Un cr¨¦dito para pagar al hospital

La burocracia est¨¢ a punto de dejar sin piso a una familia que acude a C¨¢ritas para comer y vestirse. Antonio Rivera, de 54 a?os, sufri¨® un infarto en julio de 2004. Salv¨® la vida gracias a una cl¨ªnica privada, que lo ingres¨® en la UCI ante la falta de camas libres en los hospitales p¨²blicos. La Consejer¨ªa de Sanidad admite que es un caso de "asistencia vital" y que deber¨¢ asumir los 15.500 euros de la factura. Pero, por un formalismo jur¨ªdico, se niega a avanzar el dinero y quiere que el hombre pida un cr¨¦dito. La cl¨ªnica, que dice "no entender" a Sanidad, ha llevado la deuda a los tribunales.

"El infarto me dio all¨ª, yo no eleg¨ª el lugar", se justifica Antonio

La Consejer¨ªa de Sanidad abonar¨¢ la factura cuando la liquide el paciente

"?C¨®mo voy a pedir un cr¨¦dito de 15.500 euros si ingreso menos de 400 al mes?", se pregunta Antonio, indignado y angustiado en el sal¨®n del piso de Mejorada del Campo que ahora teme perder.

Tras el infarto, no ha podido volver a trabajar. "Yo era pintor aut¨®nomo. Pero no he vuelto a ser el mismo. Se me olvidan las cosas y soy incapaz de organizarme", explica. Nieves, su mujer, le regala una mirada tierna. "Estuvo 35 minutos en parada cardiorrespiratoria y le han quedado algunas secuelas", susurra. "Nada que le impida llevar una vida casi normal, pero lo de trabajar es imposible", a?ade.

Al ser aut¨®nomo, Antonio ingresa poco por su baja laboral, unos 600 euros al mes. De ellos, tiene que pagar 240 para seguir cotizando como trabajador por cuenta propia hasta que un tribunal de la Seguridad Social resuelva qu¨¦ grado de incapacidad le va a conceder. Con ellos viven una hija con un beb¨¦ de 15 meses y un hijo militar.

"Nuestros otros dos hijos tratan de echarnos una mano, pero muchos meses ellos tampoco pueden", relata Antonio. Un documento de C¨¢ritas certifica que la familia "est¨¢ recibiendo comida y ropa cada 15 d¨ªas ya que no dispone de ingresos".

En esta situaci¨®n, la notificaci¨®n del juzgado de Primera Instancia de Coslada, recibida hace seis meses, cay¨® como una bomba en la familia. "Si en 20 d¨ªas no paga ni comparece en este juzgado dando razones de la negativa al pago", avisa el escrito, "se despachar¨¢ ejecuci¨®n" para el embargo de sus bienes. De momento, Antonio ha logrado paralizar el proceso mientras espera las gestiones de un abogado de oficio.

"Es que no me puedo creer lo que nos est¨¢ pasando", musita. Permanece unos segundos en silencio antes de repasar los hechos acaecidos desde el 26 de julio de 2004. "Sal¨ª de casa para ir a trabajar a Arturo Soria, en Madrid, donde estaba pintando en una urbanizaci¨®n. Iba siempre por la M-40 y la Gran V¨ªa de Hortaleza, pero aquel d¨ªa cambi¨¦ de ruta. No me acuerdo de casi nada. Aparqu¨¦ junto a la cl¨ªnica Nuestra Se?ora de Am¨¦rica, sal¨ª del coche y ca¨ª fulminado", relata con ritmo pausado.

Su mujer toma el relevo: "Los m¨¦dicos nos dijeron que estuvo 35 minutos en parada cardiorrespiratoria y que casi le daban por muerto cuando lograron reanimarle. Luego lo ingresaron en la UCI, donde estuvo cuatro d¨ªas". Nieves ense?a unos documentos de la cl¨ªnica y de Sanidad. En ellos se lee una petici¨®n del centro privado para que la consejer¨ªa le traslade a un hospital p¨²blico, pero ¨¦sta contesta que "no hay ninguna cama libre en la UCI" en sus hospitales y solicita que Antonio siga ingresado en Nuestra Se?ora de Am¨¦rica.

A¨²n no hab¨ªa recibido el alta cuando la cl¨ªnica present¨® la primera factura. "Eran 1.200 euros por un stent", un peque?o cilindro que se introduce en el vaso sangu¨ªneo que ha sufrido el infarto. "Tampoco los ten¨ªamos entonces, pero los juntamos entre todos y los pudimos pagar", cuenta Nieves, que admite que Sanidad les devolvi¨® el dinero "muy r¨¢pido".

Tras un traslado al hospital de La Princesa por unos problemas respiratorios, Antonio recibi¨® el alta un mes m¨¢s tarde. "Al principio no sab¨ªa ni d¨®nde viv¨ªa. Cre¨ªa que ten¨ªa cinco hijos [tiene cuatro] y tuvo que aprender a escribir otra vez", explica Nieves. Antonio empezaba a recuperar su autonom¨ªa cuando la familia recibi¨® otra factura de 15.505 euros por el tratamiento recibido. "Nos asustamos mucho, pero fuimos al Ayuntamiento y a nuestro hospital y nos dijeron que era la Comunidad la que ten¨ªa que pagar".

El caso de Antonio Rivera es uno de los definidos como "asistencia urgente, inmediata y de car¨¢cter vital" por la normativa sanitaria. La ley establece que en estos casos la sanidad p¨²blica asumir¨¢ los costes de la asistencia sea donde sea. "A m¨ª el infarto me dio all¨ª, yo no lo eleg¨ª", se justifica Antonio.

Nieves llev¨® la factura y todos los documentos al Defensor del Paciente de Madrid a finales de 2004. Este organismo, dependiente de Sanidad y cuyo titular es Juan Ignacio Barrero, debe velar por el inter¨¦s de los pacientes cuando crean que no se respetan sus derechos en la sanidad p¨²blica. "Los present¨¦ pensando que todo se iba a resolver", explica.

M¨¢s de dos a?os ha tardado el Defensor en contestar a la familia, concretamente hasta el pasado 17 de enero. En una carta de seis p¨¢ginas y cargada de argumentos jur¨ªdicos, Barrero admite que la atenci¨®n a Antonio fue un caso de "urgencia vital", que no se le ingres¨® en un hospital p¨²blico porque "no hab¨ªa camas libres en la UCI" y que es la sanidad p¨²blica la que deber¨¢ hacerse cargo de su asistencia.

Pero el Defensor topa aqu¨ª con un obst¨¢culo insalvable que le impide pagar la factura: la normativa habla de "reembolsar los gastos" al paciente, no de pagarlos. Y Sanidad, en una orden interna, precis¨® al Defensor que "para hacer un reintegro de gastos es imprescindible que el gasto se haya producido", lo que no ocurr¨ªa porque Antonio no puede sufragarlo. La soluci¨®n del Defensor es que Antonio pida un cr¨¦dito y as¨ª se lo podr¨¢ "reembolsar". "Parece un chiste, pero es verdad", comenta el afectado.

La cl¨ªnica privada, en una carta remitida al Defensor, muestra su asombro. "No logramos entender por qu¨¦ desde el Servicio Madrile?o de Salud se exige el pago previo de la factura al se?or Rivera sabiendo que, finalmente, dicho servicio deber¨¢ reembols¨¢rselo", suscribe la cl¨ªnica.

Pese a ello, el centro se muestra dispuesto a cobrar "a plazos" para evitar que Antonio deba pedir un cr¨¦dito de 15.050 euros. "Es la soluci¨®n que les ha dado el Defensor, que yo pida un cr¨¦dito por menos dinero, que pague a la cl¨ªnica, y que me devuelvan el dinero y as¨ª volver a empezar hasta pagarlo todo. Y yo no puedo asumir los gastos financieros que eso supone", sentencia.