Los jueces conservadores copan los puestos clave

Los jueces conservadores, agrupados en la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, dominan el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia, la mayor¨ªa de las Audiencias Provinciales y, sobre todo, la Audiencia Nacional, la jurisdicci¨®n clave para llevar adelante el proceso de paz.

En el Tribunal Supremo tienen la presidencia de cuatro de sus cinco salas y amplia mayor¨ªa en todas ellas, excepto en la Sala de lo Civil, la ¨²nica que mantiene un presidente progresista, Juan Antonio Xiol, y una composici¨®n equilibrada. La diferencia m¨¢s patente radica en la Sala de lo Penal, la m¨¢s sensible de todas por tener asignada el enjuiciamiento de delitos cometidos por aforados, entre los que se cuentan los miembros del Gobierno y del Legislativo. La Sala ha intentado nadar y guardar la ropa en algunas de sus ¨²ltimas decisiones, todas pol¨¦micas: la doctrina Parot, que aplica sucesivamente la extinci¨®n de penas prolongando hasta el m¨¢ximo de 30 a?os el cumplimiento efectivo de prisi¨®n; la sentencia Jarrai, que declar¨® terrorista a la organizaci¨®n juvenil de Batasuna, considerada asociaci¨®n il¨ªcita por la Audiencia. Y la sentencia De Juana, la m¨¢s criticada, pero la m¨¢s juiciosa.

La Sala Penal guardaba equilibrio hasta la jubilaci¨®n de los magistrados progresistas Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn y Siro Garc¨ªa, cuyas plazas han sido cubiertas por el fiscal conservador Antonio Marchena y el magistrado de izquierdas Luciano Varela. La diferencia se sit¨²a en nueve magistrados a seis a favor de la derecha judicial, diferencia que se incrementar¨¢ a 10-6 con el regreso del vocal del Poder Judicial Adolfo Prego, propuesto por el PP y a quien deben su nombramiento al menos la mitad de sus compa?eros. Inteligente, buen jurista y muy maniobrero, Prego se convertir¨¢ previsiblemente en el l¨ªder de su sector en cuanto regrese a la Sala.

La Sala de lo Contencioso, que tiene asignados los recursos contra disposiciones del Gobierno, tiene tambi¨¦n mayor¨ªa de dos tercios de conservadores, y ha empezado a notarse en asuntos como la OPA de Gas Natural o la anulaci¨®n del traslado de la Comisi¨®n de las Telecomunicaciones a Barcelona.

La Sala de lo Militar, presidida por ?ngel Calder¨®n, ha dejado claro que las condenas del franquismo en los asuntos m¨¢s significados -el ministro republicano Juan Peir¨® o los anarquistas Delgado y Granados- no son revisables. En breve se pronunciar¨¢ sobre el caso Puig Antich.

- Audiencia Nacional. Con el nombramiento, a la tercera, de Javier G¨®mez Berm¨²dez como presidente de la Sala Penal y la incorporaci¨®n de Fernando Grande-Marlaska al juzgado central 3, la Audiencia queda en manos de un n¨²cleo duro de conservadores, que ya han demostrado su capacidad al revocar la excarcelaci¨®n del etarra De Juana, o con sentencias como las del propio De Juana o Henri Parot. Dominan en sus tres cuartas partes un pleno de 16 magistrados en la jurisdicci¨®n clave para sacar adelante el proceso de paz. Hoy ni se vislumbra c¨®mo desarrollar un proceso similar al que concluy¨®, sin estridencias, con la presentaci¨®n de los polis-milis de ETA de la mano del abogado Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s en la Audiencia.

- Tribunales Superiores de Justicia. De los 17 TSJ, la conservadora APM cuenta con 11 presidencias, entre ellas la del muy conservador Fernando Ruiz Pi?eiro en el Pa¨ªs Vasco, que mantiene imputado al lehendakari Ibarretxe como supuesto cooperador necesario en un delito de desobediencia.

- Audiencia de Madrid. El caso Bono, con penas de cinco a?os a los polic¨ªas que interrogaron a dos militantes del PP para identificar a los agresores del entonces ministro de Defensa en una manifestaci¨®n de la AVT y la imputaci¨®n de la c¨²pula de la Polic¨ªa Cient¨ªfica por la juez Gemma Gallego dan idea de la situaci¨®n a que se enfrenta el Ejecutivo en esta jurisdicci¨®n.