Un nuevo derecho para mayores y discapacitados
La reciente aprobaci¨®n de la Ley de Dependencia supone la creaci¨®n de un nuevo sistema de protecci¨®n social en Espa?a. Si en los a?os ochenta y noventa, los gobiernos socialistas universalizaron la sanidad, la educaci¨®n y las pensiones asistenciales, el presidente Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, al ampliar derechos civiles con la atenci¨®n a las personas mayores y las personas con discapacidad, ha recuperado en el siglo XXI la tradici¨®n socialdem¨®crata de fortalecer el Estado del Bienestar.
La Ley de Dependencia, respaldada por una amplia mayor¨ªa parlamentaria y con el apoyo de sindicatos, empresarios y el movimiento asociativo, configura el Sistema de Autonom¨ªa y Atenci¨®n a la Dependencia y establece un nuevo derecho de ciudadan¨ªa en Espa?a: todas las personas dependientes (m¨¢s de un mill¨®n, seg¨²n los expertos) tendr¨¢n garantizado el acceso a servicios sociales y a prestaciones econ¨®micas.
Es la financiaci¨®n m¨¢s ambiciosa desde la implantaci¨®n del Sistema Nacional de Salud
Las personas mayores y las personas con discapacidad ya no ser¨¢n atendidas en nuestro pa¨ªs "si se puede" o "si hay plazas" (s¨®lo uno de cada 200 mayores puede disfrutar de una plaza en un centro de d¨ªa y la tasa de cobertura de la ayuda a domicilio es menor del 3%), ni tendr¨¢n que depender casi en exclusiva de los cuidadores familiares. Hasta ahora, la atenci¨®n que reciben estas personas reca¨ªa sobre todo en su familia y, muy especialmente, en las mujeres. Con la Ley de Dependencia, del mismo modo que sucede con la sanidad o la educaci¨®n, el Estado (en este caso, las Comunidades Aut¨®nomas, competentes en la materia) estar¨¢ obligado a atender a los ciudadanos que necesiten ayuda, supervisi¨®n y apoyo para realizar las actividades b¨¢sicas de la vida diaria.
La ley, que entr¨® en vigor el pasado 1 de enero, prev¨¦ un plazo de tres meses desde la constituci¨®n del Consejo Territorial de la Dependencia para su desarrollo reglamentario. La intenci¨®n del Gobierno es acelerar, en todo lo posible, este tr¨¢mite. As¨ª, este consejo (formado por el Gobierno, las Comunidades Aut¨®nomas y las Entidades Locales) se reunir¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas para planificar la implantaci¨®n del sistema.
El Consejo acordar¨¢ el baremo mediante el que se valorar¨¢ a los ciudadanos, las caracter¨ªsticas de los servicios de dependencia, la cuant¨ªa de las prestaciones econ¨®micas para el cuidador o para la contrataci¨®n del asistente personal y la aportaci¨®n de los usuarios a la financiaci¨®n de los servicios.
Una vez determinados estos aspectos, todos los ciudadanos que lo necesiten deber¨¢n acudir a los servicios sociales de su Comunidad Aut¨®noma para solicitar una evaluaci¨®n que determine su grado y nivel de dependencia. En caso de que la persona sea considerada dependiente, recibir¨¢ una acreditaci¨®n que tendr¨¢ validez en toda Espa?a. Tras este diagn¨®stico, los servicios sociales de su Comunidad Aut¨®noma elaborar¨¢n, teniendo en cuenta las preferencias de la persona dependiente (o de su tutor), un Programa Individual de Atenci¨®n con los servicios y prestaciones econ¨®micas que va a recibir. Entre los servicios, los ciudadanos podr¨¢n disponer de ayuda a domicilio, teleasistencia, centro de d¨ªa, centro de noche o plaza residencial. En cuanto a las prestaciones econ¨®micas, la ley prev¨¦ compensaciones para los cuidadores familiares (con un alta en la Seguridad Social que corre a cargo del sistema) y prestaciones para la contrataci¨®n de un asistente personal que facilite el acceso a la educaci¨®n, al trabajo y a una vida aut¨®noma. Tambi¨¦n se podr¨¢n recibir ayudas t¨¦cnicas y para adaptaciones en la vivienda.
Hay que tener en cuenta que en 2007 ser¨¢n beneficiarios de estos servicios y prestaciones las personas con gran dependencia (aproximadamente unas 200.000), es decir, las que necesitan ayuda para realizar las actividades b¨¢sicas de la vida diaria varias veces al d¨ªa o que, por su p¨¦rdida de autonom¨ªa f¨ªsica, intelectual, mental o sensorial requieren de apoyo o supervisi¨®n generalizada. Las dependencias severas y moderadas se incorporar¨¢n paulatinamente al sistema hasta 2015.
As¨ª, al desarrollarse el Sistema de Autonom¨ªa y Atenci¨®n a la Dependencia en las pr¨®ximas semanas, las Comunidades Aut¨®nomas tendr¨¢n la obligaci¨®n de atender a las personas con discapacidad y a las personas mayores con gran dependencia. Adem¨¢s, la ley prev¨¦ que los ciudadanos podr¨¢n acudir a la v¨ªa administrativa o judicial para exigir este derecho.
Para facilitar a los ciudadanos el conocimiento del nuevo sistema de protecci¨®n social y los servicios y prestaciones que pueden recibir, el Gobierno ha habilitado un Servicio de Informaci¨®n espec¨ªfico sobre Dependencia (900 40 60 80), donde podr¨¢n consultar sus derechos, el centro al que deben acudir para solicitarlos, los servicios y prestaciones en su Comunidad Aut¨®noma y Ayuntamiento, y todas las dudas que puedan surgirles sobre la puesta en marcha de la ley.
En cuanto a la financiaci¨®n, el Gobierno destinar¨¢ cerca de 13.000 millones de euros adicionales durante el periodo de implantaci¨®n del sistema (2007-2015), mientras que las Comunidades Aut¨®nomas aportar¨¢n una cantidad similar. Se trata, pues, de la financiaci¨®n m¨¢s ambiciosa de un proyecto desde la implantaci¨®n del Sistema Nacional de Salud o del Sistema Educativo. En 2007, el Gobierno destinar¨¢ seis veces m¨¢s recursos a las Comunidades Aut¨®nomas para la atenci¨®n a las personas mayores y a las personas con discapacidad que los que presupuest¨® la anterior Administraci¨®n en 2004. Las autonom¨ªas cuentan ahora con medios estatales con los que ni siquiera so?aban en la pasada legislatura.
En definitiva, el objetivo de todo buen gobierno debe centrarse en la ejecuci¨®n de medidas que mejoren la vida de los ciudadanos y ampl¨ªen sus derechos, especialmente para los m¨¢s desfavorecidos. Hoy nos encontramos ante la puesta en marcha de un nuevo sistema de protecci¨®n social en Espa?a y el reconocimiento de un nuevo derecho de ciudadan¨ªa para personas mayores y personas con discapacidad. La Ley de Dependencia impulsada por Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero mejorar¨¢ la calidad de vida de las personas dependientes y de sus familias y situar¨¢ a nuestro pa¨ªs en la vanguardia de las Sociedades del Bienestar.
Amparo Valcarce es secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.
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