El Congreso da v¨ªa libre a la ley que cede la gesti¨®n de los parques nacionales a las comunidades aut¨®nomas
La gesti¨®n de los parques nacionales, la joya de la corona del patrimonio natural espa?ol, es desde ayer competencia exclusiva de las comunidades aut¨®nomas. La nueva Ley de la Red de Parques Nacionales pas¨® el ¨²ltimo tr¨¢mite en el Congreso -con el apoyo de todos los grupos- y entrar¨¢ en vigor en los pr¨®ximos d¨ªas, aunque el traspaso de recursos humanos y materiales de la Administraci¨®n central a las auton¨®micas lleva en marcha desde enero.
La normativa, obligada por dos sentencias del Tribunal Constitucional que en 2004 dieron la raz¨®n a las comunidades aut¨®nomas, reserva, sin embargo, al Estado la "coordinaci¨®n" de toda la red, la responsabilidad de marcar "objetivos, directrices y criterios comunes" en un plan director, y la capacidad para revocar la declaraci¨®n de parque nacional; ¨¦sta se producir¨¢ si la comunidad aut¨®noma correspondiente permite una "degradaci¨®n significativa" del espacio natural o introduce usos prohibidos (como el urban¨ªstico). Espa?a tiene actualmente 14 parques nacionales, que ocupan apenas el 0,6% de la superficie del pa¨ªs.
La declaraci¨®n de parque nacional seguir¨¢ dependiendo de una ley votada en Cortes Generales, aunque previa aprobaci¨®n por los Parlamentos regionales. Despu¨¦s, la gesti¨®n diaria la asumir¨¢ la comunidad aut¨®noma en exclusiva (ahora era compartida). Una vez obtenido ese m¨¢ximo rango, en el parque estar¨¢ prohibida la caza, la pesca, cualquier tipo de explotaci¨®n agr¨ªcola o forestal y la tala con fines comerciales. El suelo no podr¨¢ ser "en ning¨²n caso" susceptible de urbanizaci¨®n o edificaci¨®n. Cada tres a?os, el Ministerio de Medio Ambiente elaborar¨¢ un informe de evaluaci¨®n.
"Debe quedar claro que esta ley no desprotege los parques, al contrario: la Administraci¨®n central ser¨¢ muy exigente, las comunidades no van a poder hacer lo que quieran", asegura la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Las organizaciones ecologistas, que pusieron el grito en el cielo tras las sentencias del Constitucional calific¨¢ndolas de "golpe mortal" al patrimonio com¨²n, estaban ayer bastante m¨¢s tranquilas. "La ley salva los muebles: establece unas restricciones m¨ªnimas, a pesar de las presiones de todo tipo que han ejercido las comunidades", afirm¨® Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF-Adena, que desconf¨ªa, sin embargo, de la capacidad de la Administraci¨®n central para vigilar que se cumplan las directrices impuestas. "La ley es positiva: fija un modelo com¨²n y fortalece la red", apunt¨® Theo Oberhuber, coordinador de Ecologistas en Acci¨®n.
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