"Investigaremos a fondo la relaci¨®n entre pol¨ªticos y paramilitares"

"Vamos a ir hasta donde se tenga que ir; las consecuencias, ni nosotros mismos podemos adelantarlas", afirma sin titubear Alfredo G¨®mez, presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Este juez de 55 a?os tiene, junto a ocho magistrados m¨¢s, la tarea de investigar y juzgar a los congresistas involucrados en el esc¨¢ndalo provocado por la relaci¨®n entre los pol¨ªticos y los paramilitares colombianos. Un esc¨¢ndalo que ha destapado asesinatos, secuestros, extorsiones y compra de votos. "Nuestro compromiso es investigar a fondo la relaci¨®n entre pol¨ªticos y paramilitares", dice G¨®mez, sin titubeos.

"Somos conscientes de que la credibilidad de la justicia est¨¢ en juego"

Desde finales del a?o pasado, la Corte ha ordenado la detenci¨®n de nueve congresistas, todos miembros de partidos de la coalici¨®n del Gobierno del presidente ?lvaro Uribe, y se espera que otros seis pasen pronto a engrosar la lista.

"Las decisiones las tomamos entre todos los jueces, un¨¢nimemente", dice el magistrado, confirmando que la actuaci¨®n de la Corte en este caso no tiene precedentes en la historia colombiana. Hay, adem¨¢s, otro hecho in¨¦dito: el alto tribunal cuenta con un equipo especial de investigaciones integrado por nueve magistrados auxiliares, nueve expertos de la polic¨ªa judicial y cuatro secretarios. El Gobierno autoriz¨® y concedi¨® el dinero para financiar un equipo con el que nunca antes cont¨® ninguna Corte Suprema.

G¨®mez asumi¨® la presidencia de la sala penal en enero pasado. Jam¨¢s imagin¨® que iba a estar al frente de una investigaci¨®n de tal magnitud.

Pregunta. Debe de ser duro tener esa responsabilidad sobre los hombros.

Respuesta. Sentimos que los colombianos y la comunidad internacional nos miran por las consecuencias que nuestras decisiones pueden tener. Somos conscientes de que la credibilidad de la justicia est¨¢ en juego.

P. ?Han sentido presiones?

R. Nuestra designaci¨®n como jueces no ha sido pol¨ªtica y eso nos garantiza independencia absoluta. No hemos tenido ninguna presi¨®n ni del Poder Ejecutivo ni del Legislativo...

P. Pero uno de los magistrados ya ha recibido amenazas. Le dijeron que hab¨ªan puesto precio a su cabeza.

R. S¨ª, es cierto. Aunque a¨²n no sabemos nada del origen de estas amenazas.

P. ?Se siente respaldado por la opini¨®n p¨²blica?

R. Siento el apoyo de la gente en todas partes. Casi todos los d¨ªas llegan mensajes, algunos an¨®nimos, donde nos muestran todo su afecto y apoyo.

P. Mucha gente piensa que la fiscal¨ªa -que investiga a quien fuera director del espionaje colombiano durante la primera legislatura de Uribe- ha sido t¨ªmida en sus decisiones, que los que verdaderamente impulsan este proceso que tiene en vilo a la clase pol¨ªtica no es la fiscal¨ªa, como deber¨ªa ser, sino los magistrados de la Corte.

R. No creo eso. La fiscal¨ªa y la Corte trabajan conjuntamente apoy¨¢ndose en el traslado de pruebas. En nuestras investigaciones aparecieron elementos comprometedores para personas sobre las que no tenemos competencia y enviamos esas pruebas a la fiscal¨ªa.

G¨®mez cita el caso del ex ministro ?lvaro Ara¨²jo Noguera, padre de la ex ministra de Exteriores Mar¨ªa Consuelo Ara¨²jo, de momento la principal v¨ªctima pol¨ªtica de este esc¨¢ndalo, pues renunci¨® dos d¨ªas despu¨¦s de la detenci¨®n de su hermano por v¨ªnculos con los paramilitares. La fiscal¨ªa ha dictado tambi¨¦n orden de captura contra el ex ministro Ara¨²jo, que est¨¢ pr¨®fugo.