?C¨®mo fortalecer el Pacto por las Libertades?

El 1 de octubre de 1998, el entonces secretario general del PSOE, Joaqu¨ªn Almunia, y Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, se reunieron por segunda vez tras la declaraci¨®n de tregua de ETA. Ese d¨ªa, Almunia advirti¨® de que los socialistas "no van a tener una actitud seguidista haga lo que haga el Gobierno", a?adiendo: "Nuestro deseo es coincidir, pero la coincidencia debe basarse en posiciones asumibles por todos, no en planteamientos hechos por unos y seguidos por otros. ?sa no ser¨ªa forma de llegar a un aut¨¦ntico consenso". Como esta declaraci¨®n muestra, el comportamiento del partido que hoy dirige Rajoy coincide con el que Almunia exigi¨® entonces desde la oposici¨®n, exponiendo cu¨¢n injustas son muchas de las cr¨ªticas hacia el Partido Popular por su rechazo al fracasado proceso de di¨¢logo con ETA. Si las palabras de Almunia en 1998 eran razonables, tambi¨¦n lo es la reluctancia del actual l¨ªder de la oposici¨®n a apoyar una pol¨ªtica antiterrorista carente de un "aut¨¦ntico consenso" sin "posiciones asumibles por todos". As¨ª ocurre al haber arrinconado el presidente un Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo cuyo punto primero se?ala: "Al Gobierno de Espa?a corresponde dirigir la lucha antiterrorista, pero combatir el terrorismo es una tarea que corresponde a todos los partidos pol¨ªticos democr¨¢ticos, est¨¦n en el Gobierno o en la oposici¨®n". Es evidente que la resoluci¨®n del Congreso de 2005 fue propuesta por Zapatero sin buscar esa "colaboraci¨®n permanente" con el PP, basada en "el intercambio de informaci¨®n" y "la actuaci¨®n concertada" que exig¨ªa el Pacto. De ah¨ª que la oposici¨®n interpretara que la autorizaci¨®n del di¨¢logo con ETA, que no hab¨ªa demostrado su voluntad inequ¨ªvoca de poner fin a la violencia, tal y como reclamaba la citada resoluci¨®n, no era compatible con esa obligaci¨®n de "combatir el terrorismo" que corresponde a "todos los partidos pol¨ªticos democr¨¢ticos". Quienes acusan a la oposici¨®n y a muchos ciudadanos de haber bloqueado la paz al dificultar la negociaci¨®n del Ejecutivo con hipot¨¦ticos "moderados" de ETA, ignoran la necesidad de ejercer una contenci¨®n ante un Gobierno que ha incumplido su mandato parlamentario de dialogar en condiciones que no se daban, vulnerando otro acuerdo del referido Pacto.

Estos antecedentes convierten la reactivaci¨®n del Pacto por las Libertades en un elemento decisivo de la pol¨ªtica antiterrorista, pues de lo contrario se brindar¨ªa a la banda un valioso r¨¦dito pol¨ªtico. El Pacto sirvi¨® de marco para articular la m¨¢s efectiva pol¨ªtica antiterrorista contra ETA, al sustentarse en un importante consenso entre los principales partidos democr¨¢ticos, negando la esperanza de cambios en la pol¨ªtica antiterrorista con indiferencia del Ejecutivo que gobernara. La propia banda ha reconocido c¨®mo esta iniciativa logr¨® propagar "el fantasma de la destrucci¨®n de la izquierda abertzale". De ah¨ª que abandonar el Pacto constituya un alt¨ªsimo precio pol¨ªtico al presentar la estrategia terrorista como eficaz, aportando un poderoso argumento de propaganda y motivaci¨®n a ETA. El cambio de circunstancias con el que se justifica su marginaci¨®n no representa una s¨®lida explicaci¨®n habida cuenta del contraproducente mensaje que transmite. Son justamente las circunstancias descritas las que obligan a su f¨¦rrea aplicaci¨®n. Precisamente por ello la ampliaci¨®n del Pacto propuesta por Zapatero exige criterios claros que eviten una desnaturalizaci¨®n del mismo que equivaldr¨ªa a su abandono de facto y al incumplimiento del programa electoral socialista.

La adhesi¨®n de quienes deseen respetar los principios en los que descansa el Pacto precisa una voluntad de sumarse a unas m¨¢ximas ya planteadas que no deben ser modificadas, sino reforzadas, tras el fracaso del di¨¢logo con ETA. A pesar de las positivas valoraciones sobre Imaz, presidente del PNV, queda por demostrar si esta formaci¨®n comparte los mecanismos administrativos y judiciales que han impedido en el pasado la presencia de Batasuna en la vida pol¨ªtica como si fuera una formaci¨®n legal. La reactivaci¨®n de esas iniciativas, que deben aplicarse a partidos sustitutivos vinculados a ETA y a Batasuna, es crucial en una sociedad como la vasca en la que el terror y la intimidaci¨®n impiden que ciudadanos no nacionalistas ejerzan libremente sus derechos. Si el nacionalismo comparte estos principios, no ser¨ªa dif¨ªcil su incorporaci¨®n al Pacto. Si no los compartiese, quedar¨ªa expuesta la inutilidad de romper el Pacto por un nacionalismo que rechazar¨ªa fundamentales instrumentos contra ETA, pero con el que se podr¨ªa colaborar desde otro ¨¢mbito. Respetando estas premisas, la ruptura formal con Lizarra que se demandaba del nacionalismo en 2000 podr¨ªa no aplicarse o ser sustituida por el requerimiento de un firme compromiso con elementos clave derivados del Pacto. La profundizaci¨®n en el antagonismo entre Gobierno y oposici¨®n que provocar¨ªa la desnaturalizaci¨®n del Pacto beneficiar¨ªa a esos sectores nacionalistas que defienden como inevitable el di¨¢logo con ETA, a pesar incluso del ¨²ltimo y negativo ensayo, y que todav¨ªa entienden la paz como la satisfacci¨®n de aspiraciones nacionalistas que apacig¨¹en a la banda.

Para ser ¨²til la ampliaci¨®n del consenso antiterrorista debe sustentarse en la reactivaci¨®n del Pacto evitando una rebaja del mismo que podr¨ªa atraer a otras formaciones, si bien a cambio de un coste pol¨ªtico como el que ETA rentabilizar¨ªa al conseguir debilitar la filosof¨ªa inicial del Acuerdo. La hasta ahora eficaz estrategia de divisi¨®n propugnada por ETA podr¨ªa contrarrestarse supeditando la ampliaci¨®n del consenso a la aceptaci¨®n de determinadas adendas que fortalecer¨ªan el Pacto y la credibilidad de la respuesta estatal. Explicit¨¢ndose en el Pacto que mientras ETA exista jam¨¢s se abordar¨¢ la reforma del Estatuto vasco se oficializar¨ªa la premisa de "primero la paz y despu¨¦s la pol¨ªtica" como criterio para aceptar incorporaciones de quienes asumieran un principio tan reivindicado como incumplido durante los ¨²ltimos meses. La presencia de ETA, incluso en situaci¨®n de "alto el fuego", es un factor de coacci¨®n enorme que jam¨¢s deben aceptar ciudadanos privados de libertad, siendo preciso por ello descartar categ¨®ricamente negociaciones con la banda incluso bajo promesa de desaparici¨®n, m¨¢xima que podr¨ªa recoger un Pacto reforzado. Esta contundencia impedir¨ªa que cualquier Gobierno cayera en las trampas que ETA tiende en momentos de debilidad al emitir se?ales equ¨ªvocas sobre sus intenciones de concluir con el terrorismo. Evitar¨ªa adem¨¢s que la ansiedad colectiva por el final del terrorismo fuera manipulada mediante un lenguaje que puede mentir al enfatizar la incompatibilidad del di¨¢logo con la violencia a pesar de la permanencia de ambos en condiciones inadmisibles, como las que se desprenden de la mera existencia de una organizaci¨®n terrorista. Nuestro sistema democr¨¢tico permite ya la salida del terrorismo sin contraproducentes di¨¢logos con ETA como los que vienen proponi¨¦ndose.

Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Pol¨ªtica de la Universidad Rey Juan Carlos.