Pescanova incumple desde 2005 una orden de demolici¨®n de la planta de Oia

Pescanova incumple desde febrero de 2005 una orden de Pol¨ªtica Territorial para que derribe una planta acu¨ªcola de Oia que invade la zona de protecci¨®n de costas. Una juez ha imputado un presunto delito contra la ordenaci¨®n del territorio al director de Insui?a, la filial de Pescanova que gestiona las granjas de acuicultura de la compa?¨ªa. La batalla contra la factor¨ªa ilegal no se libra s¨®lo en los juzgados, pero la compa?¨ªa ha hecho o¨ªdos sordos a los reiterados intentos de la Xunta, ya durante el mandato del PP, de que proceda a la demolici¨®n de la planta.

La Direcci¨®n Xeral de Urbanismo declar¨® el 10 de febrero de 2005 - todav¨ªa con el Gobierno del PP - "ilegalizables" las obras de construcci¨®n de la planta, orden¨® su demolici¨®n y prohibi¨® definitivamente los usos para los que estaban destinadas. Las obras, seg¨²n la orden dictada por el departamento de la Xunta, se ejecutaban "sin la preceptiva autorizaci¨®n auton¨®mica" y no se ajustaban a la licencia municipal de septiembre de 1999. As¨ª, en la orden de demolici¨®n, se especifica que el permiso del Ayuntamiento de Oia limitaba la ocupaci¨®n m¨¢xima de la superficie de la parcela edificable al 20%, pero las instalaciones sobrepasaban el 68%. Pescanova tambi¨¦n triplic¨® la edificabilidad permitida.

La planta de Oia constituye un presunto delito de prevaricaci¨®n y otro contra la ordenaci¨®n del territorio, de acuerdo con las imputaciones de la jueza de Tui que lleva el caso, abierto a ra¨ªz de una denuncia del la Guardia Civil. La jueza ha implicado a miembros de la anterior corporaci¨®n municipal de Oia, al aparejador municipal y al director de la filial de Pescanova que gestiona las granjas marinas, Insui?a S.L. La planta se construy¨® pese a los informes contrarios de la Conseller¨ªa de Pol¨ªtica Territorial y a la calificaci¨®n de los terrenos como suelo r¨²stico de protecci¨®n de costas en las normas urban¨ªsticas de Oia.

La oposici¨®n de Pol¨ªtica Territorial comenz¨® en abril de 1999, cuando deneg¨® la autorizaci¨®n auton¨®mica previa a la licencia municipal para las obras solicitadas, consistentes en una planta industrial de engorde de rodaballo, lubina y dorada en Moug¨¢s, en el t¨¦rmino municipal de Oia. Insui?a desisti¨® ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el recurso que present¨® contra la citada resoluci¨®n, pero unos meses m¨¢s tarde, en febrero de 2000, el concejal de Urbanismo de Oia concedi¨® la licencia. El planeamiento del municipio, aprobado definitivamente en marzo de 1996, clasifica los terrenos como suelo no urbanizable de protecci¨®n de costas.

Obras ilegalizables

Pasaron cuatro a?os hasta que la Xunta reaccion¨®, pero lo hizo con un expediente de reposici¨®n de la legalidad urban¨ªstica de las obras que no fue atendido, y que desemboc¨® en la declaraci¨®n de las obras como ilegalizables y en la orden de demolici¨®n. La filial de Pescanova no atendi¨® la resoluci¨®n de la Direcci¨®n Xeral de Urbanismo, complementada con otra, de febrero de 2006 - ya con el Gobierno bipartito-, que confirm¨® la legalidad de la orden de demolici¨®n recurrida por Insui?a y por el alcalde de Oia.La compa?¨ªa acu¨ªcola ha tenido que hacer frente a varias sanciones de la Xunta. La ¨²ltima de ellas, de 10.000 euros, impuesta en una resoluci¨®n del pasado 8 de noviembre, en la que se insta la ejecuci¨®n forzosa de la demolici¨®n, "firme en la v¨ªa administrativa e inmediatamente ejecutiva". Previamente, en abril de 2005, la "infracci¨®n urban¨ªstica grave" le supuso a Pescanova otra multa de 72.000 euros. La empresa afront¨® la sanci¨®n, pero la planta sigue en funcionamiento.

La batalla administrativa contra la factor¨ªa acu¨ªcola se libr¨® tambi¨¦n con el Ayuntamiento de Oia y ante el Valedor do Pobo, al que la Direcci¨®n Xeral de Urbanismo ha recurrido en tres ocasiones, las tres durante el mandato del Partido Popular. Las dos primeras, el 29 de octubre de 2004 y el 7 de diciembre del mismo a?o, y la ¨²ltima, con una comunicaci¨®n del 16 de febrero de 2005.

La imputaci¨®n a los concejales de Oia y al director de acuicultura de Pescanova se produjo despu¨¦s de que el Servicio de Protecci¨®n de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) presentase una denuncia en el juzgado, que acompa?¨® de un informe de la Direcci¨®n Xeral de Urbanismo.

Las gestiones del anterior Gobierno gallego contra el proyecto de Pescanova no trascendieron p¨²blicamente. La denegaci¨®n del permiso del Ejecutivo de P¨¦rez Touri?o al proyecto de piscifactor¨ªa en Touri?¨¢n, en cambio, desemboc¨® en un enfrentamiento directo con la compa?¨ªa acu¨ªcula, que acus¨® a la Xunta de obligarla a invertir en Portugal por su falta de apoyo a los proyectos en Galicia.