El Gobierno repatria a menores inmigrantes con distintos criterios seg¨²n las comunidades

La mayor¨ªa de los inmigrantes menores no saben que sus posibilidades de quedarse en Espa?a dependen de la regi¨®n en la que viven. Si llegan a Canarias o a Andaluc¨ªa, es casi seguro que no ser¨¢n repatriados. Pero si se plantan en Madrid, es mucho m¨¢s probable que vuelvan a su pa¨ªs de origen. En 2006 fueron repatriados 111 menores (el 80% a Marruecos), seg¨²n datos del Ministerio del Interior. M¨¢s de la mitad viv¨ªan en Madrid, que sin embargo no es la comunidad que m¨¢s acoge. Esta diferencia se produce a pesar de que es el Gobierno central quien ordena las repatriaciones.

Cuando un menor inmigrante llega solo a Espa?a y no hay ning¨²n familiar ni nadie que se haga cargo de ¨¦l, las entidades de protecci¨®n de menores de las comunidades aut¨®nomas declaran que est¨¢ en situaci¨®n de desamparo y asumen su tutela. A partir de ah¨ª, las autoridades estatales son las competentes para decidir si lo mejor para ese ni?o es quedarse en Espa?a o volver con su familia. Sin embargo, las distintas delegaciones del Gobierno se comportan de forma muy distinta. Tanto, que unas dictan resoluciones de repatriaci¨®n y otras no.

La Delegaci¨®n del Gobierno de Madrid repatri¨® en 2006 a 59 inmigrantes menores, seg¨²n datos del Ministerio de Interior. A mucha distancia se encuentran Catalu?a, con 13 chicos devueltos, y la Comunidad Valenciana, con 9. Andaluc¨ªa y Canarias s¨®lo repatriaron a un chico cada una. El desajuste no se explica por el n¨²mero de menores que recibe cada comunidad. Andaluc¨ªa, por ejemplo, con 762 inmigrantes bajo tutela, duplica la cifra de Madrid, de 300, seg¨²n los datos que ofrecen ambas comunidades.

?Qu¨¦ pasa en Madrid? La Delegaci¨®n del Gobierno indica que es la Comunidad la que pide que se inicie el expediente de repatriaci¨®n y la que aporta informaci¨®n, y que ellos estudian luego cada caso. La Comunidad, por su parte, explica que ellos no recomiendan que se repatrie a nadie y que s¨®lo piden a la Delegaci¨®n que inicie "las averiguaciones pertinentes para saber si es lo m¨¢s conveniente en cada caso", explica una portavoz de la consejer¨ªa de Familia y Asuntos Sociales. "Pero, a partir de ah¨ª, el procedimiento lo tramitan las autoridades estatales, que son las que pueden y deben averiguar, pidiendo los informes que sean necesarios, c¨®mo es la situaci¨®n de ese ni?o en su pa¨ªs y si debe volver o no con su familia. Ellos son los responsables", a?ade.

La situaci¨®n es distinta en Andaluc¨ªa. En esta comunidad, la Consejer¨ªa de Bienestar y Asuntos Sociales tambi¨¦n solicita la reagrupaci¨®n familiar. "Lo hacemos conforme a la ley, pero como no hay suficiente informaci¨®n sobre la situaci¨®n de los menores en sus pa¨ªses, la Delegaci¨®n de Gobierno y la Fiscal¨ªa entienden que no hay garant¨ªas para repatriar", explica Carmen Belinch¨®n, directora general de Infancia y Familia de la Junta.

La informaci¨®n que tienen ambas autonom¨ªas sobre los menores muchas veces es la misma: s¨®lo una entrevista, la que se les hace cuando llegan para ver si est¨¢n en situaci¨®n de desamparo o no. Con s¨®lo esa entrevista, en Madrid se les manda de vuelta a sus pa¨ªses y en Andaluc¨ªa no.

El debate que subyace en la pol¨ªtica estatal sobre menores inmigrantes se centra en dos preguntas: ?son menores?, ?son inmigrantes? El Estado dice que, como son menores, son las comunidades las que deben llevar la voz cantante en este asunto. "La diferencia entre comunidades se produce porque en las repatriaciones intervienen distintos agentes: fiscal¨ªa, comunidades aut¨®nomas y delegaciones del Gobierno", explica un portavoz del Ministerio del Interior. Las comunidades, por su parte, insisten en que es el Gobierno el ¨²nico competente -y responsable- de decidir si se quedan o se van.

Respeto a las garant¨ªas

M¨¢s de 100 organizaciones en defensa de los derechos de la infancia denuncian que muchas veces no se verifica cu¨¢l es la situaci¨®n de los menores en sus pa¨ªses de origen y que en las repatriaciones no se respetan las garant¨ªas legales. Sus quejas se centran en que el Gobierno, al menos en algunas regiones, no estudia los casos de forma individualizada y que nunca se piden informes al pa¨ªs de origen para conocer la situaci¨®n familiar de ese menor. Critican tambi¨¦n que los ni?os no tengan derecho a abogado, que no se les escuche antes de devolverlos -como es preceptivo en todo procedimiento administrativo- y que los chicos no se enteren de que vuelven a su pa¨ªs hasta que llega la polic¨ªa para llev¨¢rselos al aeropuerto. ?stos son precisamente los argumentos que han usado varios jueces en los ¨²ltimos meses para anular algunas repatriaciones.

En los ¨²ltimos meses han parado cautelarmente m¨¢s de 10 repatriaciones cuando los ni?os estaban ya en el avi¨®n camino a sus pa¨ªses. Hay m¨¢s de 30 procedimientos abiertos por esta cuesti¨®n. Al menos en cinco casos hay sentencias dictadas -todav¨ªa no firmes- y en cuatro de ellos (dos en Madrid, una en Huesca y otra en Santander) se daba la raz¨®n a los abogados de los chicos.

El Defensor del Pueblo y el Consejo General de la Abogac¨ªa Espa?ola recomendaron el mes pasado al Gobierno que modificara determinadas pr¨¢cticas para garantizar la legalidad. Algunas de esas cr¨ªticas han tenido efecto. Desde el pasado enero, los menores no pueden ser repatriados desde Madrid sin que se les haya notificado previamente la orden de vuelta a Marruecos, seg¨²n asegura la Delegaci¨®n del Gobierno. Adem¨¢s, los chavales tendr¨¢n que ser escuchados para que puedan presentar cualquier tipo de alegaci¨®n. En cualquier caso, si son repatriados, la mayor¨ªa de estos ni?os casi nunca vuelve con sus familias. Suelen quedarse en el puerto de T¨¢nger esperando una oportunidad para colarse en un barco y volver a Espa?a.