Expedientados y apartados del servicio los dos l¨ªderes de la manifestaci¨®n de guardias civiles

La Direcci¨®n General de la Guardia Civil abri¨® ayer expediente por falta muy grave a los dos dirigentes de la Asociaci¨®n Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que m¨¢s se significaron en la manifestaci¨®n de agentes de uniforme celebrada el d¨ªa 20 en Madrid. El secretario general del protosindicato, Joan Miquel Perpign¨¢, quien lanz¨® la soflama final de la protesta, y su responsable de comunicaci¨®n, Juan Antonio Delgado, conductor del acto, han sido apartados cautelarmente del servicio por tres meses y, en caso de ser sancionados, podr¨ªan ser despedidos. Ya se preparan cuatro expedientes m¨¢s.

La apertura de los expedientes gubernativos por parte del director general del instituto armado y de la polic¨ªa, Joan Mesquida, era obvia desde el mismo d¨ªa de la protesta. ?sta hab¨ªa sido convocada para reclamar al Gobierno que cumpliera las promesas electorales del PSOE de aprobar una nueva ley disciplinaria y el estatuto de derechos y deberes de los guardias, que incluyese el derecho al asociacionismo reivindicativo. No obstante, el acto deriv¨® en una reclamaci¨®n de la desmilitarizaci¨®n del cuerpo, trufada de improperios al presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero.

Se esperaba el expediente, pero con el convencimiento de que ser¨ªa por falta "grave", no "muy grave", como ha sido. Perpign¨¢ y Delgado ya han recibido la comunicaci¨®n de que se les ha abierto expediente por falta muy grave tipificada en el art¨ªculo 9.9, que castiga "observar conductas gravemente contrarias a la disciplina, servicio o dignidad de la instituci¨®n que no constituya delito", seg¨²n reza el vigente R¨¦gimen Disciplinario de la Guardia Civil, cuyo anteproyecto de reforma fue aprobado en enero por el Consejo de Ministros.

Los dos han sido apartados cautelarmente del servicio durante tres meses, en atenci¨®n "a la gravedad y a la trascendencia p¨²blica" de la falta, seg¨²n fuentes conocedoras del proceso. Estos agravantes se deber¨ªan al hecho de que la manifestaci¨®n de la Plaza Mayor de Madrid se hizo de uniforme y a que se lanzaron insultos contra el presidente del Gobierno. La medida cautelar supone que no trabajar¨¢n pero s¨ª cobrar¨¢n su n¨®mina, pero sin los complementos de destino o de productividad. Perpign¨¢ se encuentra de baja pero Delgado est¨¢ totalmente en activo.

Otros investigados

Estos expedientes son previsiblemente los primeros, ya que, seg¨²n las fuentes consultadas, se baraja la apertura de media docena, que recaer¨ªan sobre los guardias que subieron al escenario de uniforme y tambi¨¦n por falta muy grave. Ya se ha comprobado que de la treintena de aupados en el p¨²lpito hab¨ªa agentes expulsados (por lo que lucir el uniforme puede ser incluso delito), algunos retirados (no podr¨ªan ser sancionados) e incluso algunos que luc¨ªan trajes distintos de los de su graduaci¨®n profesional.

Lo que pr¨¢cticamente est¨¢ descartado es que se abra expediente a los agentes que estaban a pie de plaza. Las fuentes consultadas han rebajado de 3.000 a 1.200 los asistentes, de los que s¨®lo unos 800 estar¨ªan en activo. Igualmente se ha descartado la aplicaci¨®n del C¨®digo Penal Militar (no ser¨¢n arrestados, ya que el propio Mesquida ha pedido por escrito que no se aplique este castigo) o que los expedientados tengan que comparecer ante un tribunal militar. La Direcci¨®n General del instituto armado tendr¨¢ que comunicar los hechos a la fiscal¨ªa militar, pero ya el tipo de falta muy grave elegido explica que la conducta observada no constituye delito.

El expediente inicia ahora una larga andadura, que casi con total seguridad se ver¨¢ jalonada de protestas (la AUGC y el Sindicato Unificado de Polic¨ªa anunciaron respuestas contundentes en caso de que se llegara a esta situaci¨®n) y negociaciones. Es proceso puede prolongarse durante seis meses, pero se puede llegar a una pr¨®rroga.

El R¨¦gimen Disciplinario prev¨¦ para las faltas muy graves las posibles sanciones de p¨¦rdida de escalaf¨®n (el castigado baja puestos en las listas de su promoci¨®n y escala, lo que merma sus posibilidades de ascenso o traslado), suspensi¨®n de empleo (de hasta un a?o) o separaci¨®n del servicio (en la pr¨¢ctica, el despido). Esta ¨²ltima medida s¨®lo puede ser impuesta por el ministro de Defensa, previo informe del de Interior. Pero tambi¨¦n cabe que se adopte la decisi¨®n de archivar el expediente o que, ante el chaparr¨®n de cr¨ªticas, se llegue a una soluci¨®n negociada, con sanci¨®n.

Confidencialidad

La Direcci¨®n General de la Guardia Civil y la Polic¨ªa, cargo ocupado por Joan Mesquida, declin¨® ayer hace cualquier tipo de comentario oficial sobre la apertura de los expedientes, dada la "confidencialidad habitual" de este tipo de actuaciones gubernativas. S¨ª precisaron, no obstante, que un expediente no supone directamente una sanci¨®n, sino s¨®lo una investigaci¨®n "con todas las garant¨ªas y con abogado por ser muy grave". La AUGC, por su lado, se reserva su reacci¨®n para hoy, d¨ªa en que celebran en Madrid una asamblea general extraordinaria.

Perpign¨¢ y Delgado pr¨¢cticamente estaban seguros de que ellos iban a ser el primer objetivo de los expedientes. Delgado fue quien dio la palabra a los distintos oradores de la manifestaci¨®n, entre los que se encontraban en fil¨®sofo Fernando Savater, el l¨ªder de CC OO, Jos¨¦ Mar¨ªa Fidalgo, o el presidente de la Asociaci¨®n Unificada de Militares espa?oles (AUME), el brigada Jorge Bravo, recluido desde el jueves en una prisi¨®n militar.

La AUGC hab¨ªa solicitado a la Delegaci¨®n del Gobierno en Madrid permiso para manifestarse, que le fue concedido. Pero en la comunicaci¨®n no se dec¨ªa que los asistentes iban a acudir de uniforme. De haber sido as¨ª, la Delegaci¨®n habr¨ªa aplicado el precepto que limita el derecho de reuni¨®n de los militares y les impide este tipo de actos de uniforme fuera de sus acuartelamientos.