El fiscal solicita a?o y medio de c¨¢rcel para el alcalde de Camas por sobornar a una edil
El ministerio p¨²blico acusa de cohecho a Agust¨ªn Pav¨®n, tres concejales y un empresario
La fiscal¨ªa de Sevilla ha solicitado un a?o y medio de c¨¢rcel, otro tanto de inhabilitaci¨®n para ejercer cargo p¨²blico y 24.000 euros de multa para los cinco acusados de intentar sobornar a una concejal del Ayuntamiento de Camas. El fiscal present¨® ayer ante el Juzgado de Instrucci¨®n 2 de Sevilla su escrito de acusaci¨®n contra el alcalde, Agust¨ªn Pav¨®n (IU), tres concejales (dos ex ediles del PP y un ex edil adscrito al PA) y un empresario. El ministerio p¨²blico les acusa de cohecho por pagar 12.000 euros a una concejal para que votara a favor de varios acuerdos plenarios.
La pena solicitada por el fiscal del caso Camas, Arcadio Mart¨ªnez, coincide con la que pide la acusaci¨®n popular, ejercida por el PSOE y que tambi¨¦n se conoci¨® ayer. Ambas acusaciones consideran que el alcalde, Agust¨ªn Pav¨®n; el empresario sevillano Eusebio Gavi?o; los concejales de Camas Antonio Enrique Fraile (ex del PP) y Jos¨¦ del Castillo (ex adscrito al PA) y el edil de Castilleja de Guzm¨¢n Aureliano Lucas (ex del PP) son autores de un delito de cohecho por el que deber¨ªan ser condenados a un a?o y seis meses de prisi¨®n.
Los dos escritos difieren, sin embargo, en las cuant¨ªas de las multas y del periodo de inhabilitaci¨®n que piden para los cinco acusados. El fiscal solicita que se les inhabilite por el tiempo de la condena, es decir, durante un a?o y medio, y que se les imponga una multa de 24.000 euros, equivalente al doble de la cantidad que supuestamente entregaron a la concejal (12.000 euros). El PSOE, por su parte, pide que la inhabilitaci¨®n se extienda durante cinco a?os y que la multa ascienda a 36.000 euros, el triple de lo que pagaron a la edil.
La acusaci¨®n particular, ejercida por la concejal supuestamente sobornada y por un ex militante de IU que denunci¨® los hechos, present¨® su escrito hace tres semanas y pidi¨® dos a?os de c¨¢rcel, cinco de inhabilitaci¨®n y 36.000 euros de multa.
El relato de los hechos en los que el fiscal basa su acusaci¨®n advierte de que los cinco acusados acordaron en 2005 "ofrecer un beneficio econ¨®mico" a la entonces edil independiente de Camas, Carmen Lobo, para intentar "poner fin a la situaci¨®n de bloqueo econ¨®mico" en la que se encontraba el Ayuntamiento "como consecuencia de una serie de vicisitudes pol¨ªticas". El equipo de gobierno de Pav¨®n estaba en minor¨ªa desde que, unos meses antes, Lobo lo abandonara, por lo que, seg¨²n el fiscal, los cinco acusados urdieron un plan para que la edil "volviese" al gobierno.
La decisi¨®n de sobornar a la edil se gest¨®, seg¨²n el escrito del ministerio p¨²blico, "tras algunas reuniones sostenidas por todos los acusados" con Francisco Gordo, un ex militante de IU y amigo de Lobo. El alcalde, los concejales y el empresario decidieron usarle como intermediario "debido a la influencia pol¨ªtica que los acusados consideraban que manten¨ªa" Gordo sobre la edil independiente.
Seg¨²n el fiscal, Gordo puso en conocimiento de Lobo las reuniones que estaba manteniendo y ambos decidieron que "fingir¨ªan acceder a sus pretensiones para comprobar hasta d¨®nde estaban dispuestos a llegar" el alcalde, los ediles y el empresario. "Tras algunas reuniones m¨¢s", seg¨²n relata el fiscal, el empresario Gavi?o se cit¨® con la edil la noche del 12 de septiembre de 2005, una cita que Lobo puso previamente en conocimiento de la Brigada Provincial de Polic¨ªa Judicial. Durante su encuentro, "Gavi?o le entrega 12.000 euros a cambio de votar favorablemente en unos determinados puntos" relacionados con temas urban¨ªsticos del pleno municipal que se celebraba al d¨ªa siguiente. Sin embargo, y con la tranquilidad de que la polic¨ªa ya estaba tras el caso y conoc¨ªa la reuni¨®n de la noche anterior, la concejal vot¨® en contra de los puntos a los que, seg¨²n el acuerdo con Gavi?o, deb¨ªa haberle dado el visto bueno.
Una vez que las tres acusaciones han presentado sus escritos de calificaci¨®n, el juez deber¨¢ fijar en las pr¨®ximas semanas la fecha del juicio oral, que se llevar¨¢ a cabo con jurado popular.
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