Claroscuros antitabaco

Casi un a?o despu¨¦s de que se empezara a aplicar la Ley Antitabaco, los datos descendentes sobre las ventas de cajetillas resultan esperanzadores. Pero la aplicaci¨®n de la norma en el ¨¢mbito de la hosteler¨ªa y el escaso respeto que han demostrado por ella comunidades aut¨®nomas como la de Madrid o la Valenciana confirman que se dan resistencias significativas a la limitaci¨®n p¨²blica del consumo de tabaco. Los datos de ventas, a 1 de diciembre, reflejan una reducci¨®n de un 3% respecto al momento en el que se empez¨® a aplicar la norma (el 1 de enero de 2006). Aunque este porcentaje no es muy elevado, s¨ª refleja un significativo asentamiento de la tendencia a la reducci¨®n de su consumo. Esto hace pensar que la Ley Antitabaco ha contribuido a ilustrar a los ciudadanos sobre el perjuicio que fumar causa a la salud, as¨ª como de la necesidad de preservar el derecho de los no fumadores a no estar expuestos al humo del tabaco en los lugares de trabajo o en los locales p¨²blicos. La ministra de Sanidad, Elena Salgado, asegura que han dejado de fumar unas 500.000 personas en 2006.

Mientras la prohibici¨®n de fumar en los centros de trabajo se ha cumplido de forma generalizada (apenas ha habido quejas), en la hosteler¨ªa la medida no ha sido efectiva. Las sociedades m¨¦dicas se quejan de que, a d¨ªa de hoy, hay menos de un 15% de bares en Espa?a libres de humos. En muchos locales de m¨¢s de 100 metros no se han creado espacios espec¨ªficos para no fumadores, y en otros se han establecido de forma ficticia con, por ejemplo, biombos que dejan pasar el humo de una zona a otra. La gran mayor¨ªa de los bares de menos de 100 metros han optado por dejar fumar a sus clientes. As¨ª se explica que la ley haya sido bastante menos eficaz que la aplicada en Irlanda, que prohib¨ªa fumar en todos los pubs y que consigui¨® una reducci¨®n del consumo de tabaco de un 18% en su primer a?o de aplicaci¨®n.

Pero el aspecto m¨¢s controvertido de esta ley ha sido su utilizaci¨®n pol¨ªtica por parte de comunidades gobernadas por el PP, como la de Madrid y la de Valencia, algo especialmente reprochable en el caso de una ley que pretende proteger la salud p¨²blica. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidi¨® hace unos d¨ªas no frenar el decreto aprobado por Madrid sobre esta ley. El empe?o de la presidenta madrile?a, Esperanza Aguirre, de hacer su propia lectura de la norma para permitir fumar en bodas y otras celebraciones, as¨ª como en los bares de los centros de trabajo, no hace sino sembrar confusi¨®n entre los ciudadanos. El respeto de la opci¨®n de los fumadores no puede llevar al perjuicio de los no fumadores, ni viceversa. ?se era el esp¨ªritu de la norma. Para defender el bien com¨²n es siempre mejor negociar acuerdos satisfactorios para todos que adoptar medidas unilaterales de car¨¢cter regional. Una situaci¨®n que choca con las recurrentes quejas de los populares sobre la desigualdad en los derechos ciudadanos en todo el territorio espa?ol.