Trampas para el cuarto pilar

Lo mejor de la Ley de Promoci¨®n de la Autonom¨ªa Personal y Atenci¨®n a las Personas en Situaci¨®n de Dependencia (LEPA) es que por fin existe. Servir¨¢ para hacer luz sobre un fen¨®meno social que hasta ahora era tratado como un asunto invisible, particular, privativo del ¨¢mbito familiar, con costes de oportunidad impropios de sociedades modernas y pr¨®speras. Se presume que originar¨¢ importantes efectos desde el punto de vista humano y de la construcci¨®n de la sociedad. Quienes abogamos por los derechos humanos de las personas con diversidad funcional (discapacidad) vemos complicaciones para que esta ley sea un instrumento para lograr su ciudadan¨ªa efectiva. Lograr esta aspiraci¨®n de liberaci¨®n supone sortear algunas trampas. Son frutos colaterales de las acciones racionales emprendidas por el Estado y dirigidas a garantizar la ciudadan¨ªa de las personas en situaci¨®n de dependencia con la LEPA. El Sistema para la Autonom¨ªa y Atenci¨®n a la Dependencia (SAAD), el "cuarto pilar del bienestar", deber¨¢ sortear estas trampas para la consecuci¨®n de la plena ciudadan¨ªa, m¨¢s all¨¢ del papel.

La ley alienta los artificios sustentadores del 'minusvalidismo' y el 'viejismo'

En primer lugar, encontramos la trampa del paradigma, fundada sobre las creencias, valores y pr¨¢cticas que condicionan la percepci¨®n del fen¨®meno de la dependencia, conformando una cosmovisi¨®n que nos reduce a personas que tienen el derecho a esperar ayuda de manos de profesionales que asumen una potestad categ¨®rica. Imposibilita para reconocer a las personas en situaci¨®n de dependencia como personas con diversidad funcional, sin distinci¨®n por criterios de edad o etiolog¨ªa de la insuficiencia, que funcionamos de forma diferente, interactuando con numerosas barreras que impiden la participaci¨®n en igualdad de condiciones. Alienta los artificios sustentadores del minusvalidismo y el viejismo.

La visi¨®n asistencialista encuentra su caldo de cultivo ideal en el espacio sociosanitario, siendo el ¨¢mbito profesional de los servicios sociales, el de mayor peso en el SAAD, el veh¨ªculo de transmisi¨®n diseminador de est¨¢ndares hacia los ¨¢mbitos sociopol¨ªticos y civiles. Es la madre trampa que impregna el esp¨ªritu de la ley. Comporta un formidable lastre para la sociedad, subyugando el pensamiento individual y limit¨¢ndolo a unos presupuestos que impiden avanzar hacia un modelo de vida independiente que demanda el derecho a la diferencia, la autodeterminaci¨®n, la accesibilidad, la calidad de vida y la igualdad de oportunidades.

Otros movimientos de liberaci¨®n han prosperado ya, ampliando derechos para lograr la ciudadan¨ªa igualitaria de mujeres, de personas homosexuales o minor¨ªas ¨¦tnicas. El prejuicio asistencialista incapacita para apreciar a las personas con diversidad funcional en situaci¨®n de dependencia como ciudadanos que hemos de enfrentar problemas sociales, econ¨®micos y pol¨ªticos que son una manifiesta discriminaci¨®n de nuestros derechos humanos y civiles. ?C¨®mo superar el prejuicio? Contando con los medios para responsabilizarnos de nuestra propia vida: imag¨ªnennos pudiendo.

Luego est¨¢ la trampa econ¨®mica, vinculada a la financiaci¨®n del SAAD. Estimulados por el r¨ªo del nuevo man¨¢ (esperando el 1% del PIB en 2015), los grupos de inter¨¦s del sector sociosanitario esperan su oportunidad en primera l¨ªnea: sindicatos que se robustecer¨¢n a trav¨¦s de la capacitaci¨®n y el encuadramiento del personal, el tercer sector proveedor de servicios deseoso de crecer, profesionales que procuran estabilidad o influencia, etc¨¦tera. Y, al fondo, desprovistos de poder¨ªo e influencia, perseveramos los consumidores del SAAD, que pretendemos acci¨®n positiva para decidir sobre nuestra propia existencia y participar activamente en la cotidianeidad de nuestras ciudades, pueblos o aldeas. Empe?ados en ser libres.

La presi¨®n de los grupos de primera l¨ªnea actuar¨¢ para afirmar el viejo paradigma, refrenando perspectivas de cambio valedoras de los derechos humanos y la vida independiente, percibidas como amenazas para el statu quo y las expectativas sobre el man¨¢.

La trampa econ¨®mica compromete al modo de financiaci¨®n del sistema con la participaci¨®n de los usuarios en funci¨®n de rentas y patrimonios, algo inaudito en los sistemas p¨²blicos de sanidad, educaci¨®n b¨¢sica o pensiones. La doble imposici¨®n no afectar¨ªa a las rentas m¨¢s altas porque pueden prescindir del SAAD, ni a las m¨¢s bajas porque tienen derecho a esperar ayuda, pero debilita a una mayor¨ªa de usuarios desincentivados para trabajar, responsabilizarse o ahorrar: penalizados. Eludir el modo de financiaci¨®n m¨¢s equitativo, derivado de impuestos directos progresivos, menoscaba una categor¨ªa social mediante un nuevo agravio econ¨®mico, a?adido al coste b¨¢sico de vivir con discapacidad (un importe adicional medio de 27.398 euros al a?o).

El SAAD es una inversi¨®n social generadora de empleo, consumo, cotizaciones, impuestos e importantes retornos econ¨®micos, alumbrada en ¨¦poca de crecimiento econ¨®mico, con super¨¢vit presupuestario. ?Por qu¨¦ pretender la sostenibilidad del sistema con aportaciones de los usuarios? El CIS sabe de espa?oles que pagar¨ªan m¨¢s impuestos por mejor protecci¨®n social. La trampa del derecho asoma al configurarse un derecho subjetivo fundamentado en principios de universalidad, equidad y accesibilidad, pero situando a los beneficiarios del nuevo sistema en desventaja con los otros tres pilares del bienestar, y omitiendo la obligatoriedad de proporcionar apoyos para la participaci¨®n de los beneficiarios en las actividades sociales. ?Puede un derecho de calidad inferior construir una clase inferior de personas?

Reducirnos al nivel de criaturas que sobreviven en hogares o excluidos en instituciones es una forma de opresi¨®n, al margen de la nueva generaci¨®n de derechos que procuran la puesta en valor de la diferencia. Corresponde al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales elaborar reglamentos conformes al actual modelo de derechos impulsados desde la Uni¨®n Europea y la ONU. Espa?a suscribir¨¢ la Convenci¨®n Internacional sobre derechos de las personas con diversidad funcional apoyando un modelo de ciudadan¨ªa basada en el derecho a la diferencia, la no discriminaci¨®n y la acci¨®n positiva para la igualdad de oportunidades. Consejo Territorial y Comunidades Aut¨®nomas son competentes para adherirse a las disposiciones y recomendaciones que han fundamentado la ¨²ltima generaci¨®n de avances sociales. Por favor, pongamos al d¨ªa la LEPA.

Jos¨¦ Antonio N¨®voa Romay es miembro del Foro de Vida Independiente.