113 recursos cuestionan la ley de violencia sexista en el Constitucional

Veintitr¨¦s jueces o tribunales de diversas ciudades espa?olas consideran que son inconstitucionales tres art¨ªculos del C¨®digo Penal que se modificaron con la entrada en vigor de la ley contra la violencia de g¨¦nero y que otro art¨ªculo que aplican los jueces en casos de malos tratos tampoco se ajusta a la legalidad. En el Tribunal Constitucional se acumulan 113 cuestiones de inconstitucionalidad en las que los jueces expresan sus argumentos y reclaman un pronunciamiento. Los juristas discrepan sobre c¨®mo ha de interpretarse la ley.

Un juzgado de Albacete es el m¨¢s persistente. Ha planteado 21 cuestiones de inconstitucionalidad

La cuesti¨®n de inconstitucionalidad es una alternativa de la que dispone el juez cuando ha de dictar sentencia y considera que la ley que ha de aplicar, en este caso el C¨®digo Penal, no se ajusta a la Constituci¨®n. Por eso traslada el tema al Tribunal Constitucional para que se pronuncie. Mientras tanto, el caso queda paralizado. Desde que empez¨® a funcionar el Alto Tribunal, nunca se hab¨ªan planteado tantas dudas sobre la constitucionalidad de una norma o precepto legal.

La ley de medidas de protecci¨®n integral contra la violencia de g¨¦nero fue aprobada por unanimidad por el Congreso a finales del mes de diciembre de 2004. Esta norma supuso, entre otras medidas, la creaci¨®n de juzgados especializados y el agravamiento de las penas para hombres por el mismo delito (coacciones, amenazas, maltrato y lesiones). Y modific¨® diversos art¨ªculos del C¨®digo Penal. Los tres que cuestionan los jueces son el 153.1, el 171.4 y el 172.2.

El primero establece un castigo de penas de seis meses a un a?o de c¨¢rcel para el hombre que maltrate f¨ªsica o ps¨ªquicamente a su esposa o a quien haya mantenido o mantenga con ¨¦l una "an¨¢loga relaci¨®n de afectividad". Sin embargo, si ese mismo delito lo comete la mujer, la horquilla de la pena es inferior y va de tres meses a un a?o de c¨¢rcel, seg¨²n establece el art¨ªculo 153.2.

Esa diferencia en el castigo penal en funci¨®n del sexo de quien cometa el delito es lo que los jueces consideran discriminatoria y ha generado 67 cuestiones de inconstitucionalidad. De ellas 59 est¨¢n ya concluidas, a la espera de sentencia y otras ocho, pendientes de admisi¨®n.

El tribunal m¨¢s activo de Espa?a es el Juzgado de lo Penal n¨²mero 2 de Albacete, que ha planteado 21 cuestiones de inconstitucionalidad por el art¨ªculo 153.1 del C¨®digo Penal. Por el mismo motivo, el Juzgado Penal n¨²mero 1 de Valladolid ha presentado otras 14 cuestiones y el n¨²mero 4 de Murcia, 11 m¨¢s.

Los juzgados coinciden con matices en que ese precepto podr¨ªa suponer una vulneraci¨®n de hasta siete art¨ªculos distintos de la Constituci¨®n. Entre ellos, el referido al principio de legalidad y seguridad jur¨ªdica, la dignidad de las personas, la igualdad de los espa?oles ante la ley o el derecho a la tutela judicial efectiva.

Por otra parte, los art¨ªculos 171.4 y 172.2 del C¨®digo Penal tipifican como delito las amenazas o las coacciones leves, respectivamente, de un hombre a una mujer que haya sido o sea su pareja. Si esa misma acci¨®n la comete una mujer se considera falta. Si es delito la pena oscila entre seis meses y un a?o de c¨¢rcel o trabajos en beneficio de la comunidad. El primero de esos art¨ªculos ha generado 30 cuestiones de inconstitucionalidad y el segundo, dos m¨¢s, planteadas tambi¨¦n por el Juzgado de lo Penal n¨²mero 2 de Albacete. Los art¨ªculos de la Constituci¨®n que podr¨ªan vulnerarse son algunos de los ya relatados.

El art¨ªculo 57.2 del C¨®digo Penal que tambi¨¦n ha generado otras 14 cuestiones de inconstitucionalidad se refiere a la obligatoriedad de que el juez dicte contra un condenado por maltrato una orden de alejamiento de su v¨ªctima. Esa reforma se aprob¨® cuando gobernaba el PP, aunque cont¨® con el apoyo del PSOE.