El Consell rechaza revelar el destino del mill¨®n de euros a regantes del Vinalop¨®

El Consell se niega a revelar a la sociedad estatal Acuaj¨²car, encargada del trasvase J¨²car-Vinalop¨®, qui¨¦nes son los beneficiarios y a qu¨¦ va destinado el aval de un mill¨®n de euros que concedi¨® en diciembre a la Junta Central de Usuarios del Vinalop¨®. La empresa estatal solicit¨® en enero informaci¨®n sobre el aval p¨²blico, dado que la junta le adeudaba un mill¨®n de euros s¨®lo en gastos financieros. Jos¨¦ Mar¨ªa Marug¨¢n, consejero delegado de Acuaj¨²car, sostiene que esta negativa le hace tener "fundadas sospechas sobre una presunta financiaci¨®n irregular" de la guerra del agua del PP.

Econom¨ªa rechaza el acceso al aval p¨²blico porque contiene datos "nominativos"

La Consejer¨ªa de Econom¨ªa resolvi¨® el pasado 9 de febrero denegar la solicitud de Acuaj¨²car. La sociedad estatal ped¨ªa conocer los detalles del aval de un mill¨®n de euros que el Consell concedi¨® mediante decreto el pasado 22 de diciembre a la Junta Central de Usuarios del Vinalop¨®, l'Alacant¨ª y Consorcio de la Marina Baja, contrarios al actual trazado del trasvase. El aval se concedi¨® precisamente para cubrir los gastos derivados de la obra.

Acuaj¨²car aleg¨® -mediante un informe elaborado por la Abogac¨ªa del Estado- "su inter¨¦s leg¨ªtimo y directo" sobre el asunto al tratarse de un aval p¨²blico y considerarse adem¨¢s acreedora de la Junta.

El contencioso arranca del convenio suscrito en 2001 entre los regantes y el Gobierno, entonces gobernado por el PP. La junta se comprometi¨® entonces a sufragar el 33% del coste del trasvase J¨²car-Vinalop¨® -el resto de la obra la financian el Gobierno central y la Uni¨®n Europea-. Con la llegada del PSOE al Gobierno central, los responsables de la sociedad estatal corroboraron que pese a lo avanzado de la obra, la junta s¨®lo hab¨ªa desembolsado unos 19.000 euros. Los impagos de los usuarios le hab¨ªan generado adem¨¢s a la mercantil estatal un coste financiero adicional de 927.000 euros. De hecho, Acuaj¨²car acab¨® rompiendo el convenio de 2001.

La resoluci¨®n de Econom¨ªa -que se acompa?a de un informe de la Abogac¨ªa General de la Generalitat- considera, pese a todo, que la sociedad estatal no tiene derecho al expediente porque incluye documentos de car¨¢cter nominativo o privado. Tampoco cree la Generalitat que tenga inter¨¦s leg¨ªtimo y directo. "Su petici¨®n se sostiene", dice la resoluci¨®n, "¨²nicamente en el dato de que el trasvase es una de las actuaciones encomendadas a Aguas del J¨²car, as¨ª como en el hecho de que la Junta Central de Usuarios adeuda supuestamente una cantidad econ¨®mica a dicha mercantil". El informe insin¨²a incluso a Acuaj¨²car que ejerza la acci¨®n popular si le preoucupa la legalidad de esta actuaci¨®n. Respecto a la solicitud de Acuaj¨²car de conocer la identidad de las autoridades y funcionarios responsables de la tramitaci¨®n del aval, la Generalitat le remite al Reglamento org¨¢nico y funcional de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa y a la "gu¨ªa de personas y servicios de la Generalitat".

Jos¨¦ Mar¨ªa Marug¨¢n, consejero delegado de Acuaj¨²car, lament¨® ayer la respuesta del Consell, pues "contradice el informe elaborado por la Abogac¨ªa del Estado, en el que se destaca que la sociedad estatal tiene derecho a solicitar esta documentaci¨®n a fin de consultarla".

"?Por qu¨¦ se niega el se?or Camps a facilitarnos el acceso a ese expediente? ?D¨®nde ir¨¢ a parar en realidad ese mill¨®n de euros? ?Qu¨¦ intentan ocultar? Si todo es legal... ?a qu¨¦ tienen miedo", plantea el consejero. Seg¨²n Marug¨¢n, "el oscurantismo y la falta de transparencia de la Generalitat respeto al aval, nos hace tener fundadas sospechas sobre una presunta financiaci¨®n irregular de la campa?a del PP en la denominada guerra del agua, como sucede igualmente con la Fundaci¨®n Agua y Progreso".

El consejero delegado anunci¨® que la sociedad estatal llegar¨¢ al fondo y exigir¨¢ a la Generalitat que asuma su responsabilidad.