El alcalde de Vila-real firma resoluciones pese a su inhabilitaci¨®n
La oposici¨®n pide un dictamen sobre la validez de sus actos
El alcalde de Vila-real (Castell¨®n), Manuel Vilanova (PP), condenado a ocho a?os de inhabilitaci¨®n por prevaricaci¨®n, se mantiene en su cargo. La Audiencia Provincial de Castell¨®n, la misma que le absolvi¨® antes de la pena del Tribunal Supremo, atendi¨® su solicitud de suspensi¨®n de ejecuci¨®n de la sentencia hasta que se resuelva su petici¨®n de indulto. La oposici¨®n ha pedido al secretario que dictamine sobre la situaci¨®n.
El alcalde sigue convocando plenos, firmando resoluciones y votando actuaciones pese a que la sentencia es firme. La apariencia de normalidad que Vilanova pretende imponer en el funcionamiento del Ayuntamiento ha provocado una situaci¨®n de inseguridad jur¨ªdica. As¨ª, PSPV, Esquerra Unida y Bloc, los tres partidos que tienen representaci¨®n en el Ayuntamiento, aparte del PP, han solicitado al secretario municipal que dictamine sobre la validez de las decisiones que est¨¢ tomando pese a estar condenado.
En un escrito, presentado ayer por registro, los tres grupos solicitan al secretario que redacte un informe sobre la situaci¨®n jur¨ªdica en que se encuentra el Consistorio despu¨¦s de la sentencia del Tribunal Supremo, y piden al secretario que explique si existe posibilidad "de acuerdo con la jurisprudencia o precedentes anteriores y atendiendo a la firmeza e imposibilidad de recurrir la sentencia, de que la inhabilitaci¨®n fuera efectiva desde el mismo d¨ªa en que se dict¨® la sentencia y, por tanto, las decisiones que se adopten pudieran ser nulas o anulables por la efectividad de la inhabilitaci¨®n".
En el documento, los tres grupos han dejado adem¨¢s patente que el conocimiento que han tenido tanto la sentencia como la suspensi¨®n de su ejecuci¨®n y la solicitud de indulto ha sido a trav¨¦s de los medios de comunicaci¨®n, ya que el PP se ha negado a convocar una junta de portavoces para tratar la situaci¨®n del alcalde.
En su exposici¨®n, los concejales de la oposici¨®n (que suman 10 frente a los 11 del PP), firman su consideraci¨®n de que al tratarse de una sentencia firme, "podr¨ªa darse una situaci¨®n de inseguridad jur¨ªdica ante la continuaci¨®n del ejercicio de funciones por parte del alcalde, quien convoca los plenos, contin¨²a dictando decretos y ejerciendo sus funciones como si nada hubiera sucedido en este Ayuntamiento".
En el escrito, los concejales incluso expresan las "dudas" que les han planteado "expertos en la materia", que se basan en el ¨²nico hecho de que no hay precedentes de una situaci¨®n como ¨¦sta.
A¨²n as¨ª, a?aden que dado que la sentencia es firme, "lo que hace el alcalde es pedir perd¨®n al Gobierno", con lo que las decisiones que se tomen en los plenos que convoca, as¨ª como la validez de su voto "podr¨ªan ser recurridos por los ciudadanos que crean vulnerado alg¨²n derecho y pedir la nulidad de los actos, lo que llevar¨ªa a una inseguridad jur¨ªdica y a un aumento de la litigiosidad en este Ayuntamiento", tal como indica el escrito.
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