El Gobierno vasco ha advertido ya a los amenazados que renunciaron a la escolta

El coche bomba colocado por ETA en el aparcamiento de la terminal 4 de Barajas el d¨ªa 30 de diciembre y el hallazgo del material explosivo -180 kilos- que la organizaci¨®n terrorista pretend¨ªa poner en manos del nuevo comando Vizcaya ha espoleado a los responsables de la Consejer¨ªa vasca de Interior a reforzar la protecci¨®n personal a los colectivos amenazados por ETA.

Durante los nueve meses del alto el fuego, pero sobre todo en el a?o anterior a la declaraci¨®n del par¨®n terrorista, el 22 de marzo de 2006, decenas de jueces y magistrados y algunos cargos y concejales del PSE decidieron prescindir de la protecci¨®n personal, pese a que la recomendaci¨®n tanto de los responsables de Interior vasco, del Ministerio del Interior y del propio partido era la de mantener los escoltas hasta ver c¨®mo evolucionaba la nueva situaci¨®n creada con el alto el fuego permanente y la ausencia de atentados mortales.

Dinamitado el par¨®n etarra, la Consejer¨ªa vasca de Interior ha tomado la decisi¨®n de llamar a los amenazados que han prescindido de los servicios de escolta que los Gobiernos central y vasco presta al 50% tras el acuerdo al que se lleg¨® entre ambas Administraciones cuando el PP estaba en el Ejecutivo, en el verano de 2000.

El consejero vasco de Interior, Javier Balza, precis¨® ayer en una entrevista en Radio Euskadi que "en cuanto tuvo conocimiento del atentado", su departamento tom¨® la decisi¨®n de ponerse en contacto con "alguna gente que en este tiempo hab¨ªa decidido personalmente vivir sin la protecci¨®n, sin escoltas, para volver a activar estos servicios". "Lo cierto es que eran muy pocas personas", declar¨® el responsable de Interior vasco, en alusi¨®n a esas decenas de jueces y ediles socialistas, dado que en los ¨²ltimos a?os el n¨²mero de personas que han llevado protecci¨®n personal en el Pa¨ªs Vasco se eleva a unos 1.000. En el informe elevado por la Consejer¨ªa de Interior al comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, ?lvaro Gil-Robles, en marzo de 2003, dos meses antes de que ETA asesinara a sus dos ¨²ltimas v¨ªctimas mortales hasta el atentado de Barajas, el n¨²mero de protegidos ascend¨ªa exactamente a 903. Junto al servicio de escolta personal, la Ertzaintza practicaba medidas de protecci¨®n preventiva singulares (vigilancia de entornos domiciliarios, etc.) a otras 310 personas.

Fuentes del Ministerio del Interior indicaron ayer a este peri¨®dico que "por el momento" no se han puesto en contacto con los protegidos que han decidido prescindir de la escolta, aunque precisaron que su n¨²mero es limitado y que en todo caso "los servicios ser¨¢n activados en el momento en el que se solicite por esas personas amenazadas por ETA".

Algunos jueces vascos que han prescindido de la escolta han anunciado ya esta semana a sus compa?eros que van a solicitar recuperar la protecci¨®n abandonada con el clima de tranquilidad relativa que se ha respirado en estos ¨²ltimos a?os en Euskadi, seg¨²n confirmaron a este peri¨®dico fuentes judiciales. Desde el final de la anterior tregua (2000), los Gobiernos central y vasco han gastado m¨¢s de 700 millones de euros en escoltas. Y para este a?o, ambas Administraciones han presupuestado 170 millones.