68 v¨ªctimas

68 mujeres muertas a manos de su pareja o ex pareja, ocho m¨¢s que en 2005 y apenas cuatro menos que el a?o anterior, en el que todav¨ªa no exist¨ªa la actual Ley Integral contra la Violencia de G¨¦nero, es un descorazonador balance de v¨ªctimas de la violencia machista para 2006. ?Significa ello un fracaso sin paliativos de la ley? Ser¨ªa tan aventurado afirmarlo como atribuir a la ley la sensible disminuci¨®n habida en 2005 -su primer a?o de vigencia- respecto de 2004. Lo que pone de manifiesto esta cadencia de v¨ªctimas son las profundas ra¨ªces culturales del mal y las dificultades para eliminarlo.

La Ley Integral contra la Violencia de G¨¦nero, aprobada por todas las fuerzas pol¨ªticas en diciembre de 2004, no busca directamente erradicar los h¨¢bitos culturales y las pautas sociales que siguen alimentando el machismo -tarea del sistema educativo y de las familias, fundamentalmente-, sino proteger a la v¨ªctima del maltrato frente a su agresor y ayudarla a rehacer su vida. Cabr¨ªa entonces achacar a fallos de la ley las muertes producidas una vez presentada la denuncia y puestos en marcha los mecanismos de vigilancia y protecci¨®n previstos para evitarlas. Sin embargo, hay muertes que siguen produci¨¦ndose extramuros de estos mecanismos, bien por miedo de las v¨ªctimas a denunciar la situaci¨®n de maltrato, bien por albergar esperanzas de superarla. Que esta situaci¨®n aflore es uno de los objetivos de la ley, algo que parece que se est¨¢ consiguiendo de acuerdo con el aumento de denuncias producido tras su entrada en vigor.

Al Gobierno le resta todav¨ªa un buen trecho para dotar a la ley de los medios previstos, tanto judiciales como sociales y educativos, para que funcione a pleno rendimiento. Sobre todo, tras comprobarse que no pocas de las muertes se producen en situaciones de fallo de los sistemas de vigilancia o de incumplimiento de la orden judicial de alejamiento. Hay que, al menos, duplicar los 29 juzgados exclusivos existentes, aumentar el n¨²mero de fiscales dedicados al seguimiento de este tipo de denuncias y perfeccionar los mecanismos de protecci¨®n policial y social de las mujeres maltratadas. Tampoco hay que olvidarse de los maltratadores, de los que el Gobierno comienza a acordarse con la puesta en marcha de programas espec¨ªficos de rehabilitaci¨®n a partir de este a?o. En todo caso, el hecho de que entre julio de 2005 y junio de 2006 se hayan celebrado 40.700 juicios por maltratos, el 71,9% de ellos con condena, muestra que el maltrato a la mujer ha dejado de ser impune. Las posibles denuncias falsas no son un problema espec¨ªfico de esta ley. Corresponde a los jueces detectarlas y sancionarlas. Como ocurre en el conjunto del sistema penal.