Vuelta a las pensiones p¨²blicas

El Parlamento argentino ha comenzado a tramitar una ley que supone el entierro de uno de los pilares econ¨®micos en los que se bas¨® la gesti¨®n econ¨®mica del presidente peronista Carlos Menem (1989-1999) y que, de haber triunfado, hubiera supuesto un punto de inflexi¨®n en el papel del Estado no s¨®lo en Argentina sino en todo el continente. Se trata de la privatizaci¨®n obligatoria del sistema de pensiones que ahora el presidente N¨¦stor Kirchner quiere revertir y sustituir por un sistema mixto donde la previsi¨®n p¨²blica tenga un papel creciente. El proyecto tiene fuertes componentes ideol¨®gicos en un a?o en que Argentina encara unas elecciones presidenciales.

La opci¨®n m¨¢s rentable ser¨¢ permanecer en el sistema privado hasta los 40 a?os y entonces pasar al fondo p¨²blico

Con la nueva ley, los trabajadores argentinos podr¨¢n, 14 a?os despu¨¦s, optar entre seguir en el sistema privado (denominado "de capitalizaci¨®n") o volver al p¨²blico ("de reparto"), una posibilidad que les negaba una ley de 1993. La privatizaci¨®n del sistema de pensiones estuvo rodeada de pol¨¦mica no s¨®lo por el fondo sino tambi¨¦n por la forma. Y es que la ley elaborada por el Ejecutivo de Menem, cuyo ministro de Econom¨ªa era Domingo Cavallo, no fue remitida al Congreso para su aprobaci¨®n final, tal y como establece la Constituci¨®n despu¨¦s de que la C¨¢mara quisiera modificar varios art¨ªculos.

En principio, a los trabajadores se les concedi¨® un a?o de plazo para elegir quedarse en el sistema de previsi¨®n p¨²blico o integrarse en el nuevo sistema encarnado por las llamadas Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). La ley establec¨ªa que una vez elegida la opci¨®n, la p¨²blica o la privada, ya no se pod¨ªa dar marcha atr¨¢s. Sin embargo, en la pr¨¢ctica, millones de trabajadores se encontraron trasladados sin su consentimiento al sistema privado. Adem¨¢s, hasta ahora los llamados "indecisos", es decir, los nuevos trabajadores que no expresan una preferencia expl¨ªcita por el sistema p¨²blico, han sido asignados al privado.

Compa?¨ªas administradoras

En la actualidad, el sistema argentino de pensiones tiene 11,3 millones de afiliados al mecanismo privado distribuidos en 11 compa?¨ªas administradoras, de los cuales s¨®lo 4,3 millones realizan aportaciones. Entre los propietarios de las AFJP figura el grupo Santander, mediante la propiedad del Banco R¨ªo, y el BBVA, due?o del Banco Franc¨¦s.

Quedan en el sistema p¨²blico 2,5 millones de afiliados que nunca fueron integrados en las AFJP. ?stos contribu¨ªan como media con un 11% de su salario al sistema estatal de pensiones, pero dicho porcentaje fue reducido al 7% tras la cat¨¢strofe econ¨®mica de 2001. Las AFJP reclamaron una vuelta al antiguo porcentaje dada la diferencia que se generaba entre los descuentos en los sueldos que, entend¨ªan, perjudicaban a sus clientes. Hasta el momento, el Gobierno no ha atendido esta petici¨®n.

Otro de los problemas del sistema de pensiones, agravado por la crisis, es que el 43% de la fuerza de trabajo del pa¨ªs forma parte del llamado "empleo informal". Un dato muestra la urgencia de garantizar y mejorar el sistema: la pensi¨®n m¨ªnima es de 132,50 euros, mientras el umbral oficial de miseria es de 103 euros, y el de pobreza 225.

Seg¨²n el proyecto que se tramita, los trabajadores dispondr¨¢n ahora de un plazo de seis meses para decidir el traspaso de su contribuci¨®n al sistema de pensiones estatal, una oportunidad que se les presentar¨¢ cada cinco a?os. Cuando queden diez a?os para la jubilaci¨®n la opci¨®n ser¨¢ definitiva. Aquellos trabajadores que tengan en las administradoras privadas menos de 5.000 euros ahorrados ser¨¢n trasladados directamente al sistema estatal.

Economistas y consultores argentinos ya han se?alado que la nueva ley consagra el sistema mixto de pensiones ya que la opci¨®n m¨¢s rentable ser¨¢ permanecer en el sistema privado hasta los 40 a?os y entonces pasar al fondo de pensiones p¨²blico. "Desde que se crearon las AFJP ha habido una reclamaci¨®n, digamos hist¨®rica, para que un trabajador pueda decidir volver al sistema p¨²blico. Como usuario del sistema me parece bien que se pueda optar, pero no podemos olvidar que estamos en a?o electoral. Con esta reforma se beneficia a los sectores m¨¢s desfavorecidos. Los trabajadores con mejores rentas seguir¨¢n probablemente en el sistema privado", apunta Marcelo Bonelli, analista econ¨®mico del principal grupo de comunicaci¨®n de Argentina. "El punto es que no se sabe cu¨¢l va a ser el costo fiscal de esta propuesta", a?ade. "Nadie ha presentado un estudio de impacto fiscal", corrobora el economista Jos¨¦ Luis Espert, para quien la iniciativa responde a un doble objetivo de la Administraci¨®n de Kirchner. Por un lado, el convencimiento de que el Estado debe desempe?ar un papel preponderante en la vida econ¨®mica del pa¨ªs y, por otro, la posibilidad de aumentar la recaudaci¨®n del Estado.

"Las cuentas p¨²blicas se encuentran en un estado mucho m¨¢s delicado de lo que parece", subraya Espert, quien pone como ejemplo la reciente pol¨¦mica sobre la inflaci¨®n del mes de enero donde el Gobierno destituy¨® a una funcionaria y elimin¨® del ¨ªndice varios conceptos para poder anunciar una subida de precios del 1% "cuando es el doble".

Mientras, las AFJP, las entidades encargadas de gestionar las pensiones privadas, se muestran cautas a la hora de evaluar el paso propuesto por el Gobierno. En la Uni¨®n de AFJP, la asociaci¨®n que las agrupa, la tesis oficial es que la nueva reglamentaci¨®n permitir¨¢ la complementariedad de ambos sistemas aunque destaca que la gesti¨®n privada ha obtenido "una rentabilidad hist¨®rica impresionante".