Estado de derecho torcido

?Es l¨ªcito cuestionar el Estado de derecho en Espa?a? Nos parece l¨ªcito y necesario, tanto si lo consideramos en sentido jur¨ªdico estricto como si, atendiendo a su definici¨®n constitucional, queremos verificar si es realmente un Estado democr¨¢tico de derecho.

El Estado de derecho supone que Gobierno y Parlamento, judicatura, medios de comunicaci¨®n, iglesias y sectas religiosas, partidos pol¨ªticos y, en general, todas las instituciones y el conjunto de los ciudadanos est¨¢n sometidos a la ley que, en consecuencia, les trata por igual. Tanto durante el Gobierno del PP como con el actual hay hechos tan incuestionables como numerosos que hacen dudar de nuestro "Estado de derecho" y a¨²n m¨¢s si le a?adimos la condici¨®n de "democr¨¢tico".

La entrada de Espa?a en la guerra de Irak, sin debate y resoluci¨®n previa de las Cortes, no se ajustaba al funcionamiento de un Estado de derecho, y el haber mantenido este compromiso a pesar de que la inmensa mayor¨ªa de la ciudadan¨ªa estaba en contra fue una conculcaci¨®n de la democracia. La legislaci¨®n antiterrorista y la lamentable Ley de Partidos no s¨®lo contradec¨ªan las cartas de derechos humanos a las que Espa?a est¨¢ adherida, sino tambi¨¦n a nuestra Constituci¨®n, y han legitimado a posteriori los comportamientos m¨¢s aberrantes de pol¨ªticos y jueces que han practicado la discriminaci¨®n y la arbitrariedad con total impunidad. Y es especialmente lamentable que estos comportamientos no s¨®lo se han dado por parte de personajes de extrema derecha situados en las c¨²pulas del PP y de la judicatura, sino tambi¨¦n en personalidades consideradas democr¨¢ticas y progresistas. Recuerden la impresentable declaraci¨®n del anterior ministro de Justicia se?or L¨®pez Aguilar ("el Gobierno construir¨¢ nuevas imputaciones para evitar las excarcelaciones", es decir, inventar¨¢ cargos retroactivamente para no cumplir la ley) o la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, votada tambi¨¦n por los magistrados considerados progresistas, en la que se reconoce a los obispos no s¨®lo la potestad de nombrar profesores de religi¨®n para la escuela p¨²blica, sino tambi¨¦n la de reducir sus derechos como ciudadanos y controlar su vida privada. Si ¨¦stos son nuestros "progresistas", mejor ser¨ªa intercambiarlos por conservadores de pa¨ªses m¨¢s civilizados.

Son numerosos los casos que confirman nuestra sospecha: por los mismos hechos los espa?oles reciben un trato distinto por parte de autoridades pol¨ªticas y jueces. Mientras torturadores y asesinos vinculados a las cloacas del Estado reciben un trato de favor, lo mismo que los grandes delincuentes econ¨®micos, a los condenados por delitos de terrorismo se les pueden negar los beneficios a los que tienen legalmente derecho: redenci¨®n de pena, acercamiento a su tierra, excarcelaci¨®n en determinadas circunstancias. En otros casos incluso se violenta la ley para prolongar su condena, como el reciente caso de De Juana Chaos. No cuestionamos la pena que se le impuso en su momento ni defendemos obviamente a este personaje. Pero ¨¦l, como todos, debe ser tratado mediante una aplicaci¨®n justa y razonable de la ley. No hay Estado de derecho si pesos y medidas son unos u otras seg¨²n los sujetos a los que se aplican arbitrariamente. Por una parte se suspende sin pruebas a Egunkaria y se encarcela a sus responsables (unos meses m¨¢s tarde la Audiencia Nacional decide archivar el caso sin m¨¢s) y por otra se tolera que cada d¨ªa la COPE practique el terrorismo verbal, mienta y calumnie a destajo, promueva el odio y la confrontaci¨®n entre los espa?oles, siempre con la bendici¨®n de la c¨²pula episcopal.

Esta c¨²pula pretende imponer su irracionalismo y su antihumanismo a toda la sociedad y no ¨²nicamente a sus fieles. Se llega al absurdo de que la escuela p¨²blica financiada por todos los contribuyentes deba impartir las clases de religi¨®n cat¨®lica como materia acad¨¦mica y aceptar el profesorado nombrado por la Iglesia, y, por otra parte, esta instituci¨®n, que no practica la democracia en su seno, no tolera que se transmitan los valores democr¨¢ticos a los alumnos y se opone a que exista una materia de educaci¨®n c¨ªvica. El Gobierno espa?ol demuestra una inquietante debilidad ante la presi¨®n de estos energ¨²menos y se est¨¢n concretando unos acuerdos que vulneran la Constituci¨®n.

El Estado de derecho, definido tambi¨¦n como democr¨¢tico, no es simplemente la supremac¨ªa de la ley. Si aplicamos los criterios constitucionales, debe ser un Estado basado en instituciones representativas y participativas, en la igualdad de los ciudadanos, en el pluralismo pol¨ªtico y cultural, en la diversidad y autogobierno de los territorios, en las pol¨ªticas p¨²blicas que combatan las desigualdades sociales y econ¨®micas. No es necesario argumentar mucho para concluir que nuestra democracia es, por lo menos, muy imperfecta. El sistema electoral pervierte la representatividad, el valor de los votos es distinto en cada provincia, y los mecanismos participativos establecidos est¨¢n a¨²n mucho m¨¢s atrasados que en otros pa¨ªses europeos o americanos. Los gobiernos y los jueces vulneran o no defienden los principios constitucionales y ya hemos visto que la igualdad de los ciudadanos ante la ley no existe. En muchos casos, las pol¨ªticas p¨²blicas parecen m¨¢s destinadas a favorecer los negocios, incluso los especulativos, que a reducir las desigualdades, como ocurre en urbanismo y vivienda. Y por ¨²ltimo el pluralismo cultural y la diversidad territorial, y su corolario, el desarrollo de las autonom¨ªas, est¨¢n hoy en crisis.

El d¨¦ficit del Estado democr¨¢tico de derecho no ser¨ªa tan grave si el Tribunal Constitucional protegiera los principios de la Constituci¨®n e impulsara su desarrollo. Pero ¨²ltimamente est¨¢ sucediendo lo contrario. Se recusa a un magistrado por un trabajo acad¨¦mico que, meses antes, el mismo tribunal hab¨ªa considerado que "no s¨®lo no choca, sino que entronca con el fundamento mismo de la imparcialidad" (Auto 18/2006), criterio este ¨²ltimo que aplica a un magistrado de signo contrario. Mientras tanto, el espect¨¢culo pol¨ªtico respecto a los estatutos de autonom¨ªa es deprimente. Normas estatutarias similares, en unos casos se aceptan (si las han votado PP y PSOE) y en otros no, como es el caso del Estatut de Catalunya. La farsa estatutaria (y otras como la citada sobre el profesorado de religi¨®n) ha deslegitimado al tribunal. Hasta ahora hab¨ªamos soportado declaraciones absurdas o provocadoras de algunos de sus miembros, incluso de alg¨²n presidente. Ahora son las decisiones del propio tribunal las que merman su credibilidad, generan sospecha y reducen su autoridad a m¨ªnimos.

En fin, no se extra?en si en nuestro pa¨ªs aparecen movimientos "qualunquistas", es decir, an¨®micos, de los "cualquiera", del tipo "que se vayan todos". No son reacciones sociales deseables, pero como la fiebre, son indicadores que nos advierten de una crisis de la democracia. Parece que estos "todos" se lo est¨¢n buscando.

Jordi Borja es ge¨®grafo-urbanista, y Mercedes Garc¨ªa Ar¨¢n es penalista.