Un informe del Gobierno de Aznar cifr¨® el fraude del Imefe en 12 millones de euros

Miguel Barrachina, entonces director general de Econom¨ªa Social del Ministerio de Trabajo bajo el mandato de Eduardo Zaplana, envi¨® en marzo de 2003 un informe al Imefe (Instituto Municipal para el Empleo y la Formaci¨®n) de Madrid, ayuntamiento entonces presidido por el popular Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez del Manzano, en el que cifraba el fraude de dicha instituci¨®n en 12 millones de euros, de los que exig¨ªa el reintegro de 5,3 millones en tanto que fondos europeos -el resto era municipal-, cifra que supera en tres millones la cantidad acreditada por Anticorrupci¨®n.

La oposici¨®n nunca lleg¨® a conocer este informe oficial del Ministerio de Trabajo que supon¨ªa la cifra definitiva de un fraude descomunal tejido por los directivos del Imefe -Ricardo Peydr¨®, hoy flamante teniente de alcalde popular en Las Rozas pese a su imputaci¨®n por Anticorrupci¨®n, y Jos¨¦ Luis Solana Bl¨¢zquez- en torno a empresas fantasmas o poco cualificadas cuya ¨²nica virtud pareci¨® residir en la militancia en el PP de sus gestores. Anticorrupci¨®n cifr¨® en su reciente escrito de calificaci¨®n el monto de los cursos falseados en nueve millones, por tanto, tres millones menos que los admitidos en 2003 por el Gobierno del PP, que como su ayuntamiento correligionario, nunca denunci¨® judicialmente esa suma. Ni el resto.

El fiscal Anticorrupci¨®n pide nueve a?os de prisi¨®n para el ex director gerente del organismo, Ricardo Peydr¨® Bl¨¢zquez, y el ex director del Servicio de Formaci¨®n Ocupacional, Jos¨¦ Luis Solana Azc¨¢rate, por el esc¨¢ndalo de las adjudicaciones de cursos de formaci¨®n de empleo que no fueron impartidos y en los que fueron falsificadas las firmas de los supuestos asistentes. Anticorrupci¨®n pide dos a?os para otros seis responsables de las empresas adjudicatarias. En total reclama 30 a?os de c¨¢rcel para ocho acusados.

Trabajo, bajo Eduardo Zaplana, se limit¨® a comunicar que el importe a reintegrar se efectuar¨ªa mediante deducci¨®n de la suma en los futuros libramientos que se realizasen por cuenta del Fondo Social Europeo. Por tanto, el Ayuntamiento de Madrid, am¨¦n de haber tirado todos los fondos municipales que regal¨® a las empresas agraciadas, 6,6 millones de euros, perdi¨® otros 5,4 con cargo a las subvenciones que deb¨ªa haberle dado en a?os sucesivos la Uni¨®n Europea. El recorte se materializ¨® en la liquidaci¨®n del programa presupuestario de noviembre de 2004.

Todo esto choca con la tesis de la concejala popular Ana Botella, responsable del organismo heredero del Imefe, la Agencia para el Empleo, quien no ve quebranto o responsabilidad patrimonial en este fraude ni necesidad de que el Ayuntamiento se persone para intentar que los art¨ªfices de esta estafa municipal devuelvan el dinero esquilmado al contribuyente. Lo grave del caso es que la inacci¨®n del Ayuntamiento frena que la investigaci¨®n presione a los empresarios para que opten entre devolver el dinero o revela cu¨¢l fue el destino final de estos millones regalados. Se abonaban cursos inexistentes. Y tal favor a los empresarios implicados, que debe cifrarse en m¨¢s de los 12 millones oficializados por Trabajo -las auditor¨ªas en que se bas¨® nunca analizaron todos los cursos, sino s¨®lo diversas muestras aleatorias, que no sobrepasaron ni el 8% del monto de las subcontrataciones- no puede explicarse por unos regalos en contraprestaci¨®n hacia los directivos del Imefe de apenas 272.000 euros, que son los acreditados por Anticorrupci¨®n. Nadie regala 12 millones de euros a cambio de 272.000 euros. De ah¨ª la pregunta que formula la concejal socialista Isabel Vilallonga: "?Acaso protege la se?ora Botella los intereses patrimoniales del Ayuntamiento de Madrid, o los del Partido Popular?".

Sorprendentemente, el Ministerio de Trabajo, que tampoco entabl¨® acciones judiciales por este fraude, en agosto de 2003 solicit¨® informaci¨®n a Anticorrupci¨®n sobre el estado de sus diligencias secretas sobre el caso Imefe. Intentaba averiguar si se hab¨ªa ordenado su archivo o hab¨ªa derivado en un proceso judicial, la cuant¨ªa de las ayudas europeas implicadas y qu¨¦ proyectos estaban afectados. Todo ello para, supuestamente, remitir tal informaci¨®n a la UE. El fiscal anticorrupci¨®n del caso rehus¨® dar tales datos. Formaban parte del secreto de la investigaci¨®n, que derivaron semanas atr¨¢s en un contundente escrito de calificaci¨®n provisional contra los actores p¨²blicos y privados de esta estafa.