La patronal recurre ante el Tribunal Superior el plan e¨®lico de la Xunta

La Asociaci¨®n E¨®lica de Galicia (EGA) present¨® ayer un recurso contencioso administrativo contra la Xunta por las autorizaciones para nuevos parques e¨®licos aprobados en enero (unos 500 nuevos molinos). Es la apertura de una batalla legal que no ha hecho m¨¢s que empezar. La patronal e¨®lica se opone a que la Xunta obligue a las empresas a ceder al menos un 10% de los nuevos parques e¨®licos, as¨ª como a que nuevos operadores se queden con concesiones de explotaci¨®n de la energ¨ªa del viento que ya hab¨ªan sido otorgadas a las empresas de la EGA.

La asociaci¨®n se opone a la revisi¨®n de concesiones que hab¨ªan sido otorgadas

Lo que se est¨¢n jugando en los tribunales son 2.500 nuevos megavatios e¨®licos (unos 2.000 aerogeneradores) con un valor de mercado superior a los 2.500 millones de euros (416.000 millones de pesetas). No es ninguna broma.

La patronal e¨®lica gallega ha abierto la batalla legal enviando al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia un recurso contra la concesi¨®n de los primeros 511 megavatios, en los que la Xunta ya ha obtenido la cesi¨®n de 25 megavatios, es decir, un 10% de los 10 nuevos parques e¨®licos autorizados en enero. El contencioso va dirigido contra la Conseller¨ªa de Industria, a la que las empresas e¨®licas acusan de no haber querido resolver el problema de forma dialogada. De hecho, el tomador de las cesiones p¨²blicas de potencia e¨®lica es el Instituto Enerx¨¦tico de Galicia (Inega), dependiente del conselleiro de Industria.

La denuncia de la EGA tiene un argumentario de 12 puntos, con los que trata de demostrar la ilegalidad de las concesiones.

El resumen de la argumentaci¨®n legal presentada ante el Tribunal Superior de Galicia es el siguiente: la Conseller¨ªa de Industria no ha respondido al recurso de reposici¨®n presentado por la EGA en febrero; la participaci¨®n p¨²blica y gratuita en los nuevos parques no estaba incluida en la legislaci¨®n e¨®lica gallega vigente (de 2001); Industria sac¨® a concurso 750 megavatios y s¨®lo adjudic¨® 511, sin justificaci¨®n alguna; los criterios de adjudicaci¨®n vulneran una normativa de rango superior (la de 2001); no se dio audiencia a las empresas afectadas antes de rechazar sus solicitudes; Industria dio por caducados planes e¨®licos sin procedimiento contradictorio; la citada Conseller¨ªa rechaz¨® solicitudes e¨®licas por motivos medioambientales que no son de su competencia; y ning¨²n representante de la Conseller¨ªa de Econom¨ªa ha aprobado la participaci¨®n p¨²blica en los 10 nuevos parques e¨®licos.

La Conseller¨ªa de Industria, dirigida por Fernando Blanco (BNG), sostiene que el negocio e¨®lico est¨¢ basado en un recurso natural gallego y que su pretensi¨®n es que todos los gallegos se beneficien de su explotaci¨®n, a trav¨¦s de la participaci¨®n p¨²blica en los nuevos parques e¨®licos. De hecho, Blanco ya present¨® hace un mes las l¨ªneas maestras de la nueva ley e¨®lica de Galicia, a trav¨¦s de un borrador de decreto que ser¨¢ la gu¨ªa para adjudicar 2.500 nuevos megavatios hasta el a?o 2012. El conselleiro no quiso ayer valorar la denuncia presentada por la patronal e¨®lica, aunque s¨ª sabe que las empresas ya disponen de potentes informes jur¨ªdicos para llevar la nueva legislaci¨®n a los tribunales tan pronto como se apruebe.

Las compa?¨ªas el¨¦ctricas integradas en la EGA han contratado a los mejores abogados de Ur¨ªa y Men¨¦ndez, Cuatrecasas y Garrigues para iniciar la verdadera batalla legal contra la obligatoriedad de ceder al Inega un m¨ªnimo del 10% de esos 2.500 megavatios.

El segundo eje de la denuncia son los derechos adquiridos. Las principales e¨®licas que operan en Galicia (Fenosa, Endesa, Acciona, ACS, Eurovento,EDP, Norvento) a excepci¨®n de Iberdrola que no est¨¢ asociada a la patronal, disponen de concesiones otorgadas por la Xunta de Fraga para aumentar hasta el doble su actual potencia instalada (2.500 megavatios). "Estamos viendo como esa potencia se la dan a otros operadores nuevos", se?al¨® ayer el portavoz de una de las principales empresas afectadas.

Por los informes jur¨ªdicos de que dispone, la patronal e¨®lica gallega est¨¢ segura de poder ganar el combate legal contra la Conseller¨ªa de Industria. Sin embargo, el sector prefiere llegar a una soluci¨®n negociada para evitar que se prolongue el frenazo al desarrollo de la industria e¨®lica en Galicia.