La Fiscal¨ªa acusa a la contrata de jardines de M¨¢laga de malversaci¨®n
La Fiscal¨ªa de M¨¢laga acus¨® ayer a dos funcionarios responsables de Parques y Jardines del Ayuntamiento de M¨¢laga y a dos representantes de las empresas contratistas del mantenimiento de las zonas verdes de malversar entre junio de 2000 y febrero de 2001 un total de 435.648 euros mediante certificaciones de obras no realizadas. El ministerio p¨²blico pide para cada uno de ellos cuatro a?os y siete meses de prisi¨®n y ocho a?os de inhabilitaci¨®n.
Seg¨²n el relato de hechos del fiscal, Manuel Mart¨ªnez, jefe de secci¨®n de Parques y Jardines y su esposa, Carmen Mu?oz, jefa de obras de mantenimiento de parques, se concertaron con Antonio Amaro y Luis S¨¢nchez, delegados de Urbaser y Sando, empresas contratistas del servicio para "obtener beneficio econ¨®mico" realizando "certificaciones inveraces que eran autorizadas por los dos primeros acusados y cobradas por los segundos". El exceso econ¨®mico obtenido se distribu¨ªa posteriormente entre los cuatro, seg¨²n la acusaci¨®n p¨²blica.
El enriquecimiento il¨ªcito se realizaba por distintos mecanismos. El primero consist¨ªa en hacer pasar por jardines de tipo B -que requieren mayor mantenimiento y son m¨¢s costosas- zonas verdes que en realidad eran de tipo A, m¨¢s f¨¢ciles de cuidar y en incrementar la superficie de los jardines en la certificaci¨®n. Urbaser percibi¨® indebidamente por este m¨¦todo 40.567 euros y Sando, 28.317.
Otro sistema era certificar por partida doble los trabajos realizados. Urbaser, seg¨²n el fiscal, recurri¨® en trece ocasiones a esta ilegalidad, lo que le report¨® una ganancia de 27.604 euros. Los trabajos de poda, que se deb¨ªan incluir en los cuidados generales de los parques, se facturaron otra vez aparte, al igual que los tratamientos de fitosanitarios. Por este ¨²ltimo concepto, Urbaser certific¨® 134.255 euros y Sando 147.302 euros.
El fiscal imputa a los cuatro acusados un delito continuado de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. Para los dos funcionarios a?ade un delito de libramiento de certificaci¨®n falsa, por lo que les pide 19 meses de suspensi¨®n. A los dos representantes de las empresas les acusa de falsedad y reclama para cada uno 3.000 euros de multa.
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