Crimen sin castigo en Am¨¦rica Latina

Despu¨¦s de haberlo intentado en junio del pasado a?o, el juez espa?ol Santiago Pedraz abandon¨® Guatemala sin haber podido interrogar a ninguno de los ocho acusados de delitos de genocidio, torturas y terrorismo de Estado, cometidos durante los 34 a?os de conflicto armado (1962-1996) padecidos por el pa¨ªs centroamericano.

"Fue alucinante lo que vio all¨ª. El grupito de abogados de siempre interpuso un recurso de amparo tras otro, m¨¢s de 15", se?alan fuentes judiciales.

Argentina lidera la revisi¨®n de los abusos de las dictaduras latinoamericanas

"Jueces, polic¨ªas y m¨¦dicos son c¨®mplices de los agresores", dice Mar¨ªa Paula Romo

El magistrado de la Audiencia Nacional contin¨²a trabajando para conseguir las extradiciones, pero probablemente no logre la del ex presidente de facto Efra¨ªn R¨ªos Montt (1982-1983) porque ganar¨¢ un esca?o de diputado, y la inmunidad, en las elecciones generales de septiembre pr¨®ximo. La impunidad en Guatemala, y en otros pa¨ªses latinoamericanos, fue posible porque la extrema derecha es todav¨ªa poderosa y se dictaron leyes de amnist¨ªa, o porque dentro de los cuerpos de seguridad, de la justicia y de la pol¨ªtica act¨²an coaliciones mafiosas, buena parte carburadas por el dinero del narcotr¨¢fico.

El autoritarismo del siglo pasado, por otra parte, construy¨® Estados d¨¦biles, poderes judiciales puramente simb¨®licos y foment¨® la cultura de la ilegalidad. Santiago Pedraz prepara nueva documentaci¨®n probatoria sobre las atrocidades perpetradas por los reg¨ªmenes c¨ªvico-militares en una guerra sucia que caus¨® 200.000 muertos, la mayor¨ªa ind¨ªgenas mayas. "Es posible que se consiga alguna extradici¨®n", agregan fuentes judiciales. Luis Moreno Ocampo, fiscal general de la Corte Internacional (CPI), observa, sin embargo, "una nueva ola de revisi¨®n de los cr¨ªmenes y abusos de los derechos humanos perpetrados por las dictaduras latinoamericanas. Ocurre incluso en Uruguay". La Ley de Caducidad de 1986 impide en este pa¨ªs el procesamiento de la dictadura (1973-1985). El fiscal aconseja una visi¨®n global para poder apreciar los esfuerzos justicieros de Am¨¦rica Latina. "Perm¨ªtame que le cite un trabajo de la investigadora norteamericana Catherine Siikink, todav¨ªa sin publicar, sobre la impunidad, que llega a la conclusi¨®n de que Am¨¦rica Latina lidera en el mundo la revisi¨®n de cr¨ªmenes", agrega Ocampo.

Baltasar Garz¨®n, cuya persecuci¨®n del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet, en el a?o 1998, constituy¨® un hito, Santiago Pedraz, y otros jueces invocaron la justicia universal contra delitos de lesa humanidad porque las justicias locales fueron d¨¦biles, c¨®mplices o claudicantes. "Algo se est¨¢ moviendo en Argentina y Uruguay", agrega un juez de la Audiencia Nacional. "En Centroam¨¦rica, nada o muy poco, M¨¦xico, como siempre, mareando la perdiz; ahora con Echeverr¨ªa".

Argentina se implic¨® m¨¢s que ning¨²n otro pa¨ªs en el castigo de los responsables de la desaparici¨®n de decenas de miles de personas durante la dictadura de los generales (1976-1983), y la presidencia de Isabel Mart¨ªnez de Per¨®n (1974-1976), de 75 a?os, residente en Madrid desde el a?o 1981. Un juez pidi¨® en enero su extradici¨®n con cargos de detenci¨®n ilegal y torturas, pero Isabelita alega que es espa?ola, seg¨²n Mario Rotundo, abogado de la Fundaci¨®n por la Paz y Amistad con los Pueblos (FUMPAZ).

Los trucos legales son una constante. El ex presidente mexicano Luis Echeverr¨ªa se ampar¨® a mediados de este mes, contra el auto de ingreso en prisi¨®n por sus responsabilidades en la matanza de estudiantes del 2 octubre de 1968, en la plaza de Tlatelolco de la capital mexicana. A ese amparo, probablemente sigan otros. La lista mexicana de la impunidad es larga: asesinatos de sindicalistas, de pol¨ªticos, de ind¨ªgenas, y de m¨¢s de 300 mujeres en Ciudad Ju¨¢rez. La mayor¨ªa de los 2.245 asesinatos de sindicalistas colombianos ocurridos entre los a?os 1991 y 2006 qued¨® impune, seg¨²n un portavoz de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Para el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, "el castigo de los abusos de los derechos humanos contribuy¨® a la consolidaci¨®n de la democracia y de la ley en aquellos pa¨ªses que lo han conseguido. Donde no hubo castigo, ahora hay muchos m¨¢s casos de torturas".

No obstante, pocos militares pagaron con la c¨¢rcel. Am¨¦rica Latina fue un excelente lugar para asesinar en nombre de la patria y contra el comunismo, y es excelente lugar para matar, robar, secuestrar, corromper y a sueldo del narcotr¨¢fico, o a caballo del asilvestramiento social y los vicios de la condici¨®n humana. La impunidad alcanza cotas escandalosas: el 98% de los delitos comunes cometidos en Guatemala o M¨¦xico no se castiga, ni el 95% de media de los registrados en el resto de la regi¨®n. La impunidad es masiva porque guarda correspondencia con el n¨²mero de cr¨ªmenes. Latinoamericana figura como la regi¨®n m¨¢s violenta del planeta con cerca de 90.000 muertos al a?o por armas de fuego, seg¨²n la Organizaci¨®n Mundial de la Salud (OMS).

Casi todo pasa al olvido, y tampoco cabe esperar el total esclarecimiento del asesinato, el pasado mes de febrero, de tres diputados salvadore?os en el Parlamento centroamericano y la posterior ejecuci¨®n en una c¨¢rcel de los polic¨ªas guatemaltecos acusados del delito. S¨®lo en Venezuela, el delito callejero se cobr¨® 67.000 vidas en los ¨²ltimos siete a?os: y en Guatemala, Honduras y El Salvador, las bandas suman el grueso de los 12.000 muertos anuales. Colombia ha tenido ¨ªndices comparables a un pa¨ªs en guerra. Durante los ¨²ltimos seis a?os se cometieron en M¨¦xico 60 millones de delitos, s¨®lo dos de cada 10 fueron castigados, y una de cada 10 viviendas fue asaltada. Algunas comisar¨ªas argentinas son cuevas de ladrones.

La corrupci¨®n lleg¨® a tales extremos en ese pa¨ªs que la industria del secuestro del Estado de Morelos estuvo dirigida por el jefe de polic¨ªa antisecuestros. Las cifras de la desigualdad social, el 5% m¨¢s rico latinoamericano recibe el 25% del ingreso, y el 30% m¨¢s pobre, menos del 7,5%, seg¨²n el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no son ajenas al aumento del delito impune y a la escasa vertebraci¨®n institucional y legal de Am¨¦rica Latina, donde Ecuador y Bolivia, y en ocasiones Per¨², padecen frecuentes problemas de gobernabilidad. "Los datos sobre acoso laboral, trata de personas violaci¨®n de mujeres y ni?as son alarmantes en Ecuador", se?ala la activista Mar¨ªa Paula Romo, abogada. "Pero muy pocos o casi ninguno de los agresores recibe ninguna sanci¨®n. Jueces, polic¨ªas y m¨¦dicos son c¨®mplices de los agresores y culpabilizan a las v¨ªctimas".

Joaqu¨ªn Villalobos, que fue jefe de la guerrilla salvadore?a (1980-1992) y actualmente es investigador en Oxford, sabe mucho de violencia e impunidad. "Hay dos inmunidades distintas, la de los autoritarismos y la actual m¨¢s vinculada al crimen organizado. Sin embargo, la regla es que los m¨¦todos de la primera abrieron el camino a la segunda", se?ala. El mapa de la impunidad que derivaba en corrupci¨®n y en represi¨®n autoritaria coincide en mucho con el mapa actual de alarmante expansi¨®n del delito organizado en Am¨¦rica Latina. "No es casual que Guatemala, donde la victoria de la mano dura fue total, tenga ahora el peor problema del continente. Honduras y El Salvador, ambos junto a Guatemala, fueron el tri¨¢ngulo militar autoritario de Centroam¨¦rica y hoy los tres est¨¢n atrapados en una guerra contra las pandillas (maras) y el crimen organizado", subraya Villalobos.