El Gobierno catal¨¢n y la oposici¨®n negocian un pacto para la vivienda

El Gobierno catal¨¢n negocia con la oposici¨®n, promotores, constructores y sectores financieros un pacto para la vivienda. El objetivo es que abarque un periodo m¨¢s amplio que el de la legislatura y se prolongue hasta 2016. El Ejecutivo marca como deseable la construcci¨®n de 160.000 viviendas protegidas, 50.000 de ellas en los cuatro primeros a?os. Todos los partidos, salvo el PP, han expresado su predisposici¨®n al acuerdo.

Catalu?a tiene 7,2 millones de habitantes, que ser¨¢n 7,6 millones en 2010 y llegar¨¢n a 8,2 millones en 2016. Durante estos a?os se generar¨¢ la necesidad de 236.000 nuevas viviendas, de las que 141.600 deber¨ªan tener alguna ayuda. El objetivo propuesto por el Gobierno catal¨¢n es que se construyan 160.000 viviendas con diversos tipos de protecci¨®n.

El primer punto hace referencia al programa general de construcci¨®n de viviendas protegidas, as¨ª como a la obtenci¨®n del suelo necesario para ello. El punto de partida es la movilizaci¨®n en los 10 a?os de vigencia del plan de suelo suficiente para poder construir 400.000 viviendas, de las que 250.000 deben ser protegidas.

El Instituto Catal¨¢n del Suelo destinar¨¢ entre el 50% y el 75% del nuevo suelo que consiga a vivienda protegida y los ayuntamientos deber¨¢n comprometerse a aportar los mismos porcentajes. Paralelamente, el Gobierno catal¨¢n tratar¨¢ de lograr convenios con otras administraciones para que lleguen al mercado de alquiler protegido viviendas que no est¨¦n siendo usadas.

De las 160.000 viviendas protegidas a construir hasta 2016, 50.000 deber¨ªan hacerse en esta legislatura. Un 40% deber¨ªa ser de alquiler con tiempos diferenciados: desde los 10 a?os a otros de 25 y otros m¨¢s que tengan mayor duraci¨®n. El 60% restante estar¨¢ destinado a la venta en modalidades diferentes. Adem¨¢s, se incluir¨¢ la posibilidad de viviendas de alquiler con opci¨®n a compra. El porcentaje de alquiler es uno de los objetos de litigio, ya que CiU y Ciutadans desar¨ªan que fuera mayor que el recogido en el plan.

El Gobierno catal¨¢n propone un sistema de avales p¨²blicos para el alquiler. El objetivo es conseguir que lleguen al mercado hasta 40.000 viviendas que hoy permanecen desocupadas, aunque esta cifra se reduce a la mitad (20.000) para la actual legislatura.

El documento describe un futuro "reglamento de solidaridad urbana" que palie las dificultades de amplias capas de la poblaci¨®n para acceder a una vivienda digna. Este reglamento establecer¨¢ la participaci¨®n solidaria de los ayuntamientos. Los de m¨¢s de 3.000 habitantes deber¨¢n tener un 15% del parque de viviendas destinado a actividades sociales, si bien el horizonte para llegar a esta situaci¨®n es el a?o 2020. Los municipios que tengan dificultades econ¨®micas para alcanzar este porcentaje contar¨¢n con la ayuda de un fondo de solidaridad que crear¨¢ la propia Generalitat y que se alimentar¨¢ de las sanciones que abonen los municipios que incumplan la norma.

Una de las v¨ªas por las que los municipios podr¨¢n hacerse con viviendas para destinar a pol¨ªticas sociales ser¨¢ la posibilidad de ejercer el tanteo y retracto sobre las operaciones de compraventa. En cambio, desaparece del plan la posibilidad (incluida en la ley en tr¨¢mite parlamentario) de expropiaci¨®n en determinados supuestos.

La pol¨ªtica de ayudas deber¨¢ alcanzar en los 10 a?os de vigencia del plan a unas 140.000 familias: 40.000 para alquiler de la primera vivienda (30.000 en la legislatura) y 100.000 para ayudas a la rehabilitaci¨®n, compra de la primera vivienda o pr¨¦stamos para la emancipaci¨®n. El plan propone otras 20.000 ayudas para personas en riesgo de exclusi¨®n, adem¨¢s de otras 15.000 ayudas personalizadas para gente que no pueda hacer frente al coste del alojamiento.