?Qui¨¦n teme la transparencia?
Deber¨ªa ser una pr¨¢ctica admitida socialmente con total normalidad el hecho de que los individuos con responsabilidades de Gobierno declarasen por imperativo legal sus bienes patrimoniales como tr¨¢mite previo a la toma de posesi¨®n. Hay precedentes en otros pa¨ªses e incluso en otras comunidades auton¨®micas en las que este requisito est¨¢ vigente y constituye un signo de madurez y transparencia democr¨¢tica. El posible morbo o expectaci¨®n que haya podido suscitar por estos pagos se ha debido ¨²nicamente a la novedad de que las biograf¨ªas de los pol¨ªticos con ¨¢reas de poder e influencia se completen con estas informaciones en buena parte ignoradas acerca de su estatus econ¨®mico.
Tal acaba de acontecer con la reciente declaraci¨®n de bienes que han publicado en sus respectivas p¨¢ginas partidarias web los diputados del PSPV y EU-L'Entesa. As¨ª, a ra¨ªz de lo divulgado, sabemos que ninguno de los parlamentarios de izquierda puede inscribirse en el registro de las grandes, ni siquiera medianas, fortunas. Sin llamativas diferencias, todos pertenecen a un mismo segmento social y en su mayor¨ªa coinciden en considerar el cargo pol¨ªtico como un tr¨¢nsito, pues as¨ª se desprende de los seguros de vida, fondos de pensiones y ahorro en forma de vivienda y peque?as inversiones efectuadas. Un fil¨®n de datos para quien se incline por un estudio sociol¨®gico pormenorizado del estamento pol¨ªtico que podr¨¢ completarse el d¨ªa que los representantes de la derecha declaren sus bienes. Llegados a ese punto cabr¨ªa establecer incluso las relaciones entre patrimonio e ideolog¨ªa, pudiendo darse el caso, nada excepcional por otra parte, de que los hay conservadores con poca o ninguna riqueza. Remedando a Josep Franco en su Catecisme per agnostics (Edicions 3i4) se dir¨ªa de ellos que no son de esa clase patrimonial, pero viven con la ilusi¨®n de pertenecer a ella. Son de derecha sin causa, una verdadera inconsecuencia.
Podr¨¢ arg¨¹irse que esta declaraci¨®n que glosamos es poco menos que un brindis al sol, un gesto electoral de cara a la galer¨ªa, ya que no es entre los diputados y en el ejercicio del cargo donde se vienen produciendo los grandes incrementos patrimoniales. ?stos, como es sabido, se han dado y dan en el marco del urbanismo y al amparo de la pol¨ªtica municipal. En realidad, a quienes se les deber¨ªa exigir, no una declaraci¨®n, sino una radiograf¨ªa de sus bienes, los propios y los colaterales, es a los alcaldes y concejales responsables de la parcela urban¨ªstica, verdadero vivero de las corrupciones m¨¢s escandalosas.
Gesto electoral y acaso oportunista, pero que, por lo pronto, ha puesto en evidencia al PP valenciano, que se ha negado a secundarlo, posiblemente porque no ha podido. Tiene muchos casos judiciales abiertos y tantos m¨¢s bajo sospecha o con sobrados indicios de s¨²bitos y nebulosos enriquecimientos. Admitir la pertinencia de la declaraci¨®n ser¨ªa validar el precedente que, m¨¢s antes que despu¨¦s -sobre todo, si gobierna la izquierda, como tiene prometido-, habr¨¢ de ser obligatorio para todo pol¨ªtico que gestione bienes p¨²blicos, como dec¨ªamos. La transparencia en todos los ¨®rdenes de la vida p¨²blica, a la postre, no es m¨¢s que un exponente de madurez democr¨¢tica, y en el marco auton¨®mico valenciano ha ido diluy¨¦ndose desde que la derecha gobierna hegem¨®nicamente.
No obstante lo dicho, pecar¨ªamos de ingenuos si confundi¨¦semos la declaraci¨®n de bienes con la p¨®cima prodigiosa contra la fauna de manguis que asola la pol¨ªtica valenciana. Y la espa?ola, claro, pero es aqu¨ª, en el Pa¨ªs Valenciano, donde nos interesa prioritariamente y donde deben tomarse las medidas que se han adoptado ya en Castilla-La Mancha y Extremadura. Resulta obvio que la confesi¨®n patrimonial no conjura la tentaci¨®n de prevaricar, rendirse al soborno o incurrir en cualquier otra debilidad provechosa e ilegal, como el manido tr¨¢fico de influencias en el que anda enredado un pol¨ªtico de campanillas. No la conjura, decimos, pero la pone m¨¢s cuesta arriba al establecer la obligaci¨®n -al menos moral- de justificar las opulencias sobrevenidas en el ejercicio del cargo. El PP, por ahora, no quiere verse en ese trance.
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