?Empleos blindados?
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Una sentencia que hace apenas dos semanas obligaba a la gestora de Marbella a readmitir en sus antiguos puestos de trabajo a tres altos cargos de la era GIL abr¨ªa el debate sobre la posibilidad de que sus antiguos patrones les hubieran dejado en herencia un puesto de trabajo blindado. Los beneficiados eran Carmen Revilla, una ex concejal e imputada en el caso Malaya; Juan Delgado, mano derecha de Marisol Yag¨¹e; y Fernando Sim¨®n, otro de los empleados de confianza de la antigua regidora. Fuentes municipales aseguran que, tal y como indica el juez en el escrito, se les ha readmitido y les han ingresado el dinero de los salarios que han dejado de percibir, pero que, con las mismas, se ha preparado otra carta de despido. Ninguno de ellos ha intentado volver al trabajo.
El juzgado de lo Social que dictamin¨® la nulidad del despido basaba su decisi¨®n en un mal c¨¢lculo de la antig¨¹edad a la hora de establecer la indemnizaci¨®n, ya que los tres acumulaban m¨¢s a?os de experiencia en otras sociedades relacionadas con el Ayuntamiento. Sin embargo, la nulidad no era total, ya que la sentencia admit¨ªa que las denuncias estaban justificadas porque como se han producido reestructuraciones en las empresas en las que trabajaban (Comunicaci¨®n y Difusi¨®n 2000 en el caso de Revilla y Gerencia de Obras en los casos de Delgado y Sim¨®n) sus puestos ya no est¨¢n justificados.
Revilla fue locutora y presentadora de televisi¨®n en los medios municipales en las dos primeras legislaturas de Gil. En 1999 se incorpor¨® a la corporaci¨®n como edil de la Mujer y fue teniente de alcalde del n¨²cleo poblacional de San Pedro Alc¨¢ntara. El pasado verano, en la segunda fase de la operaci¨®n Malaya, fue detenida y qued¨® en libertad bajo fianza de 30.000 euros. En octubre decidi¨® incorporarse a su empleo en la televisi¨®n municipal y d¨ªas despu¨¦s, el Consejo de Administraci¨®n de Comunicaci¨®n y Difusi¨®n 2000 decidi¨® despedirla. Por si fuera poco, la comisi¨®n gestora pidi¨® al juez instructor del caso Malaya, Miguel ?ngel Torres, que se embargara la indemnizaci¨®n que le corresponder¨ªa para asegurarse el cobro de la cuant¨ªa por responsabilidad civil de la ex concejal en el procedimiento contra la corrupci¨®n en el Ayuntamiento. En la vista por su despido, Revilla aleg¨® que se la estaba persiguiendo por su ideolog¨ªa pol¨ªtica y que la hab¨ªan bajado de categor¨ªa profesional. Fuentes consultadas lo atribuyen a "su car¨¢cter y mala disposici¨®n en el trabajo".
Al igual que ocurre con la mayor¨ªa de los cargos de confianza contratados en el Ayuntamiento marbell¨ª, Delgado y Sim¨®n hab¨ªan sido nombrados "coordinadores" y estaban contratados a trav¨¦s de la Gerencia de Obras y Servicios. En el contencioso abierto por su trabajo, Delgado ped¨ªa que se computase el tiempo que hab¨ªa trabajado en el Consistorio, independientemente de la sociedad municipal que fuese. Fuentes consultadas aseguran que para calcular una indemnizaci¨®n por despido ¨²nicamente se toma como referencia el tiempo que se ha estado contratado en una empresa. Con la reestructuraci¨®n, la gestora no ha cre¨ªdo necesario conservar sus puestos.
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