionario municipal, hab¨ªa sido citado a declarar como testigo en varios procedimientos relacionados con el Ayuntamiento de Marbella, pero aquel d¨ªa fue algo m¨¢s expl¨ªcito. O, quiz¨¢s, el juez interpret¨® mejor lo que quer¨ªa decir este hombre de 52 a?os.

Deb¨ªa testificar acerca de las irregularidades cometidas en el hotel Guadalp¨ªn, un complejo de lujo edificado por la promotora Aifos en el que se hab¨ªan saltado un buen pu?ado de procedimientos y licencias. Jorge Gonz¨¢lez, seg¨²n alguno de los presentes, hizo un relato extenso acerca del funcionamiento del consistorio en materia de urbanismo. Tanto es as¨ª que el juez Miguel ?ngel Torres, dispuesto para su interrogatorio, apenas le interrumpi¨® salvo en una ocasi¨®n. Hizo una pausa y aprovech¨® para salir de su despacho.

El juez busc¨® en las dependencias de los juzgados al fiscal anticorrupci¨®n Juan Carlos L¨®pez Caballero y le pidi¨® que estuviera presente en la declaraci¨®n de aquel funcionario. Era importante. Jorge Gonz¨¢lez era jefe de los servicios jur¨ªdicos del ayuntamiento, pero, desde el 20 de julio de 1998, se consideraba marginado en sus funciones. Explic¨® con tranquilidad que todas las decisiones en materia urban¨ªstica pasaban por Juan Antonio Roca. Dijo textualmente que Roca actuaba "como si fuera el alcalde", que "decid¨ªa absolutamente" y que en el Ayuntamiento se hac¨ªa "al 99%" todo lo que decid¨ªa Roca.

Una vez terminada su larga exposici¨®n, el juez le pregunt¨® las razones por las que no hab¨ªa declarado estos hechos con anterioridad, a lo que el testigo respondi¨® que hab¨ªa manifestado cosas parecidas, pero que ten¨ªa miedo a las represalias. Y termin¨® con una frase muy rotunda: "Despu¨¦s de esta declaraci¨®n temo que pueda pasarme algo".

Alg¨²n d¨ªa se sabr¨¢ toda la verdad acerca de esta declaraci¨®n, pero lo cierto es que, una vez terminada, y a preguntas de una abogada, el juez no emiti¨® opini¨®n alguna. Simplemente dijo: "Estudiar¨¦ esta declaraci¨®n detenidamente". Jorge Gonz¨¢lez pidi¨® la baja en Marbella y se fue durante un tiempo a Madrid.

Miguel ?ngel Torres no tard¨® mucho en reaccionar: a petici¨®n del fiscal, extrajo este testimonio del sumario, hizo una pieza aparte, pidi¨® un informe a la polic¨ªa e inmediatamente dio curso a la solicitud de intervenir cuatro tel¨¦fonos. Eran los tel¨¦fonos de Juan Antonio Roca. A partir de ese momento arranc¨® la Operaci¨®n Malaya. Casi medio a?o despu¨¦s, orden¨® 42 detenciones, entre ellas las de Roca y la alcaldesa de Marbella. Salt¨® a la luz el mayor esc¨¢ndalo urban¨ªstico conocido en la Espa?a democr¨¢tica, que dio lugar, por vez primera, a la disoluci¨®n de un ayuntamiento.

Pero Marbella no ha sido un caso aislado. Desde esa fecha, al menos cinco alcaldes (Manilva, Marbella, Telde, Ciempozuelos y Andratx) han ingresado en la c¨¢rcel, adem¨¢s de varias decenas de concejales, ex alcaldes, abogados, notarios, directores de sucursales bancarias, funcionarios de Hacienda, empresarios, constructores y jefes de polic¨ªas locales, sin contar con un largo centenar de imputados, bajo acusaciones fundamentadas en las que predominan el cohecho, la prevaricaci¨®n, el blanqueo de capitales o la evasi¨®n fiscal. Este panorama delictivo de ¨²ltima hora evidencia que Espa?a tiene un problema.

El denominador com¨²n de todos estos casos ha sido el urbanismo, alimento de la corrupci¨®n y el delito econ¨®mico. Aflora as¨ª a la superficie los s¨ªntomas de una enfermedad que amenaza seriamente la confianza del ciudadano en la funci¨®n p¨²blica, unos s¨ªntomas que se vislumbraban desde hace alg¨²n tiempo. Ha sido necesaria la expansi¨®n de unas fiscal¨ªas especializadas y la intervenci¨®n de jueces dispuestos a romper viejos moldes para que la justicia intervenga con eficacia en el esclarecimiento de estos asuntos. Denuncias que en otros tiempos hubieran sido archivadas por falta de pruebas terminaron consolidando una instrucci¨®n en toda regla gracias a la suma de investigaciones puramente policiales y el auxilio de expertos en an¨¢lisis patrimonial y tributario. No hay detr¨¢s de estos esc¨¢ndalos unos jueces estrella, sino hombres relativamente j¨®venes, con carreras s¨®lidas y experiencias muy diversas. Ellos se han convertido en la punta de lanza de la lucha contra la corrupci¨®n.

A pesar de su edad, 35 a?os, Miguel ?ngel Torres no puede considerarse a estas alturas como un novato. No al menos en casos de gran repercusi¨®n medi¨¢tica. Hab¨ªa llegado al juzgado n¨²mero 5 de Marbella en marzo de 2003, procedente del juzgado granadino de Santa Fe. Era el suyo un destino temporal. Por su edad, muchos aventuraron que ser¨ªa uno de tantos jueces j¨®venes que, en el avispero de Marbella, procuran pasar sin mucho ruido. No era Marbella un destino apetecible. Y menos el n¨²mero 5, un juzgado con antecedentes no muy halag¨¹e?os: all¨ª se perdieron unos sumarios en tiempos de Jes¨²s Gil, un esc¨¢ndalo que acab¨® con un funcionario lanz¨¢ndose por la ventana. Por all¨ª hab¨ªa pasado tambi¨¦n alg¨²n juez que cambi¨® de bando.

La polic¨ªa era muy esc¨¦ptica con Marbella y sus jueces. Cund¨ªa la desmoralizaci¨®n. Los casos se eternizaban. Las denuncias se archivaban. Alg¨²n juez con ganas de trabajar sufri¨® tantas presiones en su entorno que termin¨® pidiendo el traslado. Eso era Marbella.

Sin embargo, el nuevo juez del n¨²mero 5 comenz¨® a trabajar. Unos meses despu¨¦s de su llegada, llegaron a su mesa las primeras diligencias para investigar unas sospechosas implicaciones alrededor de un despacho de abogados. A la polic¨ªa no le pas¨® inadvertido que Torres pareciera dispuesto a seguir adelante con todas las consecuencias. La investigaci¨®n avanz¨® lentamente, pero con seguridad: al juez no parec¨ªa asustarle dirigir la investigaci¨®n hacia personajes hasta entonces considerados intocables, l¨¦ase abogados y notarios. As¨ª avanz¨® la operaci¨®n Ballena Blanca: el 12 de marzo de 2005, se practicaron las detenciones, entre ellas las de siete abogados y tres notarios. "No le gusta dar un paso el falso, es muy meticuloso y conoce los sumarios al detalle porque tiene una memoria de elefante. Ha sido muy estimulante trabajar con ¨¦l", sostiene un alto cargo policial.

Ballena Blanca y Malaya han sido dos de los casos estrella del m¨¢s reciente pasado judicial, dos casos que, sumados ambos, retratan muy a las claras el fen¨®meno de la corrupci¨®n urban¨ªstica y la delincuencia econ¨®mica. El juez Torres ha ordenado la detenci¨®n de dos alcaldes (Marbella y Manilva), un ex alcalde y un n¨²mero elevado de concejales, abogados, notarios, asesores, empresarios, constructores, directores de banco e incluso un jefe de la Polic¨ªa Municipal. El juez Torres bien podr¨ªa ser considerado un juez estrella de no haber optado por un hermetismo que, de alguna manera, contribuye a rodearle de cierta aureola de hombre implacable.

No acepta entrevistas, no admite fotograf¨ªas, poco se conoce de su vida privada salvo que contrajo matrimonio a comienzos de oto?o y que, en breve tiempo, este granadino que lleg¨® a enfrentarse con algunos profesores durante sus estudios en la escuela judicial, se centrar¨¢ en exclusiva en su trabajo como titular del juzgado n¨²mero 5 de Granada.

Ballena Blanca y Malaya hicieron aflorar a la superficie hechos que la sociedad local conoc¨ªa. La cultura del pelotazo ha tardado en sufrir el necesario reproche social. Algunos jueces sostienen que la sociedad espa?ola estaba siendo ciertamente permisiva con ciertas conductas pero la realidad de los hechos que se han conocido puso en evidencia el insultante enriquecimiento que hab¨ªan alcanzado determinados personajes. Como si se tratara de un suceso en cadena, otros sumarios dieron lugar a nuevos esc¨¢ndalos que han saltado a la opini¨®n p¨²blica en el ¨²ltimo semestre del a?o, todos ellos caracterizados por un mismo patr¨®n: administradores p¨²blicos corruptos y especulaci¨®n urban¨ªstica.

La nueva estructura de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha sido un elemento importante en este proceso. Est¨¢ dirigida por Antonio Salinas, designado en 2003 durante el Gobierno del PP. El nombramiento de 13 fiscales anticorrupci¨®n en zonas consideradas sensibles ha facilitado que la corrupci¨®n comience a ser perseguida con m¨¢s eficacia por la justicia. Tambi¨¦n lo ha sido que se ampliaran sus competencias a la delincuencia organizada y al delito urban¨ªstico. No es casual que las fiscal¨ªas se hayan repartido en localidades como Barcelona (2), Alicante (1), Valencia (1), Murcia (1), Almer¨ªa (1), M¨¢laga (2), Sevilla (1), C¨¢diz (1), Canarias (2) y Baleares (1). Junto a Madrid (13 fiscales) esta ordenaci¨®n de la fiscal¨ªa dibuja un primer mapa de la corrupci¨®n.

"En nuestro trabajo", confiesa un fiscal "ha sido importante encontrarse con jueces y fiscales que entienden las caracter¨ªsticas del delito econ¨®mico, donde no hay testigos ni pruebas directas, donde aparecen sociedades interpuestas y todo un mecanismo cada vez m¨¢s sofisticado para enmascarar las operaciones econ¨®micas. Hay que saber trabajar con pruebas indiciarias y eso exige del juez una disposici¨®n especial para investigar con ayuda de expertos".

Canarias ha saltado a la palestra con tres casos de corrupci¨®n, el del municipio de Telde, el de los Parques E¨®licos (ambos que afectan al PP) y una primera querella sobre venta de terrenos de la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, donde pueden estar implicados ediles del PP, del PSOE y de Coalici¨®n Canaria. Detr¨¢s de dos de estos casos est¨¢n un fiscal, Luis del R¨ªo, y dos jueces, Miguel ?ngel Parram¨®n y Javier Garc¨ªa. No tienen las mismas afinidades ideol¨®gicas, pero s¨ª una idea muy precisa y coincidente de c¨®mo perseguir el delito econ¨®mico usando todos los mecanismos de la investigaci¨®n. No les ha temblado el pulso para enviar a alcaldes a prisi¨®n o para investigar la actuaci¨®n de partidos pol¨ªticos. En Canarias, la actividad de los jueces reviste una mayor transparencia que en otros lugares. No se esconden de nadie y la pol¨ªtica del Tribunal Superior de Justicia de Canarias es la de ofrecer la mayor informaci¨®n posible a los medios de comunicaci¨®n sin poner en riesgo la instrucci¨®n judicial.

El fiscal Luis del R¨ªo es un hombre de 43 a?os originario de Las Palmas, casado y con una hija. Con 22 a?os era funcionario de justicia y luego ingres¨® en la carrera fiscal. De sus comienzos recuerda una sentencia a un padre por abuso a tres menores y una especializaci¨®n en siniestralidad laboral. Intervino en un caso sonado en Canarias a consecuencia del fallecimiento de un trabajador: se pudo sancionar a unos empresarios que omitieron las necesarias medidas de seguridad. Luis del R¨ªo aprovecha el tiempo libre para escribir art¨ªculos de doctrina jur¨ªdica. Hace algo de deporte, es aficionado de la Uni¨®n Deportiva las Palmas y se refugia en la lectura para evitar la contaminaci¨®n por el revuelo ocasionado por los ¨²ltimos esc¨¢ndalos. Toma alguna precauci¨®n m¨¢s: en su vida social se cuida mucho de aceptar ciertas invitaciones para evitar situaciones inc¨®modas.

El catal¨¢n Miguel ?ngel Parram¨®n es el juez del caso Parques E¨®licos, un hombre de case media, nacido en 1960, de padres carniceros, que altern¨® sus estudios con el trabajo en el negocio familiar. Natural de Barcelona, se form¨® primero como secretario judicial. Tras tres a?os de experiencia en Sant Boix del Llobregat, ascendi¨® a Magistrado. Fue destinado a Las Palmas, donde reside desde hace 14 a?os. Es un hombre abierto, casado dos veces y divorciado otras tantas. No es extra?o que afirme, con gran sentido del humor, que sus dos hobbies son el deporte y las chicas. Ha practicado el squash, es cul¨¦ futbol¨ªsticamente hablando y es un lector consumado de novela negra. Adquiri¨® cierto protagonismo hace unos a?os por el caso de la mujer descuartizada, un caso que tard¨® en resolverse ocho a?os pero que termin¨® con la condena de las tres personas que participaron en su muerte y abandonaron sus restos en un contenedor.

Javier Garc¨ªa es tambi¨¦n de la cosecha del 60, natural de Alicante, pero residente en Madrid durante largos a?os, donde ejerci¨® como profesor en la Universidad de Alcal¨¢ de Henares y en el Colegio Luis Vives. En un momento dado cambi¨® la docencia por la condici¨®n de fiscal sustituto, hasta que aprovech¨® la ocasi¨®n de ser magistrado. Durante tres a?os trabaj¨® en la Fiscal¨ªa de Menores, una experiencia que le ha marcado y que le result¨® especialmente interesante por su faceta educativa y la necesidad de utilizar expertos en psicolog¨ªa y pedagog¨ªa. Despu¨¦s de un tr¨¢nsito en M¨®stoles, consigui¨® un destino en Las Palmas, donde se siente extraordinariamente integrado. Ha sido practicante de lucha libre y lucha grecorromana, deportes que ha cambiado por el judo, que practica junto a sus hijos en una regi¨®n especialmente rica en luchadores.

Casi dos semanas antes de que Javier Garc¨ªa tomara la decisi¨®n de detener al alcalde de la localidad de Telde junto a seis concejales, Agust¨ªn Carretero, titular del juzgado n¨²mero 2 de Valdemoro, enviaba a la c¨¢rcel al alcalde de Ciempozuelos, Pedro Torrej¨®n y al ex alcalde de la misma localidad, Joaqu¨ªn Tejeiro, ambos del PSOE. La biograf¨ªa de Carretero, valenciano de 41 a?os, se diferencia de sus colegas de Canarias en un punto: a ¨¦l la vocaci¨®n le viene de tradici¨®n familiar. Agust¨ªn Carretero es hijo, hermano y sobrino de jueces. No presume de ello, pero, seg¨²n fuentes de su entorno, se siente "muy orgulloso" de su apellido.

Su padre, Adolfo Carretero, un hombre muy respetado en la carrera, alcanz¨® la c¨²spide la pir¨¢mide judicial y lleg¨® a ser presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso del Tribunal Supremo y vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, cargo al que accedi¨® elegido por sus propios compa?eros. Su t¨ªo, Antonio Carretero, fue magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Su hermano Adolfo es magistrado en Madrid y otro hermano, Santiago, es profesor universitario de teor¨ªa general del Derecho.

Durante la instrucci¨®n del caso, ha destacado por su total hermetismo. No le tembl¨® el puso para ordenar el ingreso en prisi¨®n de un alcalde a quien conoc¨ªa de reuniones institucionales en Ciempozuelos. Casado y padre de dos hijas, Agust¨ªn Carretero es juez desde 1999. Entre 1994 y 1997 fue letrado del Tribunal Supremo. Las oposiciones como secretario de la Administraci¨®n de Justicia las aprob¨® hace casi 17 a?os.

Su primer destino como juez fue Almad¨¦n (Ciudad Real). Los mineros de esta localidad aun recuerdan su labor de mediaci¨®n cuando 300 de ellos, abocados al despido por la crisis de la miner¨ªa, interpusieron un pleito contra el Gobierno para reclamar la hect¨¢rea de terrenos que legalmente correspond¨ªa a cada uno de ellos por su condici¨®n de empleados de la firma Minas de Almad¨¦n y Arrayanes, de titularidad p¨²blica. Carretero, que adivinaba un juicio imposible con 300 demandantes, medi¨® en el conflicto con el Gobierno y logr¨® que los afectados retiraran o no interpusieran sus demandas a cambio de indemnizaciones individuales de 3.000 euros por parte del Gobierno.

El pen¨²ltimo esc¨¢ndalo ha saltado en el municipio mallorqu¨ªn de Andratx. Pen¨²ltimo porque la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n reconoce que se est¨¢n investigando al menos una decena de ayuntamientos, sin contar con diligencias abiertas en las delegaciones provinciales. Los municipios de Marbella, Manilva, Telde, Camas, Sese?a, Ciempozuelos, Calvi¨¢, Andratx y Santa Cruz de Tenerife est¨¢n en la lista. A ellos se les puede unir otros tantos municipios cuyas diligencias est¨¢n declaradas secretas en estos momentos.

El caso Andratx ha puesto en evidencia la presunta relaci¨®n de un consejero de Interior del Gobierno auton¨®mico del Partido Popular, sospechoso de haber avisado al alcalde de dicha localidad de que su detenci¨®n estaba pr¨®xima. El juez responsable del caso es ?lvaro Latorre L¨®pez, un hombre con experiencia en juzgados de menores y en la Audiencia Provincial de Navarra. Latorre tiene un perfil moderado y un prestigio de juez competente. Practica el tenis y la nataci¨®n. No dud¨® en ordenar la intervenci¨®n telef¨®nica del consejero de Interior.

Su trabajo ha sido arropado por la actuaci¨®n de dos fiscales deportistas. Uno es Juan Carrau, fiscal anticorrupci¨®n, protagonista en su d¨ªa del caso S¨®ller que forz¨® la dimisi¨®n del presidente del Gobierno balear, Gabriel Ca?ellas. Carrau ha sido especialmente combativo con algunas redes de narcotraficantes. Acude a los juzgados en moto, aunque ha sumado miles de kil¨®metros en bicicleta durante sus viajes por pa¨ªses lejanos. Se le considera un hombre minucioso e incansable. "Es una hormiguita", sostienen los colegas. La investigaci¨®n de Carrau ha tenido el auxilio de otro fiscal, caso de Adri¨¢n Salazar, fiscal de medio ambiente, vasco de origen y una curiosa mezcla de excursionista y alpinista. Cuando estall¨® el caso Andratx, que hubo de adelantarse una semana por la sospecha de que hab¨ªa existido un soplo, Salazar se encontraba en Uganda ascendiendo monta?as.

No todos son jueces o fiscales herm¨¦ticos (quiz¨¢s en este caso se lleve la palma Miguel ?ngel Torres) y no todos son consumados deportistas. Tampoco est¨¢n ideol¨®gicamente del mismo lado. Pero los asuntos que han investigado han tenido un desarrollo muy parejo: si detr¨¢s de una instrucci¨®n sobre un delito de corrupci¨®n no hay una investigaci¨®n policial en toda regla y no se procede a un estudio patrimonial en condiciones, el caso dif¨ªcilmente sigue adelante. La sociedad ha podido conocer el contenido de ciertas conversaciones, el enriquecimiento il¨ªcito de ciertos personajes y el modus operandi de ciertas decisiones arbitrarias tomadas desde cargos p¨²blicos. Junto a estos hechos aparece una mara?a de sociedades, asesores, empresarios y funcionarios corruptos que intervienen en este tipo de delitos. Se ha tratado de investigaciones complejas, sujetas a una gran presi¨®n, que han necesitado del auxilio de especialistas. No es de extra?ar que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n haya solicitado el auxilio de expertos en urbanismo para avanzar en los casos abiertos. "El juez Torres ha logrado poner a los t¨¦cnicos de la Agencia Tributaria al servicio de la investigaci¨®n policial y esa ha sido una iniciativa muy importante para poder llevar adelante un caso de esta naturaleza", comentaba un alto cargo policial.

La corrupci¨®n es el delito de moda. Pero hay que tener en cuenta que es un delito rodeado de complejidades: no deja huellas dactilares ni restos de ADN. Y no abundan los testigos oculares.