21 millones de tarjetas prepago de m¨®vil seguir¨¢n siendo an¨®nimas

Los casi 21 millones de usuarios de telefon¨ªa m¨®vil que tienen tarjetas de prepago seguir¨¢n siendo an¨®nimos. El Gobierno ha suavizado la ley de conservaci¨®n de datos de las comunicaciones electr¨®nicas para que la obligatoriedad de identificar a los usuarios de tarjetas no tenga car¨¢cter retroactivo y s¨®lo afecte a los clientes que las adquieran a partir de la entrada en vigor de la ley. De esta forma se atiende la petici¨®n de las compa?¨ªas para reducir el coste de la normativa europea de control de comunicaciones contra el terrorismo.

Las compa?¨ªas alegan que aplicar el control retroactivo costar¨ªa casi 100 millones

Tener un m¨®vil y ser an¨®nimo seguir¨¢ siendo compatible. El Gobierno ha suavizado su intenci¨®n inicial de obligar a las compa?¨ªas de telefon¨ªa m¨®vil a identificar a todos sus clientes, incluyendo aquellos que tienen tarjetas de prepago. Estos ¨²ltimos, al no firmar un contrato con la compa?¨ªa, son an¨®nimos y suponen casi la mitad de los 46 millones de l¨ªneas de telefon¨ªa m¨®vil que hay en Espa?a.

El Ejecutivo ha introducido un art¨ªculo en el Proyecto de Ley de Conservaci¨®n de Datos Relativos a las Comunicaciones Electr¨®nicas y Redes P¨²blicas para que esa obligaci¨®n s¨®lo afecte a los nuevos clientes con la entrada en vigor de la ley. As¨ª, las compa?¨ªas quedar¨¢n exentas de identificar a los 20,9 millones de l¨ªnea de prepago que tienen ahora. Tampoco tendr¨¢n que dar datos los clientes de estas tarjetas cuando vayan a recargarlas.

"La obligaci¨®n de inscripci¨®n a que se refiere el apartado anterior no es de aplicaci¨®n a las tarjetas adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, incluso en los supuestos de recarga de las mismas", dice el art¨ªculo 8 de la disposici¨®n adicional ¨²nica relativa a las tarjetas prepago.

Ese art¨ªculo, que no figuraba en el anteproyecto de ley del pasado septiembre, atiende las peticiones de las compa?¨ªas de telefon¨ªa, que plantearon la dificultad y el coste de identificar a los actuales clientes de prepago. Las compa?¨ªas se quejaban tambi¨¦n de que no ten¨ªan un instrumento legal para cortar la l¨ªnea a los abonados que no den sus datos. La intenci¨®n inicial del Gobierno era dar un plazo de seis meses a las operadoras para que consiguieran los datos de los clientes y, de no hacerlo, obligarlas a cortarles el servicio.

El Ejecutivo ha optado por una adaptaci¨®n suave de la directiva europea sobre Retenci¨®n de Datos de Tr¨¢fico Telef¨®nicos y de Comunicaciones Electr¨®nicas, de febrero de 2006, para luchar contra el terrorismo y la delincuencia. Justicia e Industria, que han elaborado el proyecto, con la colaboraci¨®n de Defensa e Interior, dan marcha atr¨¢s en su intenci¨®n inicial de utilizar el modelo de Suiza, primer pa¨ªs que oblig¨® a identificar a los abonados con car¨¢cter retroactivo.

La norma obliga a las compa?¨ªas a llevar un libro-registro en el que conste la identidad de los clientes y la nacionalidad del due?o de la tarjeta o, en caso de empresas, la identificaci¨®n fiscal. En realidad, no todos los abonados de prepago son completamente an¨®nimos. Las compa?¨ªas hacen campa?as (descuentos, regalos...) para identificar de sus prepagos y se estima que guardan alg¨²n dato de cerca de seis millones de clientes.

Pero la norma no s¨®lo afecta al m¨®vil. Todas las compa?¨ªas de comunicaciones -telefon¨ªa fija y m¨®vil e Internet- deber¨¢n conservar durante un a?o datos para rastrear e identificar el origen de una comunicaci¨®n. Entre esos datos figuran: n¨²mero de tel¨¦fono, nombre y direcci¨®n del que llama y del destinatario; fecha y hora de comienzo y fin de la comunicaci¨®n; direcci¨®n del protocolo de Internet; datos que permitan la identificaci¨®n geogr¨¢fica de la celda (¨¢rea de telefon¨ªa celular) origen de la llamada y del destino, e identificaci¨®n de los desv¨ªos de llamadas.

En ning¨²n caso se consignar¨¢n datos acerca del contenido de la conversaci¨®n o comunicaci¨®n (mensaje de texto o correo electr¨®nico), ya que esta ley no tiene competencias sobre intervenci¨®n de comunicaciones, que siguen estando sujetas a una orden judicial. Actualmente hay 40.000 tel¨¦fonos intervenidos. El proyecto mantiene la obligaci¨®n de conservar los datos durante 12 meses pero introduce la posibilidad de ampliar o reducir ese plazo v¨ªa reglamentaria hasta un m¨¢ximo de dos a?os y un m¨ªnimo de seis meses.

La norma ampl¨ªa el n¨²mero de "agentes facultados" para pedir la cesi¨®n de los datos, pero siempre "previa resoluci¨®n judicial". Tendr¨¢n esa consideraci¨®n las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando desempe?en funciones de polic¨ªa judicial; el Centro Nacional de Inteligencia, as¨ª como la Direcci¨®n de Vigilancia Aduanera. Los operadores deber¨¢n facilitar los datos en 48 horas cuando estos tengan una antig¨¹edad inferior a tres meses y en 72 horas cuando tengan sean m¨¢s antiguos.

Las operadoras tendr¨¢n que costear las medidas. S¨®lo el registro de los datos y su almacenamiento inform¨¢tico tendr¨¢ un coste superior a los 20 millones. Adem¨¢s, ser¨¢ preciso contratar personal para atender a las peticiones de cesi¨®n de datos a los agentes facultados. S¨ª se ahorrar¨¢n la campa?a de publicidad y otras medidas previstas, como env¨ªo de sms y cartas, para la identificaci¨®n de sus actuales clientes de prepago, medidas que hubieran supuesto un gasto de cerca de 100 millones de euros.