El control de la pol¨ªtica

La querella del Foro de Ermua contra Ibarretxe.

La pretensi¨®n de que la acci¨®n pol¨ªtica de los Gobiernos no sea controlada por los Parlamentos, sino por los tribunales penales, ataca la primac¨ªa del principio democr¨¢tico e implica un fraude constitucional

LA COMPARECENCIA el pasado mi¨¦rcoles del lehendakari Ibarretxe ante el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco (TSJPV), en tanto que imputado en una disparatada querella promovida por el Foro de Ermua tras haber recibido en su despacho oficial a dirigentes de la disuelta Batasuna, estuvo precedida de una inaceptable orquestaci¨®n callejera. Las manifestaciones y concentraciones organizadas esta semana por el PNV y el Gobierno tripartito para presionar sobre el TSJPV no carecen desgraciadamente de precedentes. Baste recordar las movilizaciones de CiU para impedir el procesamiento del presidente Pujol en el caso Banca Catalana o la masiva despedida de los socialistas al ex ministro Barrionuevo y al ex secretario de Estado Vera -condenados por el Supremo en el caso Marey- ante las puertas de la c¨¢rcel de Guadalajara (incluido el baile del corro de la patata animado por una ex ministra hoy fuera del PSOE). Algunos alcaldes del PP imputados por corrupci¨®n tambi¨¦n han organizado durante las ¨²ltimas semanas alborotadas manifestaciones de apoyo a la salida de los juzgados; Rajoy se ha limitado, por ahora, a reforzar en positivo las decisiones judiciales de su gusto, proclamando que uno de los d¨ªas m¨¢s felices de su vida -en competencia tal vez con el de la primera comuni¨®n- fue el de la fecha del auto de la Audiencia Nacional contra la prisi¨®n atenuada de De Juana.

Hay buenas razones para anticipar que la situaci¨®n artificiosamente crispada esta semana tendr¨¢ un final distendido. El 13 de noviembre de 2006, un auto del Supremo archiv¨® -"por no ser los hechos constitutivos de il¨ªcito penal alguno"- una querella interpuesta por Manos Limpias contra el presidente del Gobierno, los miembros del Consejo de Ministros y tres dirigentes del PSOE, presuntos autores de supuestos delitos cometidos en una reuni¨®n celebrada p¨²blicamente el 6 de julio de 2006 entre los socialistas vascos y representantes de la disuelta Batasuna. La fundamentaci¨®n jur¨ªdica del auto no s¨®lo pinch¨® el globo de la querella temeraria de Manos Limpias archivada por el alto tribunal, sino que ofrece argumentos sobrados para suponer que la querella del Foro de Ermua -no menos irresponsable- tendr¨¢ el mismo fl¨¢cido destino.

El sistema de controles y contrapesos del Estado constitucional -recuerda el auto del Supremo- garantiza la limitaci¨®n mutua de los poderes, el sometimiento de su ejercicio al ordenamiento jur¨ªdico y la salvaguarda de los derechos y libertades de los ciudadanos. El control propiamente dicho de la acci¨®n del Gobierno por los tribunales tiene como campo espec¨ªfico la potestad reglamentaria y la legalidad administrativa; el enjuiciamiento criminal de los gobernantes por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos no difiere en ¨²ltima instancia del tratamiento penal aplicado al resto de los ciudadanos. Pero el control del poder judicial sobre la actuaci¨®n pol¨ªtica del poder ejecutivo cede ante la primac¨ªa del principio democr¨¢tico, encarnado en el poder legislativo parlamentario, responsable de llevar a cabo ese control; la puesta en marcha de un procedimiento criminal para tratar de corregir la direcci¨®n de la pol¨ªtica interior o exterior, encomendada por la Constituci¨®n al Gobierno "leg¨ªtimamente elegido", significar¨ªa "un fraude constitucional".

El instructor del caso Ibarretxe rechaz¨®, sin embargo, el 28 de diciembre de 2006 el sobreseimiento, solicitado por la defensa a la vista de ese significativo precedente. El motivo formal justificador de esa negativa ser¨ªa la falta de coincidencia entre ambos procedimientos en lo que respecta a querellantes y querellados, tipos delictivos y grado de responsabilidad de los imputados. Pero el prejuicio ideol¨®gico subyacente al adivinable prop¨®sito del TSJPV de hacer pagar al lehendakari la humillante pena de banquillo por medio de este provocador y absurdo proceso es la incapacidad de entender que el obiter dictum del auto del Supremo acerca de la primac¨ªa del principio democr¨¢tico -encarnado en las Cortes Generales cuando se trata de controlar la acci¨®n pol¨ªtica del Gobierno central- tambi¨¦n es aplicable por l¨®gica constitucional al Parlamento vasco.