M¨¢s de la mitad de las condenas penales se resuelven sin llegar a juicio

M¨¢s de la mitad de los condenados espa?oles han aceptado su culpabilidad antes del juicio, han asumido la pena pactada entre el fiscal y su abogado y han renunciado a pedir su absoluci¨®n. Se est¨¢ imponiendo el modelo de justicia negociada, muy implantada en pa¨ªses anglosajones como EE UU. Para el Estado las ventajas son claras: se agiliza la Administraci¨®n de justicia, m¨¢s que saturada, y se ahorran costes. El acusado, por su parte, obtiene una rebaja en la sanci¨®n. Pero esta pr¨¢ctica tambi¨¦n tiene detractores, que aseguran que, usada de forma generalizada, disminuye las garant¨ªas del imputado.

Las cifras sobre los pactos en la justicia penal son concluyentes: en los primeros nueve meses de 2006, el 52% de las sentencias condenatorias de juzgados de lo penal y Audiencias Provinciales fueron lo que en t¨¦rminos procesales se llama de "conformidad", seg¨²n el Consejo General del Poder Judicial. En 2005 fueron el 56%. Las estad¨ªsticas antiguas no incluyen este dato, por lo que es dif¨ªcil comprobar la evoluci¨®n, pero el titular del juzgado de lo penal n¨²mero 20 de Madrid, Ram¨®n S¨¢ez, indica que ha observado que las conformidades "se han generalizado".

En los juicios r¨¢pidos, que se celebran desde 2003 para enjuiciar algunos delitos (de tr¨¢fico, hurtos o algunos de violencia machista, por ejemplo), el porcentaje es a¨²n mayor. Supera en todo caso el 50%, seg¨²n la Memoria de la Fiscal¨ªa General del Estado de 2005, y la Fiscal¨ªa de Guip¨²zcoa, por ejemplo, registra un 85%. En estos procedimientos la conformidad puede acordarse directamente en el juzgado de guardia, y la pena se rebaja de forma autom¨¢tica un tercio. No hace falta convocar a juicio.

As¨ª es como se pacta antes del juicio: Antonio A. est¨¢ acusado de conducir borracho y de causar da?os en otro coche. Su abogada entra primero en la sala y habla con la fiscal. Negocian. Est¨¢n tambi¨¦n los abogados de la v¨ªctima y de Mapfre, aseguradora del acusado. Llegan a un acuerdo. El fiscal ped¨ªa una multa de 10 meses a 12 euros diarios (3.660 euros). Pactan que, si reconoce los hechos, el castigo sea de seis meses de multa a tres euros por d¨ªa (549 en total).

Sin recurso

La abogada sale de la sala. Habla con el cliente, y le cuenta la oferta. Cuando entran de nuevo, la juez pregunta: "?Usted ha entendido el delito que se le imputa? ?Le ha informado su letrada de todo? ?Se conforma con el delito y la pena?". ?l asiente. Sale de juzgado con la sentencia firme y sin posibilidad de recurso. En este juzgado, el penal n¨²mero 17 de Madrid, se celebraron esa ma?ana ocho juicios. En cuatro hubo conformidad.

Este sistema conviene al acusado cuando las pruebas son abrumadoras. El caso t¨ªpico es el de los delitos de tr¨¢fico, cuando se da positivo en alcoholemia y hay poca posibilidad de salir absuelto, como en el caso de Antonio A., pero no son los ¨²nicos. ?Realmente hay pruebas concluyentes en un porcentaje tan alto de procedimientos? La respuesta de los expertos no es un¨¢nime. La Fiscal¨ªa General del Estado, por ejemplo, s¨®lo ve bondades en las conformidades en los juicios r¨¢pidos. En la Memoria de 2005 afirma que suponen "un beneficio para el acusado, que consigue una disminuci¨®n de la pena, y para la v¨ªctima, que obtiene una respuesta inmediata".

Los portavoces de las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria -moderada- y Jueces para la Democracia -progresista- aseguran que en la mayor¨ªa de los casos de conformidad la polic¨ªa ha pillado al delincuente in fraganti. Subrayan, adem¨¢s, que esta pr¨¢ctica permite mantener un buen ritmo de juicios.

El magistrado del Tribunal Supremo Perfecto Andr¨¦s Ib¨¢?ez entiende, sin embargo, que la conformidad supone una perversi¨®n del modelo jurisdiccional que recoge la Constituci¨®n. "?Qu¨¦ menos le vas a dar a un imputado que un juicio?", se pregunta. "La conformidad es un mercadeo; no se juzga seriamente si el acusado ha cometido los hechos". Asegura, adem¨¢s, que "estad¨ªsticamente tienden a conformarse los imputados m¨¢s desprotegidos, con defensa de oficio". "Un abogado de pago, si ve cualquier resquicio de defensa, intenta la absoluci¨®n. Al final, el juicio lo tiene quien lo paga". Los letrados de oficio cobran lo mismo por un juicio celebrado que por una conformidad, que exige mucho menos trabajo.

Luis Ruip¨¦rez, presidente de la Comisi¨®n de Asistencia Jur¨ªdica Gratuita del Consejo General de la Abogac¨ªa Espa?ola, asegura que puede haber excepciones, pero que "los abogados de oficio aceptan la conformidad s¨®lo cuando, vistas las actuaciones, el acuerdo es lo que m¨¢s beneficia al cliente".

El magistrado Ram¨®n S¨¢ez opina que la "justicia negociada es injusta pero c¨®moda para todos. El abogado no tiene que estudiar el caso, el fiscal acaba r¨¢pido y el juez s¨®lo tiene que plasmar en sentencia el acuerdo". En su juzgado apenas las acepta. "El otro d¨ªa vino una abogada quej¨¢ndose de que su cliente no quer¨ªa pactar. Se celebr¨® el juicio, no hab¨ªa pruebas, y lo absolv¨ª. Si hubiera hecho caso a su letrada estar¨ªa condenado. Se est¨¢ perdiendo el sentido de la justicia". El abogado Alberto Jabonero coincide: "Creo que la defensa es un derecho b¨¢sico de los acusados". Pero no atribuye toda la responsabilidad del exceso de pactos a los abogados. "Los jueces y los fiscales tienen la obligaci¨®n, en todo caso, de asegurarse de que la conformidad sea correcta".