Ni menos ni m¨¢s

Andaluc¨ªa no quiere ser menos que nadie, y por eso su Gobierno plante¨® una reforma de su Estatuto que no fuera inferior a la de ning¨²n otro, en particular el catal¨¢n. Sin embargo, los andaluces se abstuvieron ayer mayoritariamente a la hora de ratificar las reformas inspiradas por ese principio. El voto favorable se aproxima al 90% de los emitidos, por lo que el nuevo Estatuto cuenta con una legitimidad incuestionable. Sin embargo, con una participaci¨®n del 36%, el resultado supone un respaldo de apenas una cuarta parte de los seis millones de electores con derecho a voto. Ello constituye un evidente fracaso de la clase pol¨ªtica andaluza.

Socialistas, populares e IU defend¨ªan el s¨ª, y el Partido Andalucista, el no. Es cierto que, en ausencia de incertidumbre sobre el resultado (era impensable que ganara el no), la abstenci¨®n puede considerarse una forma pasiva de adhesi¨®n a lo que vote la mayor¨ªa. Pero casi nadie esperaba una abstenci¨®n tan alta (64%), s¨®lo comparable a las de la ratificaci¨®n del Estatuto de Galicia en diciembre de 1980 (71%). En sentido contrario, cabe destacar el hecho de que el texto propuesto a votaci¨®n haya sido el resultado de un consenso muy trabajado. Hubo concesiones rec¨ªprocas y flexibilidad para que lo que hab¨ªa salido del Parlamento andaluz con un apoyo del 65% saliera de las Cortes sin ning¨²n voto en contra. La hip¨®tesis de que un sector del electorado habitual del PP, partido que sigui¨® considerando innecesaria la reforma, haya optado por votar en contra o en blanco es veros¨ªmil (hay algo m¨¢s del 12% de votos no y blancos, cuando los andalucistas s¨®lo tuvieron el 6% en las ¨²ltimas elecciones), pero indemostrable; y, en todo caso, no basta para explicar el resultado cuando tan s¨®lo el PSOE tuvo en 2004 m¨¢s del 50% de los votos.

Es inevitable comparar el resultado de ayer con los de las dos consultas que dieron paso al Estatuto andaluz hasta ahora vigente: el refer¨¦ndum sobre la iniciativa auton¨®mica por la v¨ªa especial, celebrado el 28 de febrero de 1980 (con una participaci¨®n del 64%), y el de ratificaci¨®n del Estatuto, en 1981 (54%). Cierto es que entonces se trataba de fundar la autonom¨ªa (y de hacerlo en condiciones de igualdad con otras) y ahora de confirmar el statu quo, lo que es menos emocionante (y menos movilizador). Algo que ya se manifest¨® en la ratificaci¨®n del Estatuto catal¨¢n con una participaci¨®n inferior al 50%. Pero no puede ignorarse la falta de sinton¨ªa entre el ¨¦nfasis de la clase pol¨ªtica auton¨®mica al reclamar m¨¢s competencias y el aparente desinter¨¦s del p¨²blico ante ese asunto.

El refer¨¦ndum andaluz de 1980 sirvi¨® para corregir el dise?o que el partido entonces gobernante, UCD, quer¨ªa dar al Estado auton¨®mico: dos tipos de comunidades con diferente nivel competencial. El de las nacionalidades, Catalu?a, Pa¨ªs Vasco y Galicia, y el de las regiones, el resto. Al integrarse entre las autonom¨ªas de primera clase no por razones hist¨®ricas o ling¨¹¨ªsticas, sino por voluntad ciudadana, Andaluc¨ªa abri¨® paso a una equiparaci¨®n competencial b¨¢sica de todas las comunidades. El intento de buscar nuevas v¨ªas de diferenciaci¨®n presidi¨® la iniciativa de reforma catalana; pero la reforma andaluza ha incorporado gran parte de las novedades catalanas (incluyendo bastantes de los art¨ªculos recurridos ante el Tribunal Constitucional por el PP y el Defensor del Pueblo). Ello augura una generalizaci¨®n de esas novedades en los dem¨¢s estatutos, de lo que ya ha habido un adelanto en el tercero hasta ahora aprobado, el de Valencia.

Est¨¢n por ver los efectos de ese mimetismo. La emulaci¨®n en la ampliaci¨®n de derechos sociales va en la buena direcci¨®n, y en la mala, la fijaci¨®n de las inversiones del Estado en funci¨®n de los criterios que sean m¨¢s favorables a cada comunidad.