Una dif¨ªcil ecuaci¨®n: urbanismo, vivienda y medio ambiente

La actualidad pol¨ªtica viene marcada ¨²ltimamente por las secuelas medi¨¢ticas y pol¨ªticas de una corrupci¨®n urban¨ªstica que, por desgracia, ya no es s¨®lo patrimonio de los grandes ayuntamientos. A una escala inferior, no faltan tampoco los ejemplos de peque?as corporaciones locales que ha duplicado en pocos a?os el n¨²mero de vecinos o ampliado sin mesura alguna el suelo urbanizado de su t¨¦rmino municipal.

La pregunta que cabe hacerse por tanto tiene que ver con la legitimaci¨®n de estos entes locales para disponer de su territorio, como f¨®rmula m¨¢gica para un progreso social y econ¨®mico claramente insostenible. Porque es evidente que la multiplicaci¨®n de este esquema de funcionamiento conducir¨ªa sin duda a un deterioro del medio ambiente, seguramente irreversible para las generaciones futuras. Parece muy cruda esta ¨²ltima afirmaci¨®n, pero mientras el cambio clim¨¢tico se podr¨ªa superar con la contenci¨®n y disminuci¨®n de las emisiones contaminantes a la atm¨®sfera, la expansi¨®n de un urbanismo irracional no tiene un mecanismo de restauraci¨®n ecol¨®gica sencillo. La sola idea de derribar una construcci¨®n ilegal provoca un impacto social considerable, y desde el punto de vista de los poderes p¨²blicos pocos quieren asumir el coste pol¨ªtico que implica. Visto as¨ª, el da?o ambiental queda consolidado hasta el fin de los tiempos.

El problema de aplicar criterios desarrollistas basados en un crecimiento urban¨ªstico desmedido resulta a todas luces inconstitucional. El mandato de nuestra norma fundamental a las Administraciones responsables de garantizar el derecho a la vivienda deja muy clara la metodolog¨ªa que debe emplearse para ese objetivo. La utilizaci¨®n del suelo tiene que responder al inter¨¦s general para evitar la especulaci¨®n. Esta es una obligaci¨®n que no s¨®lo tiene como destinatarios a los agentes econ¨®micos privados; su ¨¢mbito de proyecci¨®n abarca por supuesto tambi¨¦n al conjunto de los poderes p¨²blicos competentes en la ordenaci¨®n del territorio; es decir, comunidades aut¨®nomas y entidades locales.

Pero esas ¨²ltimas disponen asimismo por expreso reconocimiento de la Constituci¨®n de una autonom¨ªa para le gesti¨®n de sus intereses propios. Es indudable que uno de los elementos y dimensiones m¨¢s importantes de esa autonom¨ªa municipal es la capacidad para planificar su desarrollo urbano. Sobre este argumento no caben discusiones. Sin esa potestad para decidir sobre los procesos urbanizadores, los ayuntamientos se ver¨ªan privados de un instrumento fundamental para generar expectativas sociales y econ¨®micas entre sus ciudadanos.

Sin embargo, la autonom¨ªa local no se configura como una potestad absoluta ni incondicionada. Por encima del inter¨¦s estrictamente local hay un inter¨¦s m¨¢s global que nos afecta a todos los ciudadanos, aunque no seamos residentes en un municipio que ha apostado por el ladrillo y el asfalto. Ninguna corporaci¨®n municipal tiene legitimidad para rebajar la calidad de vida de la mayor¨ªa e hipotecar para el futuro el medio ambiente que es de todos. Tampoco es de recibo la utilizaci¨®n del derecho la vivienda como un pretexto para especular con el suelo.

Por lo tanto, el dilema consiste de nuevo en encontrar un equilibrio que permita armonizar, primero, objetivos constitucionales como el medio ambiente y el desarrollo econ¨®mico; y despu¨¦s, las competencias de las diferentes Administraciones para regular y ordenar el territorio. En este sentido, entiendo que el principio de sostenibilidad, que aparece por primera vez formulado en el nuevo Estatuto de Andaluc¨ªa, un texto de envergadura cuasi-constitucional, estar¨ªa marcando la pauta a seguir para todos los poderes p¨²blicos.

Efectivamente, para lograr una correcta ponderaci¨®n entre tantos intereses y competencias, garantizando as¨ª un urbanismo verdaderamente sostenible, hay que empezar a dotar a las entidades locales de una financiaci¨®n adecuada a sus necesidades. Los problemas presupuestarios de los Ayuntamientos, reales sin duda, no pueden justificar la explotaci¨®n abusiva del suelo. Los partidos deber¨ªan controlar mejor a sus ¨¦lites locales, porque resulta f¨¢cil caer en la tentaci¨®n propagand¨ªstica que vincula el progreso de una peque?a -o grande- comunidad local especialmente con el crecimiento urban¨ªstico. As¨ª se pueden ganar elecciones, pero se pierde en coherencia pol¨ªtica y se destruye la idea, en absoluto ut¨®pica, de un mundo algo m¨¢s racional y menos contaminado de hormig¨®n.

Gerardo Ruiz-Rico Ruiz es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional.