Las ventajas electorales del 'm¨¦todo Lamela'

El mejor ejemplo de que la lista de espera se ha convertido en una poderosa arma electoral est¨¢ en la Comunidad de Madrid. En octubre de 2003, Esperanza Aguirre gan¨® las elecciones tras una campa?a electoral en la que, entre otras muchas cosas, prometi¨® p¨²blicamente que reducir¨ªa la espera m¨¢xima para ser operado en la sanidad p¨²blica a 30 d¨ªas. Ya entonces estaba en vigor el Real Decreto 605/2003, que obligaba a todas las comunidades aut¨®nomas a seguir el mismo m¨¦todo para las listas de espera: los pacientes ser¨ªan registrados en el momento en que los m¨¦dicos les prescrib¨ªan una operaci¨®n.

Llegados al poder, Aguirre y su consejero de Sanidad, Manuel Lamela, cambiaron las reglas del juego con una orden (602/2004) que les permit¨ªa utilizar otro sistema; los pacientes ser¨ªan incluidos en la lista cuando el anestesista considere que pueden ser operados. "Ser¨ªa incomprensible que el Gobierno regional pudiera comprometerse a operar a un paciente en un plazo m¨¢ximo de 30 d¨ªas sin saber previamente si puede ser operado", escrib¨ªa Lamela el 13 de diciembre en la secci¨®n Cartas al Director de este peri¨®dico.

El m¨¦todo Lamela consegu¨ªa as¨ª reducir la lista a 9 d¨ªas de media, una cifra a todas luces imposible a tenor de los datos nacionales que establecen una media de 72 d¨ªas por especialidades y 91 por los 11 procesos m¨¢s frecuentes. El resultado de aquella pugna pol¨ªtica acab¨® con la expulsi¨®n de Madrid del c¨®mputo nacional que se dio tras la reuni¨®n del Consejo Interterritorial, que re¨²ne peri¨®dicamente al resto de comunidades y al Ministerio de Sanidad, que preside Elena Salgado. El propio consejero reconoci¨® en una ocasi¨®n que, si se utilizase el procedimiento com¨²n al resto de territorios, la demora media en la regi¨®n ascender¨ªa a 42 d¨ªas. Luego se desdijo asegurando que con esa cifras se refer¨ªa a la "media prospectiva", una cifra estad¨ªstica que dar¨ªa el tiempo necesario para operar a todos los pacientes que est¨¢n en la lista de la comunidad.

Sin embargo, la desobediencia de la regi¨®n madrile?a s¨®lo tuvo como castigo la expulsi¨®n del c¨®mputo nacional. El Ministerio de Sanidad podr¨ªa haberle llevado a los tribunales al tratarse de un incumplimiento de un Real Decreto, pero no lo hizo.

Las recientes sentencias de los tribunales se?alan que hay casos en los que la espera est¨¢ muy lejos de las cifras del Gobierno regional y que vienen de muchos a?os antes de que la Comunidad estuviera gobernada por Aguirre. Los hechos ocurrieron en 1991, cuando gobernaba el socialista Joaqu¨ªn Leguina. Una mujer fue incluida en las listas para ser operada de un o¨ªdo que supuraba a chorros. Pas¨® nueve a?os en el registro sin ser intervenida. Perdi¨® el 80% de la capacidad auditiva del o¨ªdo izquierdo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la comunidad a indemnizarle con 18.000 euros.