Los ciudadanos podr¨¢n recurrir a los tribunales si no se les prestan servicios sociales

El Gobierno vasco ha comenzado a abordar su propia reforma del cuarto pilar del Estado del bienestar con la puesta en marcha de una ley de Servicios Sociales que pretende tener en vigor en 2008. La normativa, cuyas l¨ªneas generales avanz¨® ayer, incluir¨¢ un cat¨¢logo de prestaciones que se convertir¨¢n en "derechos subjetivos", es decir, que la Administraci¨®n se compromete a ofrecer, con lo que los ciudadanos tendr¨¢n la posibilidad de reclamarlos en los tribunales. La normativa quiere acabar adem¨¢s con la actual dispersi¨®n y diferencias de servicios entre las tres diputaciones. Sanidad, mientras, concret¨® ayer las condiciones para ampliar la actual bater¨ªa de las prestaciones sanitarias.

El Ejecutivo a¨²n no ha cuantificado el coste que tendr¨¢ la nueva normativa y elude polemizar sobre el copago

Asuntos Sociales, que pretende aprobar la ley en 2008, buscar¨¢ el consenso con las tres diputaciones y los ayuntamientos

La nueva ley que est¨¢ elaborando el Gobierno convertir¨¢ en obligatorias las prestaciones a todas las personas

La nueva ley de Servicios Sociales que est¨¢ preparando el Gobierno, y cuyo anteproyecto present¨® ayer en Bilbao el consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo, obligar¨¢ a la Administraci¨®n a ofrecer todos los servicios y prestaciones que se definan en la normativa y dar¨¢ a los ciudadanos la posibilidad de recurrir a los tribunales por su no prestaci¨®n. El modelo que se aplicar¨¢ ser¨¢ como el actual en las prestaciones sanitarias y educativas y permitir¨¢ esa reclamaci¨®n judicial con garant¨ªas de ¨¦xito. "Y no como ahora, que se puede presentar una reclamaci¨®n, pero de forma in¨²til porque no hay una ley que obligue a la Administraci¨®n a prestar los servicios", explic¨® el viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Consuegra.

Madrazo, quien precis¨® la voluntad de su departamento de que la ley entre en vigor en 2008, destac¨® la introducci¨®n de este aspecto, que la normativa denomina "derechos subjetivos". "No existe en ninguna comunidad aut¨®noma", recalc¨®.

La ley, en fase de anteproyecto, lleva debati¨¦ndose un a?o con las tres diputaciones y los ayuntamientos y su definici¨®n hace prever controversias, dados los modelos de prestaci¨®n y financiaci¨®n diferentes de los servicios sociales con que cuentan las tres instituciones forales. En Vizcaya y ?lava existe, por ejemplo, el llamado reconocimiento de deuda (garantizar con el patrimonio el pago de una plaza de residencia), que incluye la primera vivienda como aval, un requisito al que se opone Asuntos Sociales.

Junto a crear un criterio ¨²nico sobre las prestaciones y servicios que se deben realizar, la manera y los requisitos y su financiaci¨®n, otra modificaci¨®n fundamental es que sea un servicio universal y deje de ser un modelo "asistencialista, para pobres", dijo Madrazo. "Queremos que sea sin exclusiones y se utilice cuando cada persona lo necesite", agreg¨®.

Mapa de servicios

El consejero present¨® las l¨ªneas generales del anteproyecto, que se ir¨¢ desgranando en las pr¨®ximas semanas. No concret¨® el coste econ¨®mico, que ser¨¢, en cualquier caso, mayor que el gasto actual. "Todav¨ªa no podemos cuantificarlo", dijo antes de se?alar que depender¨¢ de los servicios que se incluyan finalmente en la normativa. Euskadi ghast¨® en protecci¨®n social en 2005 un total de 10.894 millones de euros, seg¨²n los ¨²ltimos datos del Eustat, que incluyen servicios que pueden quedar fuera del ¨¢mbito de la futura ley.

El titular de Asuntos Sociales eludi¨® comentar el planteamiento sobre el copago de los servicios, una de las mayores discrepancias con las diputaciones.

Respecto a las diferencias de prestaciones y requisitos en cada territorio, afirm¨® que se solventar¨¢n con la elaboraci¨®n de un plan estrat¨¦gico y una mapa de servicios que "planifique qu¨¦ recursos hay que aportar en el ¨¢mbito auton¨®mico, territorial o local". En cualquier caso, la implantaci¨®n de un sistema com¨²n incluir¨¢ un "periodo de aplicaci¨®n progresiva", apunt¨®. Madrazo asegur¨® que la norma servir¨¢ para establecer un sistema com¨²n de informaci¨®n, evaluaci¨®n, inspecci¨®n y valoraci¨®n, ahora diferente en cada territorio. "As¨ª garantizaremos la igualdad de acceso a los servicios y prestaciones", dijo. Admiti¨® el crecimiento en las prestaciones de los ¨²ltimos a?os, pero precis¨® que se ha realizado de forma "desordenada y en funci¨®n de cada territorio. El acceso a los servicios sociales no debe depender del territorio donde uno vive", sostuvo. La nueva ley incidir¨¢ en la descentralizaci¨®n de la prestaci¨®n de servicios para que se logre "la m¨¢xima proximidad a la ciudadan¨ªa que la requiera".

Dado que la ejecuci¨®n y gesti¨®n de las prestaciones y servicios sociales recae ahora de forma mayoritaria en las diputaciones (los ayuntamientos tambi¨¦n se hacen cargo de algunas actuaciones), el acuerdo con las mismas es clave. Madrazo asegur¨® que ya se ha enviado a las tres instituciones forales parte del texto del anteproyecto y anunci¨® que ya existe un calendario de reuniones con ellas y con Eudel, la asociaci¨®n que agrupa a todos los ayuntamientos. A ello se a?aden contactos, asegur¨®, con el ¨¢mbito social, el Tercer Sector (el voluntariado) y los sindicatos.

Madrazo revel¨® que se ha impulsado la participaci¨®n ciudadana al incluir en el debate a 12 municipios, trabajo que concluir¨¢ el pr¨®ximo lunes en Bilbao. Puntualiz¨® que la futura normativa "va m¨¢s all¨¢ de la Ley de Dependencia" aprobada por el Gobierno central, al tratarse ¨¦sta de "una parte m¨¢s de la amplia red de servicios que se plantear¨¢n".

Revisi¨®n completa

El consejero justific¨® la modificaci¨®n de la actual ley de Servicios Sociales, aprobada en 1996, pero cuya falta de desarrollo ha derivado en que cada territorio act¨²e por su cuenta, por la nueva situaci¨®n que obliga a una revisi¨®n "de arriba a abajo". Se refiri¨® al incremento de edad de la poblaci¨®n, el aumento de la inmigraci¨®n, las nuevas formas de exclusi¨®n social, la multiplicaci¨®n de casos de violencia conyugal y los nuevos modelos familiares.

La normativa se centrar¨¢ en las prestaciones y servicios y cuestiones como las ayudas directas, la renta b¨¢sica o las AES (Ayudas de Emergencia Social) se abordar¨¢n parcialmente. La ley s¨ª servir¨¢ para que se garantice un presupuesto para estas partidas, que ahora dejan de abonarse cuando se acaba la consignaci¨®n econ¨®mica. Estas subvenciones directas se abordar¨¢n en la ley contra la Exclusi¨®n Social, aprobada en 1998 y en proceso de revisi¨®n. El pasado a?o, 26.094 personas cobraron las AES con un gasto de 35 millones de euros y otras 33.675 percibieron la renta b¨¢sica, que cont¨® con una partida de 153,7 millones de euros. La norma contra la exclusi¨®n garantizar¨¢ adem¨¢s el cobro de una ayuda econ¨®mica para que los m¨¢s necesitados puedan alquilar pisos: se crear¨¢ una prestaci¨®n complementaria de vivienda que se unir¨¢ a la renta b¨¢sica y a las ayudas de emergencia.

[El PSE volvi¨® a rechazar ayer el aval de la vivienda habitual para pagar las plazas en las residencias de mayores y responsabiliz¨® a la Diputaci¨®n de Vizcaya de "ir por libre". La secretaria de Pol¨ªticas Sociales y Sectoriales socialista, Isabel Cela¨¢, adujo que el piso habitual cumple "en muchas ocasiones una finalidad de cobertura habitacional a otros miembros de la familia" y se mostr¨® favorable al copago "seg¨²n su renta y patrimonio"].