La detenci¨®n de Otegi

Un a?o despu¨¦s del anuncio del alto el fuego que tantas esperanzas suscit¨®, y que rompi¨® ETA en diciembre, reina la mayor confusi¨®n. El de ayer fue uno de esos d¨ªas en que ocurren demasiadas cosas y demasiado contradictorias. La detenci¨®n de Otegi, poco despu¨¦s de que Rajoy acusara a Zapatero de dar un trato de favor al portavoz de Batasuna, fue la m¨¢s llamativa; no s¨®lo por ser consecuencia indirecta del temporal de nieve que le impidi¨® llegar a tiempo al juicio en que deb¨ªa comparecer como acusado, sino por haber sido precedida por una sorda batalla entre el tribunal juzgador, la Audiencia Nacional, y la Fiscal¨ªa General del Estado, que hab¨ªa solicitado el aplazamiento de la vista por razones procesales; encontronazo que se produc¨ªa dos d¨ªas despu¨¦s de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo decidiera aplazar hasta despu¨¦s de las elecciones de mayo la vista sobre el recurso contra otra condena anterior de Otegi, que de ser confirmada le llevar¨ªa a prisi¨®n.

Estos episodios -al igual que la retirada de cargos por parte de la fiscal¨ªa ayer a ¨²ltima hora ya en la vista oral- tienen relevancia pol¨ªtica, por ocurrir cuando se agota el plazo para que Batasuna haga aquello que tendr¨ªa que hacer para poder participar en las elecciones locales, factor que condicionar¨¢ seguramente la actitud de la izquierda abertzale en los pr¨®ximos meses. La formaci¨®n ilegalizada mantiene un pulso por imponer lo que considera su derecho a participar sin cumplir las condiciones que derivan de la Ley de Partidos. Zapatero reiter¨® ayer (en otra tensa sesi¨®n de control) que su Gobierno har¨¢ cumplir esa ley "al pie de la letra". Otegi alega que no obliga a condenar la violencia para que un nuevo partido sea inscrito legalmente. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dej¨® establecido que una condena expresa del terrorismo ser¨ªa exigible cuando exista sospecha de que el nuevo partido sea una mera sucesi¨®n del declarado ilegal, precisamente por su supeditaci¨®n a ETA.

Cuando Otegi declara que ser¨ªa un error pretender "construir la independencia desde la lucha armada" (y que no tiene por qu¨¦ haber "un precio pol¨ªtico por el fin de la violencia") parece indicar que ha entendido que, despu¨¦s de Barajas, necesita algo m¨¢s que el discurso habitual para ser tomado en serio. Pero no saca la consecuencia l¨®gica de ello: que nada de lo que pueda proponer Batasuna podr¨¢ ser tomado en consideraci¨®n mientras no se produzca el compromiso de abandono definitivo de la violencia por parte de ETA o la desvinculaci¨®n de la banda por parte de Batasuna. El atentado de Barajas ha demostrado la imposibilidad de un di¨¢logo cuando una de las partes se reserva el derecho a presionar a bombazos en favor de sus propuestas, sea la independencia o una autonom¨ªa vasco-navarra.

El Gobierno ha hecho saber que desea que Batasuna est¨¦ en las elecciones, pero s¨®lo si acata la ley, lo que parece poco probable en estos momentos. Sin embargo, no es indiferente, con vistas al futuro, la actitud que se mantenga ahora. Entrar a negociar las condiciones de la participaci¨®n electoral sentar¨ªa un precedente peligroso para el d¨ªa de ma?ana. Las condiciones est¨¢n en la ley y su aplicaci¨®n corresponde a los tribunales.