Los vecinos quieren participar en el control de las VPO en alquiler

La Asociaci¨®n de Vecinos del Arenal, el barrio cordob¨¦s en el que est¨¢ previsto levantar 54 viviendas protegidas en alquiler, pide a la Junta que les deje participar en el control y seguimiento de los futuros inquilinos. El Ayuntamiento tiene en marcha comisiones mixtas de este tipo desde hace un a?o. Los vecinos reclaman ahora a la Junta lo mismo. Quieren que se les permita alertar de posibles malas conductas por parte de algunos inquilinos.

La Junta de Andaluc¨ªa ha previsto levantar una promoci¨®n de 54 pisos protegidos para alquilar en el barrio del Arenal de C¨®rdoba, donde existen unas mil viviendas. Un grupo de vecinos acaba de crear una plataforma para oponerse al proyecto. Su presidente, Jos¨¦ Antonio Delgado, dice que el "cupo de solidaridad" de su barrio ya est¨¢ completo con las alrededor de 200 VPO de alquiler que ya existen. Las personas que accedan a esas nuevas casas protegidas tendr¨¢n una renta de hasta 39.396 euros al a?o y pagar¨¢n 274 euros mensuales de alquiler como m¨¢ximo. Sin embargo, estas garant¨ªas no convencen a los opositores al proyecto, fundamentalmente, propietarios o personas arrendadas en otras viviendas de protecci¨®n colindantes al nuevo proyecto.

La Asociaci¨®n de Vecinos del Arenal ha anunciado que "acompa?a" la iniciativa de la plataforma. Su vicepresidente, Jos¨¦ Luis G¨®mez, mantiene una postura m¨¢s moderada y no se opone a la construcci¨®n de estos pisos. Sin embargo, han decidido sumarse a la plataforma, entre otras cosas, "para que no haya actitudes que puedan rozar el racismo".

G¨®mez, quien adem¨¢s es el presidente del Consejo de Distrito Sureste, afirma que han planteado dos alternativas a la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas, que pilota el proyecto. Por un lado, han solicitado que las viviendas que se oferten no sean para el alquiler, sino para la venta. La raz¨®n estriba en que, si surgen problemas con alg¨²n inquilino, la comunidad, como propietaria del inmueble, puede ejercer presi¨®n por su cuenta para controlar a esas personas conflictivas.

G¨®mez ofrece otra alternativa: "Que la Junta nos d¨¦ a los vecinos las herramientas necesarias de control". En el caso de que las casas sean de alquiler, se tratar¨ªa de crear una comisi¨®n de seguimiento conjunta. La idea es que los vecinos puedan alertar de las posibles conductas inc¨ªvicas. Se las trasladar¨ªan a la Administraci¨®n, que tendr¨ªa que comprobar si esas denuncias son ciertas y poner en marcha los mecanismos de sanci¨®n.

G¨®mez asegura que esta iniciativa no es nueva. Han logrado que Vimcorsa, la empresa municipal de vivienda del Ayuntamiento de C¨®rdoba, la acepte. Hace un a?o, indica G¨®mez, se crearon las primeras comisiones mixtas, donde los vecinos pueden presentar sus quejas y alertar de malas pr¨¢cticas. "Se trata de una herramienta para poder controlar a las personas que venden droga, que no pagan la comunidad o que no respetan los inmuebles", asegura. G¨®mez, dice que, desde que se pusieron en marcha las comisiones, "no ha sido necesario echar a ning¨²n inquilino".

El pr¨®ximo 21 de marzo, el presidente del Consejo de Distrito Sureste se reunir¨¢ con el delegado de Obras P¨²blicas, Francisco Garc¨ªa, para tratar el problema de las 54 nuevas VPO en alquiler. G¨®mez lleva siguiendo el proyecto desde hace dos a?os, pero la pol¨¦mica salt¨® la semana pasada con la creaci¨®n de la plataforma y con la convocatoria de una asamblea vecinal sobre el proyecto. La plataforma la han creado un grupo de inquilinos que, al igual que G¨®mez, residen en viviendas protegidas. Lo que les alert¨® fue que se empezaran a hacer las catas arqueol¨®gicas en el solar. El vicepresidente de la Asociaci¨®n de Vecinos del Arenal espera que la Administraci¨®n atienda sus peticiones y que el asunto no se enrede con actitudes racistas. Hace unos meses, el Ayuntamiento de C¨®rdoba paraliz¨® un proyecto de 250 apartamentos protegidos en la zona despu¨¦s de que se extendiera el rumor de que ir¨ªan destinados a rumanos, marroqu¨ªes y a colectivos marginales.