En el banquillo

La Comisi¨®n Europea se ha decidido por fin a llevar a Espa?a al Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea a cuenta de las famosas condiciones impuestas a E.ON por el Gobierno espa?ol para autorizar la OPA sobre Endesa. Breve recordatorio: la Comisi¨®n Nacional de la Energ¨ªa impuso unas condiciones a E.ON similares a las que previamente hab¨ªa considerado oportuno imponer a Gas Natural, con el fin de limitar el poder de mercado en generaci¨®n que supon¨ªa la compra por parte de E.ON de la primera el¨¦ctrica espa?ola; despu¨¦s, el Gobierno, en una maniobra demasiado ingenua para ser efectiva, rebaj¨® las condiciones, suponiendo quiz¨¢ que la empresa alemana y las autoridades europeas apreciar¨ªan el gesto.

Los t¨¦rminos del conflicto est¨¢n bastante claros. La Comisi¨®n entendi¨® en un primer dictamen -septiembre de 2006- que algunas de las condiciones redactadas por el Ministerio espa?ol de Industria son incompatibles con la legislaci¨®n comunitaria; el Gobierno espa?ol considera que est¨¢ obligado a garantizar ciertas condiciones de competencia en el mercado el¨¦ctrico y el suministro de energ¨ªa a los ciudadanos espa?oles. Es probable que el pulso legal se disuelva si la guerra por Endesa concluye antes de que decida el tribunal comunitario.

Muchas razones para el desacuerdo no existir¨ªan si las autoridades europeas se hubiesen preocupado por desarrollar una pol¨ªtica energ¨¦tica com¨²n, con un regulador ¨²nico para todos los pa¨ªses del ¨¢rea y una garant¨ªa europea de suministro. Mientras tales instrumentos no existan ser¨¢ dif¨ªcil encajar sin da?o el principio general de la libertad de capitales con productos y servicios que tienen fronteras, redes nacionales y competencias exclusivas depositadas en los gobiernos.