Los municipios del ¨¢rea de Barcelona unifican criterios para adjudicar pisos sociales

El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda tratar¨¢ de unificar los criterios de adjudicaci¨®n de las viviendas de protecci¨®n oficial (VPO), en especial los a?os que se exigen de residencia para su acceso, con la creaci¨®n del Consorcio Metropolitano de la Vivienda. Fuentes del Gobierno catal¨¢n indican que este ¨®rgano se constituir¨¢ el mes pr¨®ximo y estar¨¢ integrado por los 36 municipios del ¨¢rea metropolitana de Barcelona. La Generalitat, a trav¨¦s del consorcio, pretende acordar los a?os de empadronamiento que los consistorios exigen a los demandantes de pisos, que van de 2 a 12 a?os.

Los a?os de empadronamiento que exigen los municipios para obtener un piso p¨²blico favorecen el acceso de los residentes de toda la vida, pero perjudican la movilidad de los ciudadanos y dificultan el acceso de los inmigrantes, como vienen denunciando varias cooperativas de vivienda y ONG. Barcelona es la ciudad que menos obst¨¢culos pone, al pedir dos a?os de empadronamiento para participar en el sorteo de un piso de alquiler y cinco si ¨¦ste es de compra.

El problema de la capital catalana es que tiene poco suelo para crecer y, por ello, para construir pisos p¨²blicos. Como qued¨® patente en el sorteo de viviendas realizado la semana pasada, hay una demanda de m¨¢s de 50.000 personas, muy dif¨ªcil de cubrir. Si alguna de ellas decide probar suerte en otra localidad cercana no lo tendr¨¢ f¨¢cil. En Sant Cugat, por ejemplo, le pedir¨¢n 10 a?os de empadronamiento.

El departamento que encabeza el ecosocialista Francesc Baltasar tratar¨¢ de resolver ahora este problema a trav¨¦s del Consorcio Metropolitano de la Vivienda, cuya finalidad ser¨¢ trazar una pol¨ªtica com¨²n para la promoci¨®n de pisos sociales. Entre sus objetivos est¨¢ el de unificar los criterios de residencia que los ayuntamientos a?aden a los que fija la Generalitat (ingresos m¨ªnimos y m¨¢ximos, por ejemplo).

El anterior Gobierno tripartito ya lo intent¨® unificar en el primer borrador de la Ley del Derecho a la Vivienda. En su art¨ªculo 94 establec¨ªa que los ayuntamientos "podr¨¢n reservarse hasta un m¨¢ximo del 80% de las viviendas para personas empadronadas en el municipio donde se ubique la promoci¨®n", es decir, ten¨ªan la obligaci¨®n de reservar el 20% a ciudadanos de otra procedencia. Y a?ad¨ªa: "En cualquier caso, la antig¨¹edad m¨ªnima de empadronamiento que pueda exigirse no podr¨¢ superar los dos a?os".

La redacci¨®n vol¨® por los aires tras presentarse ante los municipios. El articulado que la semana pr¨®xima tomar¨¢ en consideraci¨®n el Parlament fija que el Plan Territorial Sectorial de Vivienda podr¨¢ definir los topes para empadronados. Adem¨¢s, se?ala que el m¨¢ximo de tiempo para empadronados ser¨¢ de "tres a?os" en el caso de pisos de alquiler. Nada dice de los de compra. La secretaria de Vivienda, Carme Trilla, asegur¨® que estas diferencias tratar¨¢n de corregirse en el seno del nuevo consorcio, que se reunir¨¢ "en cuesti¨®n de semanas".