Memoria hist¨®rica y consolidaci¨®n democr¨¢tica

En julio de 1936 estall¨® en este pa¨ªs una rebeli¨®n militar contra las instituciones leg¨ªtimas. Aquella rebeli¨®n era abiertamente ilegal, y sumi¨® el pa¨ªs en una lucha cruel y fratricida, al cabo de la cual se instal¨® una dictadura. Aquella dictadura nac¨ªa con la mancha original de sus or¨ªgenes y adem¨¢s practic¨® durante otros 36 a?os la negaci¨®n institucional sistem¨¢tica de los derechos humanos. A mi entender, cualquier ley que aspire a dar reparaci¨®n a las v¨ªctimas de la Guerra Civil y de la dictadura debe empezar por declarar la ilegalidad e ilegitimidad de la rebeli¨®n militar de 1936 y de la dictadura que esa rebeli¨®n implant¨® en Espa?a. Y, por derivaci¨®n, debe establecer la nulidad de todos los actos jur¨ªdicos emanados de aquel r¨¦gimen.

Durante la transici¨®n se pas¨® de puntillas -hubo razones para hacerlo- sobre las responsabilidades pasadas. Hoy, 31 a?os despu¨¦s de la muerte del dictador, abstenerse de condenar el golpe de Estado y la dictadura ser¨ªa un paso en falso. Necesitamos que la legislaci¨®n deje muy claro, como se hace con el terrorismo, que la rebeli¨®n militar no puede ser en ning¨²n caso un mecanismo leg¨ªtimo de intervenci¨®n pol¨ªtica. ?ste ser¨ªa el acto de reparaci¨®n hist¨®rica que a m¨ª, como represaliado por la dictadura, mayor satisfacci¨®n me dar¨ªa.

Adem¨¢s de condenar el golpe de Estado, se deber¨ªa condenar y dejar sin efecto los actos jur¨ªdicos emanados de la jurisdicci¨®n pol¨ªtica o ideol¨®gica de la dictadura que conculcan los derechos humanos. Tenemos el precedente de Alemania, donde se declar¨® la nulidad general de los actos de la jurisdicci¨®n nazi. Una vez declarada la nulidad general, se pueden arbitrar procedimientos que permitan a los particulares que lo deseen obtener una resoluci¨®n judicial para su caso concreto. Juristas competentes han sostenido p¨²blicamente que esto es perfectamente factible, y adem¨¢s recomendable.

Las agrupaciones de represaliados y las entidades que reivindican la memoria democr¨¢tica han dado ya opiniones muy acertadas, que el Gobierno conoce pero no quiere asumir. No hace falta repetirlas. Creo interpretar la opini¨®n de las restantes v¨ªctimas de la represi¨®n franquista al decir que ninguno de nosotros deseamos venganza ni castigos ejemplares. No queremos resucitar viejas rencillas y odios. Al contrario. A lo que aspiramos es a un reconocimiento oficial de la injusticia, y lo queremos para que nunca m¨¢s se repita. Las v¨ªctimas no necesitamos ninguna "Declaraci¨®n de reparaci¨®n y reconocimiento" de ninguna Comisi¨®n del Congreso, como la prevista en el art¨ªculo 3 del proyecto de ley, que equivale a un humillante "certificado de buena conducta" de ominoso recuerdo. No conozco a ninguna v¨ªctima del franquismo que no se sienta orgullosa de haber merecido la represi¨®n franquista, y que no se haya sentido rodeada del reconocimiento de sus familiares, amigos y conocidos. Estamos ya reivindicados por nuestros entornos sociales. En realidad, hoy y aqu¨ª una ley de reconocimiento de las v¨ªctimas tiene m¨¢s valor para el Estado que para las v¨ªctimas. Es el Estado el que se reivindicar¨ªa a s¨ª mismo como representaci¨®n del pueblo al condenar el golpe de Estado y sus efectos pol¨ªtico-jur¨ªdicos.

Otro aspecto inaceptable del proyecto de ley es la equiparaci¨®n entre los alzados en armas y los defensores del orden constitucional. En su art¨ªculo 2 se habla de "las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producidas, por razones pol¨ªticas o ideol¨®gicas, durante la Guerra Civil, cualquiera que fuera el bando o zona en que se encontraran quienes las padecieron, as¨ª como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura que, a su t¨¦rmino, se prolong¨® hasta 1975". La historia de la Guerra Civil se rescribe como un brote de barbarie entre las dos Espa?as. Esto tiene por efecto escamotear las responsabilidades de los alzados. En las guerras siempre se cometen abusos en ambos bandos contendientes, pero la responsabilidad principal recae en quien rompe la baraja, porque quiebra los muros de contenci¨®n que mantienen embridadas las pasiones destructivas latentes en la sociedad. Es evidente que en Espa?a se cometieron abusos inaceptables en uno y otro bando, pero quienes realmente destruyeron la legalidad fueron los generales alzados en 1936, no el general Sanjurjo en 1932 ni el movimiento obrero asturiano en 1934. Lo que cuenta no son las intenciones, sino los actos y sus consecuencias reales.

Si las condiciones mencionadas m¨¢s arriba no se cumplen, m¨¢s vale retirar el proyecto de ley. Y esperar que una generaci¨®n posterior entierre definitivamente el hacha de guerra admitiendo que en 1936 se produjo un golpe de Estado ilegal y una guerra civil de exterminio por obra de militares fascistas y sus aliados civiles.

Al enjuiciar el Holocausto -cuya memoria se ha celebrado el 27 de enero en el mundo- no se toma en consideraci¨®n las humillaciones sufridas por los alemanes por el Tratado de Versalles de 1918, ni el clima de inseguridad de la Rep¨²blica de Weimar ni si los aliados se excedieron al bombardear Dresde y otras ciudades alemanas hasta los cimientos. En cualquier caso, fue Hitler quien desencaden¨® la guerra y llev¨® a efecto el Holocausto, y la opini¨®n generalmente compartida es que debe condenarse como un crimen de lesa humanidad. El actual Gobierno alem¨¢n (de Gran Coalici¨®n) lo reconoce con tanta vehemencia que incluso est¨¢ impulsando una iniciativa europea para prohibir por ley el negacionismo. Mientras tanto, ?qu¨¦ hacemos los espa?oles? ?Dar cobertura a quienes quieran sentirse a¨²n herederos del franquismo? ?Asumir sin cr¨ªtica un episodio bochornoso de nuestra historia reciente?

Entre tanto, el PP -que est¨¢ contra la ley por razones opuestas- est¨¢ lanzando a la opini¨®n p¨²blica un claro mensaje de cobertura a los herederos del franquismo y conserva y alimenta el fuego del odio cainita que tanto da?o nos ha hecho. Los dirigentes del PP no son hoy capaces de hacerlo, pero deber¨ªan considerar que la condena legal del golpe militar y de la dictadura ser¨ªa un procedimiento elegante -y no humillante para nadie- de cerrar esta herida con una reafirmaci¨®n democr¨¢tica inequ¨ªvoca. ?Acaso no se llaman a s¨ª mismos dem¨®cratas? Y eso mismo deber¨ªan considerar los dirigentes del PSOE.

Joaquim Sempere es profesor de Sociolog¨ªa de la Universidad de Barcelona. Fue condenado en 1962 por "rebeli¨®n militar por equiparaci¨®n" a cuatro a?os de prisi¨®n en Consejo de Guerra sumar¨ªsimo por haber pintado en las paredes interiores de la Universidad de Barcelona las palabras: "Llibertat", "Amnistia" y "Fora Franco".