La lucha por el poder de la derecha pol¨ªtica

La recusaci¨®n del magistrado Pablo P¨¦rez Tremps, que ha sido acordada por el Tribunal Constitucional por una mayor¨ªa de seis contra cinco de sus miembros, a petici¨®n del Partido Popular, representa la victoria de una estrategia de la derecha pol¨ªtica, decidida a usar todas las instancias en su lucha por el poder. Esa ofensiva partidista ya era evidente, desde hace tiempo, en el Consejo General del Poder Judicial, con el consiguiente deterioro de ese ¨®rgano. Y ahora se ha extendido de forma dram¨¢tica al Tribunal Constitucional, el m¨¢ximo int¨¦rprete de la Constituci¨®n, al lograr el Partido Popular imponer la composici¨®n que ha de tener el Pleno de ese Alto Tribunal, a la hora de decidir sobre su recurso contra el nuevo Estatuto de Catalu?a.

La ofensiva era evidente en el CGPJ y ahora se ha extendido de forma dram¨¢tica al Constitucional

Para impedir un probable empate en este asunto entre magistrados de sensibilidad conservadora y progresista y que fuera decisivo el voto de calidad de la presidenta del Tribunal, los seis miembros conservadores han aceptado apartar del caso, mediante una resoluci¨®n sin precedentes, a un magistrado respetado por su acreditada trayectoria profesional. Pablo P¨¦rez Tremps es, en efecto, uno de los catedr¨¢ticos de Derecho Constitucional m¨¢s prestigioso de nuestra Universidad, con una lista abrumadora de investigaciones y publicaciones, centrada en los ¨²ltimos a?os en las implicaciones constitucionales del proceso de integraci¨®n europea, especialmente en sus consecuencias para la organizaci¨®n territorial del Estado. Y precisamente en esa actividad acad¨¦mica se ha buscado la raz¨®n para separarle del caso, con el parad¨®jico argumento de que ya hab¨ªa opinado sobre las competencias internacionales de la Generalidad en un trabajo acad¨¦mico (previo a su incorporaci¨®n al Tribunal Constitucional), que le hab¨ªa encargado y retribuido un instituto de la administraci¨®n p¨²blica catalana, en tiempos del Gobierno de Pujol.

Se trata obviamente de una justificaci¨®n arbitraria, de un pretexto, porque P¨¦rez Tremps no puede haber perdido su imparcialidad en el recurso planteado por el PP contra el nuevo Estatuto de Catalu?a, por raz¨®n de un trabajo universitario escrito cuando ni se hab¨ªa empezado a hablar de la reforma del Estatuto ni hab¨ªa ning¨²n anteproyecto de la misma. Ni siquiera puede aceptarse que le falte la apariencia de imparcialidad, porque la imagen p¨²blica de esa carencia s¨®lo ha sido deliberada y artificiosamente fabricada por el diario El Mundo y por la Cadena Cope, en una campa?a de presi¨®n y manipulaci¨®n, como muchas otras que han protagonizado y a las que sucumben pol¨ªticos y magistrados con demasiada frecuencia. A mayor abundamiento, se trata de una decisi¨®n arbitraria, por incoherente: porque contradice, sin que pueda haber para ello motivaci¨®n suficiente, otra previa, mediante la que el mismo Tribunal Constitucional hab¨ªa rechazado una recusaci¨®n id¨¦ntica, que el Partido Popular hab¨ªa formulado tambi¨¦n contra P¨¦rez Tremps; en esa ocasi¨®n, con motivo de su recurso de amparo contra la tramitaci¨®n parlamentaria del proyecto de reforma del Estatuto de Catalu?a.

En definitiva, un magistrado honorable ha sido apartado injustamente de un asunto fundamental, en medio de presiones pol¨ªticas y de una campa?a prensa difamatoria que finalmente han tenido ¨¦xito. Se ha causado as¨ª un enorme da?o al prestigio del Tribunal Constitucional. A partir de ahora, queda claro que sus miembros est¨¢n expuestos a ser descalificados por sus trabajos acad¨¦micos, que deber¨ªan ser l¨®gicamente abundantes, al menos en el caso de los magistrados procedentes del mundo docente universitario. Se ha concedido, de este modo, un premio a la agraf¨ªa de los magistrados que desmerece a quienes lo han otorgado.

Adem¨¢s, queda la sospecha fundada de que la sentencia que en su d¨ªa dicte el Alto Tribunal sobre el Estatuto de Catalu?a no gozar¨¢ de la autoridad necesaria para amortiguar la tensi¨®n pol¨ªtica avivada por las torpezas cometidas en la elaboraci¨®n de ese Estatuto. M¨¢s que nunca har¨ªa falta en ese asunto un control de la constitucionalidad llevado a cabo con serenidad, mediante razonamientos jur¨ªdicos ampliamente compartidos, para poder legitimar ante la opini¨®n p¨²blica catalana una sentencia que puede llegar a apreciar la inconstitucionalidad de algunos de sus preceptos. Pero la recusaci¨®n de P¨¦rez Tremps hace temer que, en este asunto, el Tribunal Constitucional se dispone a trabajar, a partir de ahora, a golpe de mayor¨ªa, con m¨¢s pasi¨®n que sentido de la justicia o de integraci¨®n de la unidad pol¨ªtica.

En este contexto, todas las miradas convergen sobre el magistrado P¨¦rez Tremps. V¨ªctima de una campa?a pol¨ªtica de la derecha, advierten los analistas que ahora algunos en el Partido Socialista esperan de ¨¦l que dimita para facilitar la incorporaci¨®n de otro magistrado, nombrado por el Gobierno, que le sustituya en las deliberaciones sobre el Estatuto de Catalu?a. En definitiva, se pretender¨ªa volver a sacrificarle en el altar de la pol¨ªtica y confirmar de ese modo la infecci¨®n pol¨ªtica del Tribunal Constitucional. P¨¦rez Tremps tiene m¨¢s que justificadas razones para el hast¨ªo de esta situaci¨®n inadmisible y para poner fin a la misma con una dimisi¨®n sonada. Nadie decente podr¨ªa reproch¨¢rselo y desde luego no est¨¢n legitimados para hacerlo quienes con todo cinismo han presionado para su recusaci¨®n. Pero muchos agradecer¨ªamos que, haciendo de tripas coraz¨®n y mirando con sereno desprecio a los autores y c¨®mplices de su agravio, resista en el puesto para el que fue nombrado y demuestre que el Tribunal Constitucional puede funcionar fuera de una l¨®gica de partido.

Miguel Satr¨²stegui Gil-Delgado es profesor titular de Derecho Constitucional.