?Estado de derecho armado o democr¨¢tico?

Las invocaciones que muchos pol¨ªticos y asimilados vienen haciendo en los ¨²ltimos tiempos al Estado de derecho, como f¨®rmula m¨¢gica para acabar con la lacra del terrorismo, suelen utilizar el t¨¦rmino con una concepci¨®n belicosa y coercitiva que no se corresponde con la realidad jur¨ªdico-constitucional a la que apelan. ?Es ajustado a esa realidad un Estado de derecho como el que propugnan esos opinantes, coactivo, represor, justiciero, armado de leyes, polic¨ªa y jueces convocados para triturar al enemigo, o, por el contrario, hay que atenerse a la configuraci¨®n de Espa?a como "Estado social y democr¨¢tico de derecho" que hace nuestra Constituci¨®n en su art¨ªculo 1.1, en l¨ªnea con la voluntad proclamada en su pre¨¢mbulo de "establecer una sociedad democr¨¢tica avanzada" y, entre otros objetivos, "proteger a todos los espa?oles y pueblos de Espa?a en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones?".

A finales del siglo XX y principios del XXI muchos pol¨ªticos, cansados de que la versi¨®n democr¨¢tica del Estado de derecho -mediante la incorporaci¨®n de los amigos de los terroristas a las instituciones y la aplicaci¨®n de las garant¨ªas jur¨ªdicas a los asesinos- no produjera el resultado deseado del cese del terror, se inclinaron hacia una actitud m¨¢s dura. As¨ª naci¨® en el a?o 2000 el llamado Pacto Antiterrorista, gestionado por el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, oxigenado por la mayor¨ªa parlamentaria absoluta del PP y con el impagable apoyo del PSOE, desde la oposici¨®n. La conjunci¨®n del PP y el PSOE aument¨® las penas hasta el l¨ªmite ampliado de 40 a?os de c¨¢rcel, y procre¨® la Ley de Partidos, que permiti¨® en 2002 la ilegalizaci¨®n de Batasuna. Aznar se felicit¨® hace unas semanas por esa pol¨ªtica, "que sab¨ªa", dijo, "que nos conducir¨ªa a una paz definitiva", tras el final, en 1999, de la fallida tregua de ETA.

Ninguna de esas medidas ha sido derogada, pero la paz sigue sin llegar. El debate se centra ahora en que el PP exige que el PSOE regrese a la pol¨ªtica antiterrorista que dise?aron juntos y se deje de veleidades negociadoras como la que protagoniz¨® el propio Aznar o la que el atentado del 30-D ha cortado de cuajo a Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. Pero en el fondo lo que late es si en la lucha contra el terrorismo se opta por un Estado de derecho alzado en armas o democr¨¢tico.

Los socialistas parecen preferir ahora, con el apoyo del PNV y las restantes minor¨ªas parlamentarias, la versi¨®n democr¨¢tica, pero no se atreven a reformar las leyes penales, a suprimir los largos periodos de incomunicaci¨®n de los terroristas detenidos, o a derogar algunos puntos infumables de la Ley de Partidos, como los se?alados por Vicen? Fisas el 20 de enero en su art¨ªculo en EL PA?S ?Una salida para el conflicto vasco? No se atreven porque est¨¢n presos de su complicidad con el PP, cuando ambos quer¨ªan derrotar a ETA mediante la dureza jur¨ªdica. Pero, ?es defendible esa dureza desde concepciones democr¨¢ticas serias? ?O es que han de prevalecer sobre los principios democr¨¢ticos los planteamientos pragm¨¢ticos y eficacistas contra el terrorismo? Porque, de ser as¨ª, ?no es cierto que para acabar con ETA y sus terroristas ser¨ªa m¨¢s pr¨¢ctico y fulminante un Estado de derecho armado con la pena de muerte, modelo Estados Unidos? Es posible que ETA y Batasuna, se merezcan un Estado de derecho armado, como ellos, pero nuestra democracia, tan dif¨ªcilmente conquistada, no se lo merece.

Como dec¨ªa en 1990 en la revista Claves el intelectual italiano Paolo Flores D'Arcais, "la democracia es gobierno parad¨®jico y l¨®gicamente inerme, porque para no renunciar a s¨ª mismo debe garantizar espacio a sus enemigos, tolerancia a los enemigos de la tolerancia". ?sa es la idea que cuesta introducir en las mentes obtusas que instrumentalizan a las v¨ªctimas del terrorismo y que son incapaces de abandonar la venganza -incluso vestida de justicia- como arma pol¨ªtica.

Un Estado de derecho que pone en primer plano los principios democr¨¢ticos, sin excluir la en¨¦rgica persecuci¨®n de los delitos terroristas, es muy probable que acabe consiguiendo la paz por el desistimiento de los violentos, una vez ganada para la democracia su base social. Pero aunque no lograra ese objetivo, porque ETA continuara en solitario su delirio, el estricto respeto a los derechos humanos, congruente con nuestro sistema democr¨¢tico, es un fin en s¨ª mismo para el Estado de derecho. De ah¨ª que me sorprenda cada vez que el PSOE se enorgullece de no acercar presos etarras a Euskadi y echa en cara a Aznar que en la tregua de 1998 aproximara 135 presos de ETA al Pa¨ªs Vasco. Seguramente Aznar estaba bien asesorado y sab¨ªa que, adem¨¢s de una previsi¨®n del reglamento penitenciario, acercar presos -no s¨®lo terroristas, por supuesto- a su lugar de residencia responde a un elemental derecho de los reclusos y de sus familiares. El error consiste en valorar esa medida democr¨¢tica como una cesi¨®n.

Uno de los m¨¢s perniciosos efectos de la acci¨®n terrorista es un cierto s¨ªndrome de Estocolmo, que induce a quienes la combaten a participar de la irracionalidad, violencia u obcecaci¨®n de los agentes del terror, lo cual perjudica, por un lado, la conveniente erradicaci¨®n de la actividad terrorista -m¨¢s dif¨ªcil cuando la mente se obnubila- y, por otro, deteriora el ejercicio de la democracia, impracticable desde par¨¢metros de venganza o sinraz¨®n, incompatibles con el aut¨¦ntico Estado de derecho.

Acaso quepa atribuir a ese s¨ªndrome de Estocolmo el entusiasmo pol¨ªtico y medi¨¢tico producido por la decisi¨®n de 12 magistrados frente a cuatro de mantener en prisi¨®n provisional al sanguinario etarra I?aki de Juana Chaos, en peligro de muerte a ra¨ªz de su huelga de hambre en protesta por permanecer encarcelado tras haber cumplido todas las condenas firmes por sus m¨²ltiples asesinatos terroristas. El presidente del PP, Mariano Rajoy, asegur¨® haberse llevado "una de las mayores alegr¨ªas de los ¨²ltimos tiempos". Y a la cabeza de columnistas, tertulianos y editorialistas propulsores del Estado de derecho armado, El Mundo, peri¨®dico de la derechota -en feliz definici¨®n-, valoraba el 26 de enero la decisi¨®n como "un triunfo del Estado de derecho".

?Qu¨¦ hubieran dicho los entusiastas de la decisi¨®n judicial plenaria si hubiera ocurrido al rev¨¦s: si una decisi¨®n de los jueces naturales del caso, contraria a la excarcelaci¨®n del imputado, hubiera sido modificada por la irrupci¨®n oportunista de una tromba de jueces para lograr, con sus votos forzados, la libertad provisional de De Juana?

En cambio, los pol¨ªticos y los medios que elogian a los jueces cuando deciden como a ellos les agrada, no han podido disimular su frustraci¨®n cuando el Tribunal Supremo ha revocado la condena impuesta a De Juana por la Audiencia Nacional y cuando, aunque sin absolverle del inexistente delito de "amenazas veladas", ha abierto el camino para que el sanguinario y fan¨¢tico terrorista salga definitivamente de la c¨¢rcel gracias al Estado de derecho democr¨¢tico, en el que no creen ni ¨¦l ni sus vengativos enemigos.