Proceso, ?qu¨¦ proceso?

Es posible que hubiera un momento en el que el diagn¨®stico de ETA y del Gobierno sobre la finalidad de la v¨ªa de di¨¢logo que iban a explorar meses despu¨¦s fuese bastante coincidente. Hoy ser¨ªa dif¨ªcil afirmarlo. Los m¨¢s de nueve meses transcurridos desde la declaraci¨®n de alto el fuego permanente han evidenciado un distanciamiento creciente en la caracterizaci¨®n que del proceso hac¨ªan ambos protagonistas.

El punto de m¨¢xima tensi¨®n al que asistimos se asemeja peligrosamente al desencuentro que dio al traste en 1999 con el experimento nacionalista de Lizarra. Lo que el Gobierno y el resto de las fuerzas pol¨ªticas (excepto el PP) conceb¨ªan como un intento plausible de dar una salida ordenada a la violencia, la organizaci¨®n terrorista y el movimiento que la circunda lo hab¨ªa ido convirtiendo en la aspiraci¨®n de alcanzar, con la amenaza de una vuelta a la luchar armada, los objetivos pol¨ªticos que no han logrado con su pr¨¢ctica desde la Transici¨®n.

S¨®lo quien equipare la legitimidad democr¨¢tica de ETA con la del Gobierno endosar¨ªa a ¨¦ste la responsabilidad de un eventual fracaso del proceso

Sin embargo, existen indicios fiables de que los or¨ªgenes de este proceso los aliment¨® la propia percepci¨®n de ETA de que el ciclo de la violencia hab¨ªa llegado a su t¨¦rmino, aunque no fue una conclusi¨®n nacida de su reflexi¨®n, sino forzada por las circunstancias: las derivadas de la respuesta global del Estado a su ¨²ltima ofensiva criminal y las que impone el contexto internacional, escasamente comprensivo desde el 11-S con las causas que se expresan mediante el terror. En cualquier caso, cabe deducir que en los contactos preparatorios el dise?o del proceso se parec¨ªa m¨¢s al presentado por el Gobierno que al pretendido por ETA y su mundo. Repugna a la l¨®gica imaginar que a finales de 2005, con una banda situada en los par¨¢metros de debilidad operativa y estrat¨¦gica que definieron en su carta Pakito y otros dirigentes, y con sus organizaciones sat¨¦lites ilegalizadas, el Gobierno se aviniera a una soluci¨®n consistente en aceptar el programa m¨¢ximo de sus interlocutores. Es decir, el reconocimiento previo de la existencia de una entidad pol¨ªtica llamada Euskal Herria, integrada por Euskadi, Navarro y el Pa¨ªs Vasco franc¨¦s lo quieran o no sus ciudadanos, y que puede desgajarse cuando lo desee de Espa?a y Francia.

Por el contrario, cabe pensar que la posterior deriva de la posici¨®n de ETA ha sido consecuencia de su inercia militarista, nunca revisada, y de un mecanismo de realimentaci¨®n ideol¨®gica que ya oper¨® de forma perversa en Lizarra. La inactividad de las pistolas y la concesi¨®n de perchas de las que el movimiento abertzale pueda colgar su reconversi¨®n democr¨¢tica (la mesa de partidos) ha tra¨ªdo consigo en ambas treguas un recrecimiento en sus demandas finalistas. Era de ingenuos esperar que ETA y su mundo fuesen a iniciar el proceso con un reconocimiento de los errores y horrores cometidos. Como ha escrito Mat¨ªas M¨²gica, el objetivo pr¨¢ctico de aquel no consiste en que ETA se caiga del caballo deslumbrada por la luz de la democracia, sino que se baje del burro de la violencia. Por ello, era tambi¨¦n esperable que trataran de vender a sus fieles la jubilaci¨®n de las pistolas como la consecuencia de la aceptaci¨®n de sus tesis pol¨ªticas por sus adversarios y no como el reconocimiento de su derrota.

Desde esta perspectiva, resulta m¨¢s preocupante el hecho de que este discurso autocomplaciente de la izquierda abertzale no haya ido acompa?ado de una adaptaci¨®n realista de sus aspiraciones a la nueva etapa pos-ETA. Los gui?os sobrevalorados de Otegi en la Declaraci¨®n de Anoeta de noviembre de 2004 no han tenido continuidad hacia fuera y, lo que es peor, tampoco se han visto reflejados en la reflexi¨®n interna de Batasuna, cuyos documentos en nada denotan que est¨¦ preparando a su gente para hacer pol¨ªtica con la exclusiva fuerza de las ideas y los votos.

Es cierto que, desde su perspectiva, el proceso estaba siendo poco gratificante para ETA y la izquierda abertzale en general. En el mejor de los casos, se imaginaron seguramente que el gesto de dejar de cometer atentados -la pen¨²ltima gran renuncia, desde la perspectiva de una organizaci¨®n terrorista- iba a suponer por parte del Estado la desactivaci¨®n absoluta de las causas e instrumentos legales desplegados en su contra. Pero el cese temporal de la violencia y la perspectiva de su final definitivo no hacen desaparecer los cr¨ªmenes cometidos, ni borran a las v¨ªctimas ni, mucho menos, permiten alcanzar graciosamente las aspiraciones pol¨ªticas por las que se mat¨® hasta ayer.

Si hubo equ¨ªvocos y sobreentendidos en las conversaciones preparatorias, el desarrollo de los acontecimientos a partir del 22 de marzo ha puesto de manifiesto los l¨ªmites ¨²ltimos que un Gobierno democr¨¢tico no puede rebasar. Puede discutirse si el Ejecutivo socialista debi¨® o no hacer alg¨²n movimiento en el frente penitenciario y si fue o no contraproducente alguna actuaci¨®n judicial contra Batasuna, pero s¨®lo quien equipare la legitimidad democr¨¢tica de ETA con la del Gobierno endosar¨ªa a ¨¦ste la responsabilidad de un eventual fracaso del proceso.

La situaci¨®n a la que se ha llegado ofrece la oportunidad de volver a la casilla de partida y clarificar los "objetivos" del proceso, como demandaba Arnaldo Otegi el pasado 27 de noviembre. Se trata, en definitiva, de dilucidar si ETA y su mundo desiste de su pretensi¨®n de actuar, contra toda evidencia democr¨¢tica, como aut¨¦ntico representante y valedor del pueblo vasco. Si pretenden acentuar la presi¨®n al Gobierno para obtener las m¨¢ximas concesiones pol¨ªticas antes de dar pasos m¨¢s cruciales que el alto el fuego, lo sabremos en no mucho tiempo. Y tampoco se tardar¨¢ demasiado en comprobar si el motivo del par¨®n es que ETA se adentr¨® en el proceso para ganar tiempo y evitar adoptar la decisi¨®n que no quiso tomar hace un cuarto de siglo.

El tiempo no corre en balde, y la pura voluntad no es suficiente para anular las circunstancias de cada momento. ETA tard¨® m¨¢s de 20 a?os en plantear una tregua para sentarse en Argel con el Gobierno en 1989. El lapso para la tregua de Lizarra se redujo a una d¨¦cada, y este ¨²ltimo alto el fuego lleg¨® apenas seis a?os despu¨¦s de la ruptura de aqu¨¦lla. Nada indica que las causas que forzaron a ETA a hacer el anuncio del 22 de marzo pasado se hayan modificado, ni hay perspectivas de que las circunstancias vayan a evolucionar, en Europa y en el resto del mundo, a favor de sus intereses. Por eso, la pretensi¨®n de ETA de remover el proceso con el estruendo y la destrucci¨®n de un coche bomba puede valer para aliviar tensiones internas, pero su estallido no resuelve la encrucijada en que se encuentra la organizaci¨®n. Por el contrario, con el atentado de Barajas solamente habr¨ªa conseguido volar el puente que pretend¨ªa cruzar y que el Estado eleve su nivel de exigencia la pr¨®xima vez que ETA llame a su puerta.