Del Ayuntamiento a la mazmorra

Un a?o aciago para quienes vieron en la funci¨®n p¨²blica un canal de enriquecimiento personal. As¨ª fue 2006, cuando por los calabozos, prisiones y juzgados han desfilado m¨¢s alcaldes y concejales que en toda la democracia. En casi todos los casos relacionados con asuntos urban¨ªsticos -competencia de la Administraci¨®n local-, aunque tambi¨¦n vinculados con concesiones irregulares de licencias de servicios municipales.

La cabeza del r¨¢nking de grandes corruptelas y tramas de fraude se localiza en el sur del mapa: en Marbella. La fiscal¨ªa de M¨¢laga considera que los m¨¢s de 70 detenidos en la Operaci¨®n Malaya formaban "un grupo delictivo de guante blanco". Nunca antes se hab¨ªa disuelto un Consistorio y se hab¨ªa formado una comisi¨®n gestora para dirigir el municipio, como ocurri¨® en Marbella en abril pasado.

Alcaldes imputados y encarcelados, fianzas astron¨®micas, desfalcos millonarios, ediles fugados, conocidos empresarios en los calabozos, recalificaciones contra cualquier l¨®gica legal o medioambiental... ?stos son los casos m¨¢s importantes, atendiendo al n¨²mero de detenidos e imputados, al dinero defraudado y al calado de la trama. En la mayor¨ªa de ellos el agujero en las arcas p¨²blicas est¨¢ a¨²n por determinar.

- Marbella (M¨¢laga). La impresionante bolsa de corrupci¨®n del Consistorio marbell¨ª no tiene parang¨®n, ni por n¨²mero de detenidos e imputados (74), ni por el dinero defraudado (el valor de lo confiscado supera los 2.400 millones), ni por la disoluci¨®n del Consistorio. 20 concejales comparecieron ante el juez Miguel ?ngel Torres imputados por delitos de cohecho, tr¨¢fico de influencias o prevaricaci¨®n.

Todos ellos pasaron por prisi¨®n; tambi¨¦n los ex alcaldes Marisol Yag¨¹e y Juli¨¢n Mu?oz. En el caso marbell¨ª no falta casi de nada, incluso cuenta con un fugado, Carlos Fern¨¢ndez, ex edil del Partido Andalucista. Se han descubierto m¨¢s de una docena de testaferros, y est¨¢n imputados cerca de una treintena de promotores, constructores y empresarios. El cerebro de la red de corrupci¨®n, Juan Antonio Roca, cobraba entre 50.000 y 600.000 euros a los promotores por favorecer sus negocios. Un solo empresario reconoci¨® ante el juez haberle pagado seis millones de euros en comisiones ilegales. Muchos de los implicados debieron pagar fianzas astron¨®micas, de hasta medio mill¨®n de euros; y siete personas siguen en la c¨¢rcel.

- Telde (Gran Canaria). La operaci¨®n policial y judicial desarrollada en el municipio grancanario ha provocado un goteo de detenciones, que comenz¨® el pasado mes de marzo. El esc¨¢ndalo salpic¨® al PP de lleno. El alcalde, Francisco Valido, y cinco concejales de ese partido -todo el equipo popular menos un edil- fueron detenidos el pasado 8 de noviembre. De las 26 personas imputadas por el presunto cobro de comisiones ilegales en el Consistorio de la localidad, 10 son militantes del PP. La mayor¨ªa de los implicados est¨¢n imputados por falsedad documental, prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. La presunta cerebro de la trama, la concejal de Obras, Mar¨ªa Antonia Torres, permaneci¨® 62 d¨ªas en la c¨¢rcel. Evitar su estancia en prisi¨®n o salir de ella tras ser encarcelados les supuso a los implicados entre 80.000 y 100.000 euros.

- Andratx (Baleares). La trama del municipio balear es menos llamativo por el n¨²mero de personas implicadas, pero merece uno de los primeros puestos en la lista por el monto de lo presuntamente estafado, y por el alcance que puede tener dentro del PP en la isla, donde cay¨® como una bomba. El caso Andratx, que estall¨® el 27 de noviembre, llev¨® a la detenci¨®n del alcalde del municipio, Eugenio Hidalgo; el director general de Ordenaci¨®n del Territorio de Jaume Matas, Jaume Massot; y el celador de Obras del municipio, Jaume Gibert. Hidalgo y Gibert se encuentran actualmente en prisi¨®n. La investigaci¨®n ha acreditado el cobro de al menos 740.000 euros, que presuntamente se repartieron estos dos imputados. Se les atribuyen delitos contra la ordenaci¨®n del territorio, de prevaricaci¨®n, negociaci¨®n prohibida a funcionarios, tr¨¢fico de influencias, cohecho y blanqueo.

Seg¨²n la tesis del fiscal, el ex alcalde gan¨® 1,8 millones en operaciones inmobiliarias que efectu¨® asociado a promotores. Mientras que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n calcula que ¨¦ste recibi¨® 1,1 millones en cohechos. La investigaci¨®n atribuye 39 millones a supuestas ilegalidades en licencias, permisos de obras, y falsedades en certificados de suelo para convertir zonas protegidas en urbanas o en suelo r¨²stico edificable.

- Ciempozuelos (Madrid). Las fianzas m¨¢s abultadas fueron las impuestas a los ex alcaldes socialistas de este municipio madrile?o. Joaqu¨ªn Tejeiro y Pedro Torrej¨®n abandonaron la c¨¢rcel tras abonar sendos pagos de 900.000 euros. Ambos ex regidores, imputados por cohecho y blanqueo de capitales, presuntamente depositaron algo m¨¢s de un mill¨®n de euros en una entidad bancaria de Andorra, y pactaron con la inmobiliaria Esprode el pago de 40 millones de euros a cambio de varias recalificaciones urban¨ªsticas en el municipio. Hace s¨®lo unos d¨ªas, el fiscal pidi¨® la reapertura de la instrucci¨®n al considerar que algunos de los denunciantes del caso han podido utilizar las medidas cautelares del juez para dar pelotazos urban¨ªsticos en la zona.

- Alahur¨ªn el Grande (M¨¢laga). Juan Mart¨ªn Ser¨®n, alcalde de esta localidad malague?a de 22.000 habitantes, es tambi¨¦n miembro de la directiva regional del partido y diputado provincial en M¨¢laga. Fue arrestado el 18 de enero en Marbella. Ese mismo d¨ªa tambi¨¦n fue detenido el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra. El juez les impuso una fianza de 100.000 euros, que el regidor logr¨® reunir en apenas cinco horas. En su vivienda fueron intervenidos 63.000 euros, y otros 7.000 fueron hallados en su despacho. Ambos est¨¢n imputados por prevaricaci¨®n y cohecho, al pedir presuntamente a un promotor 100.000 euros a cambio de la concesi¨®n de una licencia de construcci¨®n, y paralizar hasta cuatro veces las obras de un bloque de viviendas cuya promotora, una farmac¨¦utica de la localidad, presuntamente se neg¨® a pagar 12.000 euros al Ayuntamiento.

- Santa Cruz de Tenerife. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (Coalici¨®n Canaria), anunci¨® recientemente que volver¨¢ a presentarse a la reelecci¨®n. Esta declaraci¨®n se produc¨ªa d¨ªas despu¨¦s de que el juez Baltasar Garz¨®n incluyera su nombre entre los presuntos implicados de una derivaci¨®n del caso de la estafa filat¨¦lica de F¨®rum. Pero ese no es el ¨²nico asunto presuntamente irregular en el que ha incurrido este alcalde. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha presentado una querella contra ¨¦l (por prevaricaci¨®n y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos) y otras 10 personas -tres concejales, entre ellos los portavoces del PP y del PSOE, cinco t¨¦cnicos municipales y dos empresarios- por una operaci¨®n de compraventa de terrenos en la playa de Las Teresitas, con cargo a los presupuestos municipales.

- Mog¨¢n (Gran Canaria). En este pueblo grancanario el cat¨¢logo de presuntos delitos es amplio: prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias, omisi¨®n del deber de perseguir delitos, contra la ordenaci¨®n del territorio y del medioambiente, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, delito electoral relacionado con falsedad documental, descubrimiento y revelaci¨®n de secretos. Cada una de esas acusaciones cay¨® como un aldabonazo sobre los cinco implicados. Uno de los aspectos m¨¢s curiosos de ese caso es que la denuncia ante la fiscal¨ªa parti¨® de dos antiguas ediles del PP, que no quisieron seguir soportando la pasividad del partido ante sus reiteradas denuncias. El alcalde popular, Francisco Gonz¨¢lez, ostentaba la competencia de urbanismo. Adem¨¢s del primer edil fueron detenidas otras cuatro personas, entre ellas la primer teniente de alcalde, Onalia Bueno Garc¨ªa. En este municipio a la corrupci¨®n urban¨ªstica se une un presunto delito electoral de compra de votos. Todos los imputados se encuentran en libertad sin fianza. El alcalde sigue ejerciendo su cargo en el Ayuntamiento.

- Castell¨®n. El presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n y presidente provincial del PP est¨¢ bajo sospecha desde el a?o 2003 por presuntos delitos de tr¨¢fico de influencias, cohecho y un posible fraude fiscal. Carlos Fabra est¨¢ imputado por un asunto relacionado con la comercializaci¨®n de productos fitosanitarios, y existe contra ¨¦l una denuncia por no haber justificado la procedencia de ingresos en efectivo por un valor de 600.000 euros, as¨ª como el impago de cuotas del impuesto de la renta por unos 150.000 euros. El empresario Vicente Vilar le ha acusado de cobrarle cantidades millonarias a cambio de mediar ante la Administraci¨®n central para agilizar autorizaciones de fabricaci¨®n de productos fitosanitarios. A pesar de todo ha anunciado que se presentar¨¢ a las pr¨®ximas elecciones.

- Orihuela. (Alicante). Las investigaciones se centran en unas facturas presentadas a cobro por parte de la empresa Necso, y el abono, mediante decreto de la alcald¨ªa, de un extra de 180.000 euros a la plantilla de esa empresa en 2004, para evitar una huelga. El alcalde de Orihuela, Jos¨¦ Manuel Medina (del PP), est¨¢ adem¨¢s bajo sospecha por el uso de un veh¨ªculo Rolls Royce y un chal¨¦ propiedad de promotores locales beneficiados con adjudicaciones urban¨ªsticas en suelo no urbanizable. Medina est¨¢ imputado por delitos de falsedad, prevaricaci¨®n y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos.

- Catral (Alicante). Jos¨¦ Manuel Rodr¨ªguez Leal est¨¢ imputado por dos delitos: uno de prevaricaci¨®n y otro contra la ordenaci¨®n del territorio. El alcalde socialista de Catral permiti¨® la construcci¨®n masiva en suelo no urbanizable y sin licencia; algunas de las viviendas fueron levantadas en el parque natural de El Hondo. Se estima que esas construcciones generaron unos 80 millones en dinero negro. Rodr¨ªguez Leal dej¨® el partido, pero no ha renunciado a la alcald¨ªa.