El final del viaje
La entrevista a dos terroristas encapuchados publicada el pasado domingo en Gara destruye las ¨²ltimas esperanzas puestas en un comunicado de ETA que anunciara su disoluci¨®n. En paralelo, los dirigentes de la ilegalizada Batasuna han procedido a su voluntario suicidio electoral: la presentaci¨®n en el registro de partidos de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) y el anuncio de su intenci¨®n de promover agrupaciones electorales para los comicios municipales no pod¨ªan sino tropezar con obst¨¢culos jur¨ªdicos tan previsibles como insalvables. Los dos encapuchados reivindican "la legitimidad de la lucha armada": la banda terrorista "seguir¨¢ luchando hasta conseguir sus objetivos fundacionales", esto es, la independencia y la unidad territorial de Euskal Herria como Estado soberano integrado por el Pa¨ªs Vasco, Navarra y los territorios vasco-franceses. La petici¨®n de que ETA desaparezca esconde "un gran sin sentido": aunque fuese derrotada, "siempre habr¨¢ ciudadanos organizados dispuestos a tomar las armas para garantizar la supervivencia de Euskal Herria".
Se esfuman as¨ª las expectativas creadas por la resoluci¨®n del Congreso de mayo de 2005 para conseguir el cese dialogado de la violencia a trav¨¦s de la disoluci¨®n negociada de ETA y la incorporaci¨®n al sistema democr¨¢tico de la izquierda abertzale. Ante el decepcionante final de ese frustrado viaje, las tentativas de echarle las culpas al Gobierno ser¨ªa una manifestaci¨®n de sectarismo partidista y de oportunismo pol¨ªtico: al igual que ocurre con los atentados, los ¨²nicos responsables de este lamentable fiasco son los terroristas. En efecto, la infracci¨®n de las premisas sobre las que ETA hizo descansar el alto el fuego permanente declarado el 22 de marzo de 2006 es clara. La propuesta de paz que los dirigentes de Batasuna anunciaron en Anoeta el a?o 2004 como si fuese un nuevo Evangelio marchaba sobre dos carriles paralelos: una negociaci¨®n pol¨ªtica entre los partidos vascos (incluida la izquierda abertzale) y una negociaci¨®n t¨¦cnica entre el Estado y ETA circunscrita exclusivamente a las armas y a los presos. Sin embargo, los encapuchados de Gara proclaman ahora el omn¨ªmodo derecho de ETA a tutelar las negociaciones pol¨ªticas (al igual -mantienen- que hizo el Ej¨¦rcito espa?ol durante la transici¨®n a la democracia) hasta que haya en Euskal Herria "suficientes condiciones democr¨¢ticas y suficientes garant¨ªas para mantener esa situaci¨®n".
El atentado de Barajas ejemplifica la forma de entender esa tarea de supervisi¨®n pol¨ªtica: "Fue una acci¨®n armada de respuesta a los ataques permanentes del Gobierno espa?ol". Los encapuchados mantienen que el Ejecutivo habr¨ªa incumplido sus compromisos de "desactivar la m¨¢quina represiva" contra la izquierda abertzale, transustanciada milagrosamente en el cuerpo m¨ªstico de Euskal Herria y el pueblo vasco. La entrevista no revela, sin embargo, el contenido de esos acuerdos -supuestamente quebrantados- entre los emisarios del Gobierno y los representantes de ETA. En cambio, los encapuchados condenan con esc¨¢ndalo que el Ejecutivo haya "colocado como l¨ªmite la Constituci¨®n Espa?ola"; los terroristas desmienten as¨ª la injuriosa campa?a lanzada contra el presidente Zapatero por haberse rendido ante ETA, una grave acusaci¨®n de la que los dirigentes del PP deber¨ªan retractarse por simple lealtad a su papel de principal partido de la oposici¨®n.
Por lo dem¨¢s, los incumplimientos denunciados por los encapuchados no incumben al Poder Ejecutivo sino al Poder Judicial: el nuevo c¨®mputo de la redenci¨®n de penas aplicado por el Supremo, la condena a tres a?os dictada contra De Juana por un art¨ªculo escrito en prisi¨®n o el agravamiento de las penas a los militantes de Jarrai -transmutados en "la juventud vasca"- durante el tr¨¢mite de casaci¨®n. Tambi¨¦n corresponder¨¢ al Supremo y al Constitucional pronunciarse sobre la ilegalizaci¨®n de ASB y de las agrupaciones electorales sustitutorias: si as¨ª sucediera -profetizan ominosamente los encapuchados- "ETA lo tomar¨ªa muy en cuenta". La amenaza invierte los nexos de responsabilidad de las posibles muertes causadas por los eventuales atentados en represalia de que Batasuna no concurra a las urnas: los terroristas desplazan as¨ª la culpa de sus cr¨ªmenes hacia el Gobierno. Confiemos en que los dirigentes del PP no caigan en la trampa pol¨ªtica y la felon¨ªa moral de secundar a ETA en esa maniobra.
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