Verg¨¹enza de Europa

No hay problema social m¨¢s persistente en Espa?a que el de los accidentes laborales. Los muertos y heridos en el ¨¢mbito laboral siguen marcando una vergonzosa diferencia con los mercados laborales europeos. El a?o pasado murieron 977 trabajadores, apenas 13 menos que en 2005 y se contabilizaron m¨¢s de 937.000 bajas debido a este tipo de accidentes, seg¨²n Comisiones Obreras. Los l¨ªmites de esta lacra se resumen en una sola comparaci¨®n: en Espa?a hay que sufrir la p¨¦rdida de 6,3 muertos por cada 100.000 trabajadores; la media en la Uni¨®n Europea es de 4,1 muertos. A pesar de que esta diferencia se conoce y se lamenta desde varios decenios atr¨¢s, la p¨¦rdida de vidas humanas contin¨²a sin pausa, sin que aparentemente surtan efecto las medidas y regulaciones de seguridad en el trabajo que los Gobiernos de turno escriben en el Bolet¨ªn Oficial del Estado.

Para corregir una epidemia social de esta magnitud es necesario afrontarla como un problema de Estado. Eso significa que la Administraci¨®n tiene que poner los recursos financieros y humanos necesarios para asegurarse de que las empresas y los trabajadores cumplen a rajatabla todas las normas de seguridad que figuran en las leyes y reglamentos laborales; y que esa red de supervisi¨®n aplicar¨¢ la ley sin vacilaciones. Un primer paso podr¨ªa ser la exigencia de nula siniestralidad laboral a las empresas que quieran firmar contratos con el Estado, sea central, estatal o auton¨®mico. No es aceptable, por ejemplo, que en las obras de la M-30 madrile?a, convertida durante meses en un laberinto angosto de curvas peligrosas, mueran trabajadores sin que se conozcan responsabilidades por tales muertes.

La pieza fundamental para acabar con la siniestralidad es, por supuesto, la inspecci¨®n de trabajo. Casi todos los diagn¨®sticos coinciden en que el n¨²mero de inspectores es rid¨ªculamente bajo para un mercado laboral tan amplio, creciente e impregnado de los vicios de la cultura de la chapuza y de la econom¨ªa negra; tambi¨¦n indican al un¨ªsono que la preparaci¨®n de los inspectores es insuficiente. Cuando el Gobierno decida declarar la guerra a la siniestralidad laboral, es decir, tratarla como un problema de Estado, tendr¨¢ que aumentar significativamente el n¨²mero de inspectores y mejorar su preparaci¨®n. Esa decisi¨®n tiene un coste, pero merecer¨¢ la pena pagarlo.