El Tribunal Superior Valenciano desautoriza cualquier urbanizaci¨®n sin agua garantizada

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha establecido que no es posible aprobar ninguna urbanizaci¨®n sin que se haya acreditado que tiene el agua garantizada. As¨ª lo se?ala un auto de la sala de lo contencioso del TSJ que resuelve suspender un plan urban¨ªstico en el pueblo valenciano de Ador, aprobado por la Consejer¨ªa de Territorio de la Generalitat y recurrido por la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del J¨²car. La decisi¨®n judicial afecta a otros grandes planes urban¨ªsticos recurridos, como el Manhattan de Cullera o un proyecto del Valencia CF.

En un auto comunicado a las partes ayer, el TSJ acuerda suspender el proyecto urban¨ªstico de Pinaret en el pueblo valenciano de Ador, tal y como solicitaba la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del J¨²car por no estar acreditado el suministro de agua. La decisi¨®n judicial deja en suspenso el acuerdo de la Consejer¨ªa de Territorio del Gobierno valenciano que permiti¨® el pasado mes de junio la aprobaci¨®n de este proyecto urban¨ªstico.

La doctrina del tribunal afecta a m¨¢s de una docena de planes urban¨ªsticos aprobados por la Generalitat valenciana y que han sido recurridos por la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del J¨²car y la Delegaci¨®n del Gobierno con id¨¦nticos argumentos. Entre estos planes recurridos por el Estado est¨¢n el pol¨¦mico Manhattan de Cullera -que prev¨¦ la construcci¨®n de 35 rascacielos en la desembocadura del J¨²car- y el plan de Porxinos en Riba-roja -en el que se prev¨¦n 2.700 viviendas junto a la ciudad deportiva del Valencia CF y que ha supuesto la imputaci¨®n del alcalde y dos concejales del PP por supuestos delitos urban¨ªsticos-.

"La sala entiende como principio que la empresa que propone un instrumento de planeamiento debe acreditar prima facie que cuenta con recursos h¨ªdricos para dicho plan [urban¨ªstico]", se?ala el auto, que advierte que sin esa acreditaci¨®n necesaria "podemos encontrarnos en un futuro que se haga una urbanizaci¨®n y no cuente con agua".

El deber de exigir

El tribunal dictamina que "las Administraciones tienen el deber de exigir, y las entidades colaboradoras o empresas deben emitir informe razonado sobre la existencia de agua, tipo, calidad, disponibilidad presente o futura, necesidad o no de tratamiento y obras de infraestructura necesarias", todo ello conforme a la legislaci¨®n estatal y auton¨®mica.

La determinaci¨®n del TSJ queda patente al afirmar: "La sala no va a dar por v¨¢lidos informes que no se ajusten a los par¨¢metros que se acaban de citar, ni al organismo de cuenca ni a las entidades colaboradoras o empresas".

Respecto al caso concreto planteado en el pueblo valenciano de Ador, gobernado por el PP, el TSJ da la raz¨®n a la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del J¨²car, que emiti¨® un informe negativo por considerar que los datos relativos al suministro de agua aportados por la empresa promotora no permit¨ªan emitir un dictamen.

El TSJ afirma que el informe de la empresa que avala la urbanizaci¨®n en Ador "omite todos los datos esenciales", entre ellos la titularidad del pozo con el que se pretende dar servicio a la urbanizaci¨®n y la calidad de las aguas destinadas a consumo humano. Situaci¨®n que no impidi¨® que la Consejer¨ªa de Territorio diese luz verde al proyecto.

El consejero de Territorio, el popular Esteban Gonz¨¢lez Pons, rebusc¨® en el texto del auto para encajar de la mejor manera posible la sentencia contraria del TSJ, que deja en suspenso una decisi¨®n de su departamento.

Gonz¨¢lez Pons manifest¨® que la decisi¨®n judicial avala la posici¨®n del Gobierno valenciano, que entiende que los informes de las confederaciones hidrogr¨¢ficas de cuenca sobre la existencia de recursos h¨ªdricos no son vinculantes para la consejer¨ªa. El auto del TSJ indica que los informes de las cuencas no son vinculantes, aunque s¨ª son preceptivos.

El consejero acus¨® a la Delegaci¨®n del Gobierno en la Comunidad Valenciana de utilizar las confederaciones hidrogr¨¢ficas "con fines pol¨ªticos" para castigar a los ayuntamientos gobernados por el PP. El subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Felipe Mart¨ªnez, manifest¨® su "extra?eza" por la interpretaci¨®n hecha por el consejero.